Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución aprobada el 18 de diciembre de 2023, proclamó 2026 como el Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible. Esta resolución alienta a los Estados miembros a apoyar la acción del voluntariado para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluida la integración del voluntariado en las prioridades sectoriales, estrategias, planes y políticas nacionales de desarrollo. Asimismo, invita a dichos Estados, organizaciones del sistema de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil y demás interesados a celebrar este Año Internacional con el fin de promover la importancia del voluntariado para el desarrollo sostenible.
Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
"En España, según los últimos datos del Observatorio del Voluntariado, 4.400.000 personas mayores de 14 años (el 10% de la población de esta edad), un 55% de ellas mujeres, participan cada año en diversas actividades de voluntariado, dedicando de forma desinteresada y altruista su tiempo y/o sus recursos para contribuir al bienestar general. El perfil de estas personas es variado en cuanto a sexo, edad, origen racial o étnico, nacionalidad, ocupación u orientación ideológica; lo que refleja a su vez la diversidad existente en la sociedad española.
Esta participación de las personas voluntarias se articula fundamentalmente a través de las organizaciones del Tercer Sector, que son las que confieren de estructura y proyecto a la acción voluntaria. Asimismo, universidad, empresas y Administraciones públicas están teniendo cada vez más protagonismo, al promover acciones que impulsan el voluntariado en nuestra sociedad.
También son diversos los ámbitos donde actúan dichas personas y organizaciones, incluyendo, entre otros, el voluntariado social, el internacional de cooperación para el desarrollo, el ambiental, el cultural, el deportivo, el educativo, el socio-sanitario, el de ocio y tiempo libre, el comunitario o el de protección civil.
Recientemente, acontecimientos como la DANA del pasado mes de octubre de 2024 han demostrado la importancia que tiene la acción voluntaria como instrumento de solidaridad, de forma complementaria a la responsabilidad pública, en los momentos más críticos, convirtiéndose en una herramienta valiosa para afrontar las grandes crisis ecosociales de esta época.
A nivel legal, la derogada Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado, reguló por vez primera en el ámbito estatal el voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito fundamental para su reconocimiento y desarrollo. Posteriormente, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, permitió la actualización de este marco legal a algunas de las principales transformaciones de la última década, modernizando las formas de participación e incorporando el voluntariado puntual o virtual, a través de las nuevas tecnologías. Según se recoge en su preámbulo, esta ley "apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional, que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la sociedad.
Los principios recogidos en dicha ley se han convertido también en pilares de la acción voluntaria, incluyéndose entre otros la libertad en el compromiso de las personas voluntarias, la participación como principio democrático de intervención, la solidaridad con conciencia global, el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación de las personas voluntarias por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, la gratuidad en los servicios prestados o la complementariedad respecto a las actuaciones de las Administraciones públicas.
Por su parte, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, ampara a las personas voluntarias al servicio de la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo sostenible, y a las organizaciones que las encuadran, y reconoce el trabajo realizado por el personal voluntario que ha sido decisivo para dar a la cooperación española su actual prestigio y reputación. Con esta norma se promueve por parte de las Administraciones públicas el voluntariado y la participación de la sociedad española en las iniciativas a favor de la solidaridad y la justicia global.
Este marco estatal tiene como pretensión que en el mismo se sientan acogidas todo tipo de organizaciones -cualquiera que sea su origen, tamaño y ámbito de actuación-, y todas las personas voluntarias, con independencia de cuál sea su motivación y el alcance de su compromiso. Además, se ha visto complementado por las diversas normas autonómicas sobre voluntariado que las comunidades autónomas han ido aprobando en el marco de sus competencias.
Asimismo, como reconocimiento a la importancia de la labor voluntaria, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 concede cada año los Premios Estatales al Voluntariado, regulados por la Orden DSA/857/2022, de 26 de agosto, que tienen como objetivo "el reconocimiento público a la extraordinaria contribución individual o colectiva desarrollada por las personas físicas o jurídicas en los distintos ámbitos de la acción voluntaria".
Durante la última década, la importancia social del voluntariado ha cobrado especial relevancia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas. A este respecto, la Estrategia de Desarrollo Sostenible impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 hace referencia al voluntariado como un ejemplo de aquellas "actuaciones transformadoras" que permiten alcanzar las metas de desarrollo sostenible, entre las que se encuentran la reducción del riesgo de pobreza o exclusión social, de las brechas de género, de las emisiones de gases de efecto invernadero o de los delitos de odio y discriminación.
Por todo ello, y en reconocimiento a la importancia de la acción voluntaria para conseguir una sociedad más justa, más inclusiva y más solidaria, el Gobierno de España mediante la presente declaración reafirma su compromiso con el apoyo a la acción del voluntariado para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible celebrando el 2026 como el Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible (en sus siglas en inglés, IVY 2026) de Naciones Unidas, e invita a todas las Administraciones públicas, entidades del Tercer Sector, universidades, empresas y otros actores de la sociedad civil a realizar acciones de reconocimiento y promoción de la importancia del voluntariado para el desarrollo sostenible".
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
III PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el III Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, con la finalidad de poner en aplicación las Resoluciones 1325 y siguientes en relación con la Agenda Mujeres Paz y Seguridad.
España identificó desde el inicio de su servicio en el Consejo de Seguridad la agenda Mujeres, Paz y Seguridad como una prioridad para los dos años de su mandato.
Este Plan, que tendrá una duración de cinco años (2026-2030), fija los objetivos, acciones y actores de la administración responsables en la implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad. Contará con la coordinación y seguimiento de un Grupo de Trabajo Mixto y servirá de guía para la aplicación práctica de obligaciones preexistentes y compromisos adquiridos en la materia.
Vivienda y Agenda Urbana
AYUDAS PARA LA COBERTURA POR IMPAGOS DEL ALQUILER PARA JÓVENES Y COLECTIVOS VULNERABLES
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se determinan las condiciones de la línea de ayudas, por cuenta del Estado, para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables. Esta medida consiste en un aval para facilitar el acceso al alquiler y será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto-ley 1/2025.
Para contar con ella, los arrendadores deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
Firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según lo establecido en cada CCAA).
Cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia.
Depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones.
Suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.
Las comunidades autónomas podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran.
Las compensaciones a las que da cobertura el aval son las siguientes:
El impago de rentas de alquiler.
Todos los daños causados a la vivienda.
El coste de los suministros debidos.
Las personas beneficiarias de esta medida, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, serán:
Las arrendadoras de las viviendas, respecto las rentas y los suministros impagados, los daños sufridos en ellas y el importe de las primas pagadas en los seguros concertados en su garantía.
Las CCAA que suscriban un seguro con las personas arrendadoras.
La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025.
El Consejo de Ministros habilitará en próximas fechas una línea presupuestaria para financiar esta medida.
El Ministerio transferirá, previo certificado, en el último trimestre del año los fondos que las CCAA le acrediten haber costeado por impagos.
Las CCAA deberán remitir semestralmente información al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acerca de las coberturas aplicadas, y este sistema de avales será aplicable en todas las comunidades autónomas de régimen común.
