Igualdad
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, declarado por las Naciones Unidas en 1977, el Gobierno de España muestra su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como con las políticas públicas que resuelvan las desigualdades materiales, simbólicas y de valor que enfrentan las mujeres.
Por ello, a propuesta de la ministra de Igualdad, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:
"Este año, lamentablemente, tenemos que comenzar nuestra declaración institucional exigiendo el cese inmediato de la agresión de Rusia a Ucrania. España hace un llamamiento para que se intensifiquen todas las medidas que prevengan la violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas y, en particular, contra las desplazadas y refugiadas, así como la trata de personas, y ofrece su colaboración para lograrlo, en alianza con los Gobiernos y organizaciones sociales de los Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, es necesario insistir en la necesidad de garantizar la participación efectiva de las organizaciones de mujeres en la respuesta humanitaria y nos comprometemos a trabajar en ese sentido.
A pesar de los más de 50 años en la elaboración de desarrollo de políticas públicas de igualdad de género en los países de la Unión Europea, las desigualdades siguen estando muy presentes. El Índice Europeo de Igualdad de Género que produce elabora anualmente el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, siglas en inglés), pone de manifiesto que las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos siguen existiendo y que la igualdad avanza de forma muy lenta.
Particularmente en el año 2021, el informe del EIGE pone de manifiesto evidencia el impacto negativo de la pandemia de la Covid 19 para las mujeres en el trabajo, la salud y la economía. El citado informe señala que, de seguir con este ritmo de progreso, harían falta casi tres generaciones para alcanzar la igualdad de género en la Unión Europea.
España ha manifestado su firme compromiso con las políticas feministas a través de la ratificación de los principales instrumentos internacionales tales como la Convención de sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), a través de la adhesión a los acuerdos globales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la propia Agenda 2030 y, por último, mediante el impulso de los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género.
Gracias a este compromiso y a la intensa actividad institucional desarrollada en los últimos años, España obtiene puntuaciones superiores a la media europea en el Índice Europeo de Igualdad de Género, alcanzando en la actualidad la sexta posición. Pero, a pesar de ello, la realidad es incontestable y los datos no dejan margen para la interpretación: la vida de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres concentran en España las tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial, su inactividad es 10 puntos superior a la de los hombres y se concentran más en los sectores más precarizados. Todos estos datos arrojan luz sobre un hecho de sobra reconocido: el cuidado de las personas dependientes de las familias, ya sea ascendientes o descendientes, sigue recayendo en su mayoría en las mujeres, lo que tiene consecuencias innegables sobre su acceso al mercado de trabajo su participación social y, por tanto, sobre sus ingresos e independencia económica presente y futura.
De hecho, la brecha retributiva, a pesar de haberse reducido en el último año, alcanza todavía el 19,5 % en cómputo anual, según datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2019. Las mujeres tienen menos tiempo disponible y su representación en los órganos de mayor poder y en algunos sectores es muy escasa. Y las mujeres también sufren una mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia. Desde el año 2003, 1.131mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y desde 2013, 46 menores han sido asesinados como consecuencia de la violencia de género contra sus madres, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estos asesinatos constituyen la punta del iceberg de una violencia sistémica ejercida contra las mujeres y la manifestación más atroz de la desigualdad entre mujeres y hombres.
Estas desigualdades tienen importantes consecuencias para toda la sociedad. Son múltiples los estudios que calculan el coste que tiene la infrarrepresentación de las mujeres en la economía. De acuerdo con el 10º Informe ClosinGap sobre el coste de oportunidad de la brecha de género en posiciones de notoriedad pública, España podría incrementar en más de un 18,6% su PIB con una mayor participación de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad, incrementar la capacidad de innovación y producción mediante su empleo en el sector digital y crear miles de empleos si hubiera un reparto equilibrado de las tareas del cuidado. A este coste económico hay que sumarle otro aún más significativo, el coste humano, que afecta tanto a las mujeres como a los hombres, en cuanto lastra su capacidad de desarrollo personal y profesional.
Tras dos años de una grave crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID 19 y más de una década después de la aprobación de una generación de derechos feministas -que representó el matrimonio igualitario (mediante la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio), así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género-, que situó a nuestro país en la vanguardia de los derechos de las mujeres, el Gobierno da un nuevo impulso. Una nueva generación de derechos feministas se abre paso, traduciendo en políticas públicas la agenda que se viene demandando desde el feminismo: reconocer el derecho al cuidado y valorar adecuadamente los trabajos que históricamente han sido realizados por mujeres que han sostenido la vida; garantizar la igualdad en el ámbito laboral; redistribuir los trabajos, los tiempos y la riqueza; eliminar todas las formas de violencias machistas, impulsar políticas públicas frente a la trata y la explotación sexual; y avanzar en derechos sexuales y reproductivos, garantizando la libertad sexual de las mujeres.
Este 8M queremos señalar que este proyecto feminista ya está en marcha. El III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante PEIEMH), que hoy aprueba igualmente el Gobierno, recoge la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025) y se configura como el principal instrumento del Gobierno para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, garantizando el principio de transversalidad en su desarrollo. Con esta finalidad, el Plan se estructura en torno a cuatro ejes de intervención. En primer lugar, el Buen gobierno, para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático; en segundo lugar, la Economía para la vida y el reparto justo de la riqueza, contra la feminización de la pobreza y la precariedad; en tercer lugar, Vidas libres de violencia machista para las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia; y por último, un cuarto eje que pretende asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.
El feminismo es un proyecto de país que implica otra manera de relacionarnos entre hombres y mujeres, y también otro modo de relacionarnos con el mundo. Es un proyecto, por tanto, ambicioso, que pone encima de la mesa una agenda de transformaciones profundas en lo político, en lo cultural, en lo social y económico. Es por ello que aspira a volver a escribir muchas de las cosas que hemos asumido como cotidianas en nuestro día a día, pero que sin embargo responden a una manera de relacionarse en la que las mujeres asumen siempre una mayor carga. El feminismo apuesta por una forma de organizar nuestra sociedad, en la que el trabajo de cuidar de hijos e hijas o mayores, no solo recaiga sobre las mujeres, sino que se reparta de manera corresponsable y en la que las administraciones públicas sean también capaces de contemplar la garantía del derecho a ser cuidados y cuidadas como una de las políticas públicas a desarrollar. Esto último hace que no solo se trate de una transformación social, sino también económica, para la cual es imprescindible que las propuestas que la concitan también sean asumidas por parte de los poderes públicos, así como de toda la ciudadanía. El feminismo es, por tanto, no solo una manera de relacionarnos o de estar en el mundo, sino también un proyecto de país, una manera de entender el Estado.
España es un país feminista, y lo es porque el feminismo ha logrado convertir en sentido común las cuestiones feministas. No podemos entender las sociedades que vienen, la España y la Europa que viene, si no es de la mano del feminismo, de la universalización de la igualdad y la libertad y los derechos garantizados para todas las personas.
El feminismo es hoy una visión de futuro, un nuevo proyecto de país que aspira a poner en marcha las transformaciones democráticas que necesitamos, para que la igualdad y la libertad, tal y como prescribe nuestra Constitución, sean los pilares centrales de nuestra sociedad".
III PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM), que supone el compendio de la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025) del Gobierno de España y su principal instrumento para avanzar en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.
Ha sido elaborado por el Instituto de las Mujeres a partir de la evaluación del plan anterior (PEIO 2014-2016) y de los trabajos previos de elaboración del proyecto de plan estratégico iniciado en 2018 cuya aprobación no pudo ser concluida.
Los cuatro grandes ejes de intervención que vertebran el Plan son: 1) Buen Gobierno 2) Economía para la vida y reparto justo de la riqueza 3) Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista contra las mujeres, y 4) Un país con derechos efectivos para las mujeres.
Mientras que los tres últimos dan cuenta de los retos de cambio social, el primero explicita cómo se van a crear las condiciones para que estos retos puedan ser abordados desde un modelo de gobierno que impulsa prácticas feministas y democratizadoras.
Cada eje de intervención identifica un objetivo estratégico con la finalidad de apuntar las metas a medio y largo plazo que se persiguen. En cifras, los diversos elementos del plan expuestos se concretan en 4 ejes de intervención, 20 líneas de trabajo, 49 objetivos específicos y en 141 objetivos operativos.
El presupuesto global del PEIEMH 2022-2025, para todo el periodo de duración, asciende a 20.319 millones de euros. Supone un 387% más de recursos en políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. España pasa del 0,10% del PIB en presupuesto con impacto positivo en la igualdad a un 0,40% del PIB en el PEIEMH que se desarrollará en el período 2022-2025. Con respecto al presupuesto no financiero del Estado, el presupuesto en políticas para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres supondrá el 4,4% frente al 1,1% del período 2014-2016.
El eje I de "buen gobierno: hacia formas de hacer y decidir más inclusivas" asciende a 59 millones de euros, el 0,3% del total. Para el eje II de "economía para la vida y reparto justo de la riqueza" se estima un presupuesto de 18.461 millones de euros, el 90,9% del total. El eje III, "hacia la garantía de vidas libres de violencia machista contra las mujeres", contará con 972 millones de euros, el 4,8% del total. El eje IV, "un país con derechos efectivos para todas las mujeres", tendrá 826 millones de euros, el 4,1% del total.
Los acuerdos internacionales, tanto la Agenda 2030 como el Pacto de Estambul, deben ser plasmados en la herramienta concreta que sirve como instrumento para desplegar las políticas públicas, es decir, en los presupuestos.
Con el presente plan nuestro país se sitúa en la vanguardia europea y cumple un hito fundamental expresado por la Comisión Europea y exigida por los tratados.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
IMPACTO DEL COMPLEMENTO DE BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES
El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre el impacto del complemento para la reducción de la brecha de género.
El complemento de brecha de género para las pensiones, puesto en marcha en 2021, llega ya a 190.000 beneficiarias. En este periodo de un año se ha reducido la brecha en las pensiones en cinco puntos porcentuales, según las conclusiones del informe de impacto aprobado por el Consejo de Ministros, y continuará bajando este año, hasta situarse en torno al 19% a finales de 2019.
En concreto, hay 40.891 pensiones con complemento de brecha por un hijo; 89.777, con dos hijos; 38.142, con tres; y 21.173, con cuatro o más hijos. De las 190.383 que lo están percibiendo, un 94% son mujeres.
El complemento para reducir la brecha de género en pensiones se aprobó en febrero de 2021 partiendo de la necesidad de establecer una herramienta más justa y eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres. Sustituye al artículo 60 que fue introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015. Dicho complemento fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de 2019, asunto WA).
Además, el nuevo complemento de brecha de género corrige los dos problemas de diseño que había en el anterior, conocido como complemento de maternidad. En primer lugar, el anterior complemento no atacaba el origen de la brecha de género en las pensiones, que se genera con el nacimiento del primer hijo, ya que solo se percibía a partir del segundo hijo. Además, al establecer un porcentaje de incremento de la pensión por cada hijo a partir del segundo, beneficiaba especialmente a las rentas más altas.
El nuevo complemento para reducir la brecha de género corrige este problema de regresividad ya que supone una cuantía extra en la pensión de 28 euros al mes por cada hijo, desde el primero. Está asociado a la acreditación de un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo. Este perjuicio, sufrido de forma abrumadora por las mujeres, de acuerdo con los datos de las carreras laborales analizados por la Seguridad Social, es una de las principales causas de la existencia de la brecha de género en la pensión.
Este complemento se concede al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento del hijo. Pero si los dos progenitores acreditan el perjuicio o si ninguno de los dos lo hace, el derecho se le reconocerá a la madre, contribuyendo así a la reducción de la brecha de género. La medida estará en vigor mientras la brecha de género de las pensiones sea superior al 5%.
Según el informe, de mantenerse el antiguo complemento, la brecha de género en las nuevas altas de pensión habría crecido hasta el 30%. El diseño equitativo del nuevo, además, y hace que se beneficien las pensiones más bajas. Así, el 67% del gasto dedicado a este nuevo complemento se dirige a las pensiones por debajo de los 1.100 euros, frente al 50% del anterior esquema.
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