Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Justicia
Plan
de choque para hacer frente a la litigiosidad postcovid-19 y una reforma radical
en materia de discapacidad
El
Gobierno ha aprobado el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios
derivada de la crisis sanitaria. Con una dotación económica de más de 50
millones de euros, su objetivo es recuperar la normalidad en los órganos
judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades
inmediatas de la Justicia.
Durante
su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo
ha detallado las medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de
dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y
que afectará a un total de 315 juzgados.
En
la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la
intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo. En la
segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información
más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de
resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para
su desarrollo posterior.
Se
aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de
trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo
General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en
estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución
extraordinaria.
Además,
se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un
volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ,
así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas
pendientes elevadas.
Por
último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos
órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de
procedimientos.
En
su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por
objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la
posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que
puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.
Reforma
procesal y civil en materia de discapacidad
Sobre
la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que ha dado luz
verde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que
se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones
de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no
sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. "Es una norma
que implanta un cambio de paradigma", ha apostillado.
La
reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las
denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de
miles de personas, "lo que implica la muerte civil de las mismas", ha señalado
Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a cada una de las circunstancias,
según el titular de Justicia.
Inspirada
en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al respeto a la
dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el
respeto a la libre voluntad de la persona con
discapacidad.
Supone
un cambio importante de terminología, relegando los términos de "incapacidad" e
"incapacitación" por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada
posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito
jurídico.
El
núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que
precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar
plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de
igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y
atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la
medida.
En
definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer
su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos
tutelaje.
El
texto se ha beneficiado de las aportaciones por parte de colectivos como CERMI,
y espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más
rápida posible, bajo el paraguas del mayor consenso
político.
Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Medidas
de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los
ámbitos de transporte y vivienda
El
Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que contiene un conjunto de
medidas necesarias para la reactivación económica en los ámbitos de los
transportes y de la vivienda, para hacer frente al impacto del
Covid-19.
En
lo referido al transporte el objetivo es el de proteger la salud de los
trabajadores y viajeros en el ámbito aéreo, garantizar la disponibilidad de los
bienes y servicios esenciales, proporcionar liquidez a las empresas y reducir
las cargas administrativas.
Este
Real Decreto-ley supone un esfuerzo presupuestario, inversor y financiero sin
parangón para empresas públicas y privadas. El importe económico de las medidas
para empresas privadas del sector del transporte y en materia de reducción de
tasas portuarias asciende a 663 millones de euros.
En
cuanto a las empresas públicas, la norma aumenta la capacidad de endeudamiento
de Renfe hasta los 1.000 millones con el fin de compensar la caída de demanda e
impulsar la recuperación de servicios y 110 millones de euros de aportación
extraordinaria a SEITTSA para que pueda atender sus compromisos de obras
públicas en el medio plazo.
Con
ello el Gobierno complementa para el sector de los transportes otras medidas
adoptadas previamente, como los 800 millones destinados al transporte público en
las Comunidades Autónomas y los avales y ayudas fiscales al sector, para dar
respuesta al impacto del Covid-19 y que son coherentes con los criterios y
directrices de la Comisión Europea sobre los que se ha de orientar la
reactivación económica del sector.
Este
conjunto de medidas se ha articulado en torno a tres ejes
fundamentales:
1. Protección de la salud de los trabajadores y viajeros.El primer eje sobre el que gira esta norma implica proteger la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y servicios esenciales.Así, este Real Decreto-ley adopta a nivel nacional las disposiciones necesarias para que gestores aeroportuarios y compañías aéreas pongan en marcha las medidas de gestión de los pasajeros y personal de aviación civil ante la pandemia, minimizando los riesgos de contagio tanto en las instalaciones aeroportuarias como durante las diferentes etapas del viaje, incluyendo la limitación de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos.2. Medidas económicas.El segundo eje conlleva proporcionar liquidez a las empresas del sector para hacer frente a las perturbaciones financieras a corto plazo vinculadas a la crisis del coronavirus, recurriendo a distintos instrumentos financieros, incluidos los fiscales, a fin de preservar su viabilidad así como la continuidad de la actividad económica durante y después de la crisis del Covid-19.3. Reducción de cargas administrativas.El tercer eje afecta a la reducción de cargas administrativas, simplificando y acelerando determinados procedimientos, velando por la seguridad jurídica y teniendo en cuenta la capacidad de las instituciones públicas para agilizar los trámites preceptivos para la reactivación y desarrollo de las actividades en el sector del transporte.
Por
modos de transporte, las medidas adoptadas suponen:
Transporte aéreoEl Real Decreto-ley hace obligatorias en España las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo en el ámbito del Covid-19. Asimismo, incorpora medidas orientadas a facilitar la recuperación gradual y segura del sector, unos de los más afectados por la pandemia, como la flexibilización del arrendamiento de aeronaves, con o sin tripulación, para la extinción de incendios, búsqueda y salvamento; y la adaptación del concepto de aeronaves no tripuladas (drones) al de la normativa de la Unión Europea.Transporte marítimoLa nueva norma incluye medidas excepcionales y transitorias relativas, entre otras, a las tasas de ocupación, actividad y del buque, dirigidas a aliviar las dificultades económico-financieras que atraviesan tanto la comunidad portuaria como los navieros, para contribuir al sostenimiento del tejido empresarial que sustenta al sector portuario, que es clave para afrontar la recuperación de nuestra economía.En el ámbito marítimo, se flexibiliza la normativa a fin de agilizar los trámites de emisión y renovación de certificados, mejorando su eficiencia y en apoyo a la competitividad de los buques de bandera española.Además, se permite a las Autoridades Portuarias ampliar temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación y se alarga el periodo para reducir la tasa de buque hasta el máximo permitido por la normativa europea. Por otra parte, se impide que se pueda producir una subida de tasas por aumento de los coeficientes correctores en los casos de Autoridades Portuarias con rentabilidades negativas en 2020.Los tráficos regulares de pasaje o carga rodada con los territorios no peninsulares se podrán calificar como tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos, que contribuyen al desarrollo económico y social de España en su conjunto.Transporte TerrestrePor su parte, en el sector del transporte por carretera, se adoptan también importantes medidas. Una de las principales se dirige a restablecer el equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios de competencia estatal.En concreto, en este caso de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general, se trata de aliviar la necesidad de liquidez del operador para que puedan seguir prestando un servicio público esencial y, por tanto, garantizar una red de transporte capilar que facilita la movilidad de un importante número de ciudadanos.Por otro lado, y añadida a la medida anterior, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria.Esta medida permitiría un aplazamiento de hasta 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.Otra de las medidas adoptadas es la prórroga por 3 meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV) cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, plazo que se contará desde la fecha de vencimiento del certificado.Mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por la inspección técnica periódica en las estaciones ITV.
Medidas
en el ámbito de la vivienda
El
Real Decreto-ley aprobado recoge, además, un conjunto de medidas económicas y
sociales en el ámbito de la vivienda que permiten garantizar la protección de
las familias y colectivos vulnerables e impulsar la reactivación de la economía
en el citado sector, como complemento de otras medidas adoptadas hasta la
fecha.
En
este sentido, se da un primer paso en la regulación del derecho de superficie
para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible por parte de
promotoras privadas, para impulsar la regeneración del territorio y la
rehabilitación urbana como palancas de la recuperación económica y la creación
de empleo.
Así,
con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas
y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan las condiciones,
incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo a
estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas
donde sea más necesario.
Asimismo,
con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler
asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis, se
pretende dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos jurídicos que
permitan una colaboración efectiva en los distintos ámbitos de su actuación, ya
sea estatal, autonómico o local, así como mecanismos adecuados para articular la
cooperación con operadores económicos.
Otras
medidas
En
otro orden de medidas, el Real Decreto declara acontecimiento de excepcional
interés público al Gran Premio de España de Fórmula 1, con lo que se pretende
dar un impulso a la organización de este Gran Premio, al poder otorgar
beneficios fiscales a las empresas colaboradoras que contribuyan, además, a su
difusión, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
El
Gran Premio es un ejemplo representativo de la reanudación de las competiciones
deportivas tras la crisis ocasionada por la COVID-19. El Gobierno de España
quiere contribuir a su reactivación y facilitar la obtención de recursos
privados.
El
primer Gran Premio de Fórmula 1 se celebró en 1991 en el Circuito de
Barcelona-Cataluña, que está ubicado en Montmeló y desde entonces esta localidad
se ha convertido en la sede del Gran Premio de España de F1 y el Gran Premio de
Cataluña de MotoGP, dos de los campeonatos más prestigiosos del mundo del
motor.
Con
la celebración de estas competiciones de motor y otras más en su calendario
deportivo, el Circuit de Barcelona-Catalunya proyecta su nombre y el de
Montmeló, Barcelona, Cataluña y España a escala mundial; siendo un ejemplo
representativo de la reanudación de las competiciones deportivas tras la crisis
ocasionada por el COVID-19.
El
evento tiene una cobertura mediática de alcance mundial. Prueba de ello son la
media en 2019 de 700 personas acreditadas (periodistas, reporteros, fotógrafos,
cámaras de TV, productores…) representando a medios de comunicación de todo el
mundo, con más de 25 nacionalidades distintas. La cobertura, además, se extiende
por múltiples plataformas: prensa escrita, radio, televisión e internet a través
de páginas web, redes sociales y otros soportes digitales.
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