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lunes, 21 de octubre de 2019

Acuerdos del Consejo de Ministros de 18/10/2019


Fuente: Referencia del Consejo de Ministros

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad


Acuerdo  por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
La trata de seres humanos es una realidad muy compleja, un delito que quebranta los derechos humanos de las personas más vulnerables, a las que utiliza como simple mercancía, aprovechando situaciones de necesidad, pobreza o emergencia, con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito. Tal y como se recoge en la última comunicación del Grupo de Trabajo sobre trata de seres humanos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:

"La trata de seres humanos es considerada como un delito que reviste especial gravedad ante la conculcación de los derechos humanos y las libertades más fundamentales y el engaño en el que se basa principalmente, que anula todo consentimiento anterior de la víctima. Las secuelas que puede dejar este delito en la víctima obligan a combatirlo desde un enfoque multidisciplinar que comprenda actuaciones preventivas y reactivas de índole policial, sanitaria, jurídica y asistencial y en el que debe involucrarse toda la sociedad en su conjunto y especialmente la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales como apoyo a la actividad de las administraciones nacionales".
Los compromisos internacionales asumidos por España, en particular, con la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, que entró en vigor en nuestro país el 1 de agosto de 2009, han supuesto una profunda revisión del panorama normativo, tanto desde la perspectiva de la persecución y enjuiciamiento del delito, especialmente con las reformas del Código Penal realizadas mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, o la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, como en el ámbito de la protección de las víctimas, con reformas dirigidas a la protección de las víctimas extranjeras en situación irregular, la asistencia jurídica gratuita con independencia de la insuficiencia de recursos o la protección específica recogida en la Ley 4/2015, de 17 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
Por noveno año consecutivo, con la finalidad de visibilizar la existencia de estas situaciones en todos los países de Europa y con el objetivo, en particular, de señalar el firme compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la trata de seres humanos y la protección y recuperación de sus víctimas, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la ministra de Justicia, el ministro del Interior y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social promueven la adopción por el Consejo de Ministros de la siguiente Declaración:
"El 18 de octubre, coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, el Gobierno de España declara su decidida voluntad de erradicar la trata de seres humanos, cualquiera que sea la finalidad para la que se pretenda utilizar a las víctimas. Tal y como recoge la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, esta es una labor que debe desempeñarse con un enfoque integrado, global y basado en los derechos humanos, es decir, con el acento en las víctimas y en la promoción de sus derechos y mediante la colaboración de instituciones y profesionales de diferentes ámbitos en la prevención, la detección temprana y la comunicación y derivación de cualquiera de estas situaciones.
Transcurridos 10 años desde la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, se ha producido una importante revisión de la normativa para la mejora de la persecución del delito y de la protección de las víctimas. También, siguiendo con el mandato internacional de realizar un abordaje integral desde la perspectiva de la protección a las víctimas, se han desarrollado diversos instrumentos dirigidos a la mejora de la comunicación interinstitucional, así como de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, tales como los Planes Integrales de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de seres humanos, entre otros.
También el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla una serie de medidas que buscan específicamente avanzar en la erradicación de determinadas formas de violencia contra las mujeres, mencionando expresamente entre ellas la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la que el Informe del Congreso dedica 10 medidas específicas, una de ellas -la medida 189- con el objetivo de impulsar la elaboración de una 'Ley Orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas'.
España sigue siendo un país de tránsito y de destino de víctimas de trata de seres humanos, personas con situaciones cada vez más vulnerables, que proceden de lugares muy diversos y presentan muy diferentes necesidades que deben ser atendidas de forma específica y especializada. Y, precisamente estas personas, las víctimas de la trata de seres humanos, se encuentran muy presentes en la Agenda 2030, aprobada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015 en la sede de Naciones Unidas de Nueva York por los 193 Estados miembros (Resolución de la Asamblea General 70/1), un plan de acción global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas, marcando la agenda política internacional para los 15 años siguientes.
Es compromiso de los Estados parte promover los 17 objetivos de aplicación universal contemplados en la Agenda 2030, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se dividen a su vez en metas, 169 en total.
Por todo ello, el Gobierno declara su sólido compromiso con la erradicación de todas las formas de trata de seres humanos, mediante la adopción de las medidas legales y el impulso de políticas públicas que, a través de la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones que prestan servicios a las víctimas, promuevan su prevención y detección, junto con la atención y recuperación de las víctimas para la garantía de sus derechos."


Sanidad, Consumo y Bienestar Social


Acuerdo por el que se autorizan los criterios de distribución y la distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia destinados a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2019

214,5 millones de euros a las Autonomías para subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF

El Consejo de Ministros ha autorizado los criterios de distribución y la distribución de 214,5 millones de euros correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones sociales con cargo al 0,7% del IRPF.
El Gobierno ratifica de esta forma el acuerdo al que llegaron el pasado 10 de octubre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.
Estos fondos se reparten entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para que a su vez lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias. Son subvenciones finalistas dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social.
Esta cantidad corresponde al 81,14% de los fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7% del IRPF en la declaración de la renta de 2018, correspondiente al ejercicio 2017. Son 11,8 millones más que el año pasado, debido al aumento de la recaudación del IRPF y al aumento del porcentaje de participación de las autonomías (en 2018 se repartieron el 80,44% del total recaudado).
El reparto entre las comunidades autónomas se realiza en función de la población, superficie, la tasa AROPE (indicador europeo que mide los índices de pobreza), dispersión, insularidad y población dependiente.
El 18,86% de la recaudación del 0,7% del IRPF restante corresponde al tramo estatal. Es la parte que el Estado reparte en forma de subvenciones a entidades de ámbito estatal para desarrollar actividades sociales.
En total, la recaudación a través de la X Solidaria en la declaración de la renta de 2018 asciende a 264,4 millones de euros, 12,4 más (un 5%) que en el ejercicio anterior.





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