Trabajo y Economía Social
PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2022
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre
El Plan Anual de Política de Empleo 2022 (PAPE) se ha elaborado en colaboración con las comunidades autónomas. Previamente a su aprobación en el Consejo de Ministros, se sometió a información en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 6 de abril y también en Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
La cantidad total de fondos que se destina en 2022 a la financiación de las políticas activas de empleo asciende a 6.463.121.300 euros. De ellos, 646.917.300 euros proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
De la totalidad de los fondos destinados a políticas activas de empleo, la dotación destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para el año 2022 es de 5.816.204.000 euros.
De esta cifra, las comunidades autónomas cuentan ya, para la ejecución de políticas activas de empleo, con 2.415.153.580 miles de euros, lo que supone un aumento del 14,42% respecto a la cifra distribuida en 2021. A esta cantidad se suman los 383,4 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que también se han distribuido territorialmente.
Al mismo tiempo, el Plan Anual de Políticas de Empleo 2022 simplifica y mejora el proceso de evaluación e introduce la orientación hacia resultados, estableciendo mecanismos de evaluación que nos permitan valorar y readecuar las acciones, incorporando la identificación de buenas prácticas y casos de éxito, que ha sido una de las recomendaciones recibidas recurrentemente por el SNE como resultado de las evaluaciones externas.
PAPE 2022
El Plan Anual de Políticas de Empleo 2022 contiene un total de 729 servicios y programas distintos, de los cuales 59 son comunes y 670 propios, articulados en torno a 6 ejes:
Orientación: se encuentra integrado por un total de 109 servicios y programas, de los cuales 13 son comunes y 96 propios.
Formación: se encuentra integrado por un total de 180 servicios y programas, de los cuales 14 son comunes y 166 propios.
Oportunidades de empleo: se encuentra integrado por un total de 192 servicios y programas, de los cuales 8 son comunes y 184 propios.
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo: se encuentra integrado por un total de 43 servicios y programas, de los cuales 6 son comunes y 37 propios.
Emprendimiento: se encuentra integrado por un total de 137 servicios y programas, de los cuales 11 son comunes y 126 propios.
Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo: se encuentra integrado por un total de 68 servicios y programas, de los cuales 7 son comunes y 61 propios.
Evaluación
La evaluación implica determinar de manera objetiva y acreditable el mérito y valor de las actuaciones (servicios y programas en el caso de las PAE), orientándose siempre hacia la mejora continua y, por tanto, hacia la identificación de las mejoras prácticas y la puesta en marcha de nuevas líneas de actuación.
Esos resultados se aplican directamente al cálculo de la distribución de los fondos que anualmente se distribuyen para su ejecución por las comunidades autónomas, vinculados al cumplimiento de los objetivos establecidos.
En el año 2022, período de vigencia del presente Plan Anual, se someterá a evaluación la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y los planes anuales que la desarrollan. Dicha evaluación incorporará, entre otros aspectos: evaluaciones ex ante, medición y gestión de impacto social, evaluaciones de ciclo de programa y secuencia causal de procesos, productos y resultados, y evaluaciones de calidad y satisfacción de usuarios.
Además, se están sometiendo a evaluaciones adicionales sobre el desempeño de los servicios públicos de empleo, como el EVADES III, en el que se está realizando en la actualidad un completo ejercicio de evaluación previa a la que se realizará desde la Unión Europea, o el proceso al que va a someterse el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, entre otros.
De esta forma, sin perjuicio de las actuaciones específicas en materia de seguimiento y evaluación promovidas por los servicios públicos de empleo autonómicos en su ámbito territorial, el PAPE incorporará este modelo más integrado de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo coherente con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y orientado a la medición del impacto y de los resultados de las PAE en las personas y las empresas, prestando especial atención a los de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, a la evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo y contando con la concurrencia de evaluaciones externas e independientes.
Mejora de resultados
Entre los años 2020 y 2021, 3.642.836 personas recibieron servicios de diagnósticos personalizados para el empleo, de las cuales 1.592.805 se emplearon antes de los 12 meses siguientes.
Durante esos años, 720.857 personas demandantes de empleo fueron contratadas para cubrir puestos vacantes previamente captados por los Servicios Públicos de Empleo.
El número de personas que ha encontrado trabajo tras recibir atención por los servicios públicos de empleo en el año 2021 se ha incrementado entre hasta un 68% con respecto a 2020.
Sanidad
MODIFICACIÓN DEL USO DE LAS MASCARILLAS
La medida entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, es decir, el 20 de abril de 2022.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece, en sus apartados 1 y 2, los supuestos de uso obligatorio de la mascarilla para las personas de 6 años en adelante, así como las excepciones a dicha obligación.
Asimismo, el apartado 2 de la disposición final séptima de la citada ley habilita al Gobierno, mediante real decreto, oído el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en el artículo 6 cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen. La misma disposición prevé que la eliminación o modulación de los supuestos de obligatoriedad del uso se podrán acordar solo cuando se haya constatado una mejora de la situación epidemiológica, conforme al sistema de indicadores acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Haciendo uso de la referida habilitación, el Gobierno aprobó el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero (que ahora se deroga), por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedando sin efecto lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, cuyos supuestos se vienen rigiendo desde entonces por lo dispuesto en el citado real decreto.
La evolución favorable de la epidemia de COVID-19, favorecida por las coberturas de vacunación que se han alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la transmisión del SARS-CoV-2, por parte de la población hasta marzo de 2022, permite plantear modificaciones en las estrategias de control de la epidemia.
Las coberturas de vacunación en España están por encima del 92% en la población mayor de 12 años y más del 92% de los mayores de 60 años han recibido una dosis de refuerzo que mejora la protección de este grupo de población frente a la COVID-19 grave y fallecimiento. Los niños de 5 a 11 años, el grupo de población que más tarde inició el proceso de vacunación, ya alcanza coberturas más del 40% con la pauta completa. Las vacunas utilizadas en España, de acuerdo a los datos disponibles, muestran una efectividad, estimada mediante el método de screening, superior al 90% para prevenir cuadros graves y fallecimientos por la COVID-19. La muy alta efectividad de las vacunas y las altas coberturas alcanzadas han generado un importante cambio en la epidemiología de la COVID-19 en nuestro país.
Todos los indicadores principales de seguimiento de la epidemia vigentes, de acuerdo a la Estrategia de Vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia, se encuentran, según el último informe publicado el 8 de abril de 2022, todos en un nivel de riesgo bajo en la mayor parte del territorio, lo que sitúa la alerta en nivel 1 en 42 de las 52 provincias y en nivel 2 en 8 provincias. Dos provincias ya no presentan una situación de alerta.
La gravedad de la enfermedad ha descendido de forma importante entre el periodo previo a la vacunación y el periodo posterior. Así, de acuerdo a los datos recibidos a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la tasa de hospitalización entre los casos ha pasado de un promedio de alrededor del 7% en la onda epidémica de diciembre 2020 a febrero 2021 a 1,19% en la onda epidémica de diciembre 2021 a marzo 2022, mientras que la de ingreso en UCIs ha variado de un 0,67% a un 0,06% y la de letalidad ha pasado de un 1,46% a un 0,19% para la población total. Este efecto se observa, con cierta variabilidad en todos los grupos de edad. Además, la presión sobre el sistema asistencial ha sido muy inferior en esta última onda epidémica que en la que se menciona como referencia. En la actualidad la ocupación de camas hospitalarias es del 3,4% y la de camas de UCI del 4%, situándose así ambos indicadores en niveles muy bajos respecto a los que se han detectado a lo largo de la epidemia.
El contexto descrito permite adaptar algunas de las medidas de control de la transmisión que se vienen implementando. En concreto, mediante este real decreto se modulan los supuestos de obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios interiores. La modulación de las medidas que se incluye, propuesta para la población general, se debe valorar a nivel individual de acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la vacunación y la actividad y comportamiento social que pueda incrementar los riesgos de transmisión.
La ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha realizado una evaluación de riesgo y ha formulado recomendaciones específicas de uso de mascarillas para diferentes ámbitos y personas. En este sentido, la ponencia recomienda el uso obligatorio de la mascarilla en determinados ámbitos y personas, y el uso responsable de la mascarilla en otros supuestos.
En este real decreto se establecen los ámbitos donde la mascarilla continuará siendo obligatoria. No obstante, se recomienda para todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por la COVID-19 que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros.
Por ello, se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. Asimismo, se recomienda el uso responsable de la mascarilla en los eventos multitudinarios. En el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, se recomienda un uso responsable en función de la vulnerabilidad de los participantes.
En el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas, si así se derivara de la referida evaluación.
Por lo tanto, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla:
- En primer lugar, en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, puesto que son ámbitos donde puede haber una mayor concentración de personas vulnerables en las que el riesgo de enfermedad grave es mayor y, por otro lado, en los que la probabilidad de transmisión es más alta, ya que son lugares donde puede haber mayor número de personas con infecciones respiratorias transmisibles, además de la COVID-19.
- En segundo lugar, debe atenderse a la situación específica de los centros socio-sanitarios y, en particular, las residencias de mayores. En estos centros, la probabilidad de transmisión también es elevada, sobre todo ante la aparición de brotes, con un alto impacto al incidir sobre las personas vulnerables. Dado que la institución constituye el domicilio de las personas que allí residen, el uso permanente de la mascarilla afectaría al bienestar de estas personas y, además, las personas que se encuentran dentro de la institución cerrada no son la fuente de infección, a diferencia de los trabajadores y visitantes en contacto con el exterior, que pueden ser los agentes que introduzcan el virus. Por ello, será obligatorio solo para trabajadores y visitantes.
- Por último, en los medios de transporte se concentra mucha población en espacios pequeños, con poca distancia interpersonal, a veces durante largos periodos de tiempo. Si bien muchos transportes cuentan con buenos sistemas de ventilación dotados con filtros de alta eficiencia, esta ventilación no siempre está garantizada en todos ellos. Es por ello, que, en este ámbito, la probabilidad de transmisión en ausencia de mascarilla puede ser elevada, con un impacto moderado teniendo en cuenta la diversidad de personas expuestas, entre las que podría haber algunas especialmente vulnerables. Se mantiene por tanto la obligatoriedad en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable, en el transporte público de viajeros y en los espacios cerrados de buques y embarcaciones, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. No obstante, se ha considerado que esta obligación de utilización de la mascarilla no debe mantenerse para los andenes y estaciones de viajeros.
Contenido de la nueva modificación
Este real decreto modula el uso de la mascarilla en interiores, pasando de una obligatoriedad de uso en todo tipo de interiores a una centrada en aquellos lugares en donde se puede producir un impacto mayor en caso de transmisión, como son los centros, servicios y establecimientos sanitarios, los centros socio-sanitarios o el transporte público.
Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición final séptima de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, oído el CISNS en su reunión de 6 de abril de 2022, a propuesta de la Ministra de Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de abril de 2022, la obligación del uso de mascarillas queda establecida en lo sucesivo en los términos siguientes:
1."Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
a) En los centros, servicios y establecimientos sanitarios, según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación.
b) En los centros socio-sanitarios, los trabajadores, y los visitantes cuando estén en zonas compartidas.
c) En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros. En los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean compartidos por núcleos de convivientes.
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:
a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias."
Acceder al Real Decreto (BOE número 94 de 20/04/2022)
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