Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE APOYO Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE REQUISITOS DE ACCESIBIIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea y regula la Unidad técnica de apoyo y coordinación de las autoridades de vigilancia en materia de requisitos de accesibilidad.
El real decreto crea la UTAC, una unidad de apoyo y de coordinación que actuará como un órgano especializado para asesorar y controlar a los gobiernos autonómicos en materia de accesibilidad, ya que las administraciones regionales son las competentes de asegurar un correcto cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad. Con este objetivo, la UTAC prestará apoyo técnico y coordinará las comunicaciones entre los gobiernos autonómicos y las instituciones europeas, al tiempo que será un órgano de referencia en este ámbito tanto para la ciudadanía como para los operadores económicos. De esta manera, se culmina el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, una norma que genera obligaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.
La disposición final primera del real decreto modifica el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos. La modificación añade la obligación de no autorizar espectáculos cómico-taurinos que no respeten la dignidad humana y denigren públicamente a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo. El real decreto añade un apartado 4 al artículo 90 del Reglamento de Espectáculos Taurinos con la siguiente redacción: «En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato».
Esta modificación normativa refuerza las restricciones a estos espectáculos, que fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad. Con la reforma de esta ley se va a tipificar estas prácticas como infracciones muy graves con sanciones de entre 600.000 euros y 1 millón de euros.
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
MARCO ESTRATÉGICO ESTATAL DE SOLEDADES (2026-2030)
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030). Se trata de una estrategia que permite establecer un marco común para abordar la prevención de la soledad de manera transversal en todas las etapas de la vida, situando la pertenencia y la cohesión social como pilares del estado del bienestar.
Para que este Marco Estratégico pueda ejecutarse, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Mesa Interinstitucional para reforzar la coordinación y la participación en el seno de la Administración General del Estado y con el Tercer Sector, institucionalizar la colaboración interministerial y fortalecer un diálogo permanente entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y otros representantes de la Administración General del Estado, así como facilitar la articulación con el Tercer Sector y otros actores relevantes en el marco del Marco Estatal de las Soledades.
La Estrategia parte de la idea de que la soledad no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo.
La Estrategia tiene como objetivo impulsar que se construya un tejido comunitario que sirva de red a quienes viven una situación de soledad no deseada, creando entornos de proximidad en los que participar, desde una perspectiva inclusiva, y luchar contra la discriminación teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la discapacidad.
El documento establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar de forma transversal la perspectiva de la soledad en el conjunto de las políticas públicas a nivel nacional, autonómico y local. Entre ellas se incluye el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades. Se impulsarán también criterios comunes para la detección temprana de situaciones de soledad desde los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales y se reforzarán los servicios y apoyos de proximidad.
Además, las administraciones desarrollarán políticas de urbanismo social y accesibilidad universal, fomentarán iniciativas comunitarias estables, intergeneracionales y de apoyo mutuo, impulsarán modelos de convivencia y vivienda colaborativa, y orientarán programas y campañas dirigidos a desestigmatizar la soledad y mejorar el conocimiento y la sensibilización social. Todo ello, apoyado en principios como la interseccionalidad, el enfoque de género, la inclusión o la adaptación a las realidades territoriales, reconociendo la diversidad de las soledades y la necesidad de respuestas públicas integrales y sostenidas en el tiempo.
Según el Barómetro del Observatorio estatal de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada. Este dato supone que el 20 % de la población española se siente sola sin quererlo, y en muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años.
El mismo estudio muestra que la vulnerabilidad económica es uno de los factores más determinantes en la producción de soledades. Casi la mitad de las personas que llegan a fin de mes con mucha dificultad, el 47,4 %, experimentan soledad no deseada, frente a sólo un 10,9 % entre quienes lo hacen con mucha facilidad. La cifra evidencia que la falta de recursos limita la participación en actividades sociales, reduce la movilidad y aumenta las dificultades para sostener vínculos.
En la elaboración de la Estrategia han participado once ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del Tercer Sector, entidades del ámbito académico, sociedad civil y personas con experiencia en el ámbito de la soledad. El Marco incorpora un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir su desarrollo y resultados a lo largo del periodo 2026-2030.
INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES PARA EL DESPLIEGUE DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN
El Consejo de Ministros ha tomado razón del informe sobre las actuaciones emprendidas para dar respuesta a la modificación del artículo 49 de la Constitución Española. El 15 de febrero de 2024, se produjo la modificación del artículo 49 de la Constitución Española gracias a un amplio consenso en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a la inversión realizada, el informe señala que, en estos dos años, el Congreso de los Diputados ha aprobado un real decreto de ELA dotado con 500 millones de euros; las becas Reina Letizia han destinado 5,1 millones de euros a la formación las personas con discapacidad; se han aprobado 20 millones de euros para la educación inclusiva y atención temprana del alumnado autista y se ha aprobado el primer plan para proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, dotado con 65 millones de euros.
El informe señala a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia como clave para consolidar los cuatro pilares sobre los que se sustenta la reforma constitucional: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención reforzada a las mujeres y a la infancia con discapacidad, por estar más expuesta a vulnerabilidad. Entre otras medidas, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad va a crear un fondo para sufragar las obras de accesibilidad a los servicios públicos, incorporando obligaciones de accesibilidad en la vivienda, en la sanidad y el patrimonio histórico. En materia de dependencia, la reforma va a eliminar incompatibilidades entre prestaciones, actualizar la cartera de servicios y reforzar recursos esenciales para la autonomía como la asistencia personal y los servicios de proximidad y comunitarios. Además, el documento recoge todos los avances normativos que ya han sido aprobados y puestos en marcha en cumplimiento del nuevo artículo 49, detallando los avances normativos e inversiones que han acompañado a la reforma y han ido consolidando un nuevo marco de garantías efectivas para la igualdad real de las personas con discapacidad.
Entre los avances normativos, el informe recoge:
Desarrollo integral de la Ley ELA y el incremento de la inversión del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A través de esta norma se ha creado el Grado III+, un nuevo grado de dependencia extrema que otorga protección específica y atención 24h a personas con enfermedades neurológicas que necesitan cuidados de alta complejidad. Para ello se han movilizado 500 millones de euros y se ha creado el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente que es financiada en un 50% por el Estado.
La aprobación de la primera Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados, que busca una transformación de los cuidados que reciben las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, adaptándose a sus necesidades y garantizando las condiciones que permitan a las personas con discapacidad permanecer en su hogar tanto como deseen. En su primer Plan Operativo, ha movilizado 2.000 millones de euros, en un esfuerzo conjunto de 13 comunidades autónomas y de la administración estatal para financiar un total de 695 actuaciones.
La prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente.
La movilización de 20 millones de euros para reforzar la educación inclusiva y la atención temprana del alumnado con autismo, con carácter adicional a la inversión que realizan las administraciones educativas en esta materia. Esta inversión ha permitido a los gobiernos autonómicos aumentar la inversión en apoyos, tecnología y adaptaciones curriculares, así como a los centros educativos dotarse de los recursos necesarios para que el alumnado con autismo pueda ocupar espacios en condiciones de igualdad y no discriminación. Se ha fortalecido el Programa Reina Letizia para la inclusión, que ha contado con una inversión de 5 millones de euros en cada convocatoria.
La aprobación del primer protocolo estatal para la comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, orientado a reducir las vulnerabilidades particulares que experimentan las personas con discapacidad en situaciones de emergencias de protección civil y ofrecer plenas garantías de seguridad y protección.
La aprobación del primer Plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad (2025-2035), con una dotación presupuestaria que asciende a 65.156.207€. Este plan aborda las necesidades específicas y la discriminación múltiple que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad con el objetivo de promover la igualdad de trato y no discriminación.
El informe destaca la aportación presupuestaria al SAAD. En 2025, la aportación de la Administración General del Estado alcanzó los 3.691 millones de euros. Este dato refleja que, desde la aprobación de nueva redacción del artículo 49 de la Constitución, la inversión del Estado en el SAAD se ha incrementado un 12%, lo que supone casi 400 millones de euros más invertidos.
A ello se suman 1.100 millones de euros transferidos en 2024 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para consolidar un modelo de cuidados centrado en la comunidad y en la vida independiente, una inversión que busca garantizar la igualdad de oportunidades para que las personas necesitadas de cuidados y apoyos no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
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