Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.
En el año 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En 2026, bajo el lema: "Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas", la comunidad internacional reafirma que la efectividad de los derechos depende de que puedan ejercerse y ser protegidos por sistemas de justicia accesibles, eficaces y libres de discriminación.
Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:
"Como cada 8 de marzo, el Gobierno de España muestra su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía de su plena autonomía.
El 8 de marzo de 2026 se conmemora en un contexto internacional marcado por la persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres, por el retroceso de derechos en algunos países y por el impacto especialmente grave que los conflictos armados siguen teniendo sobre las mujeres y las niñas. La situación en Afganistán, donde se han restringido de forma extrema derechos fundamentales, constituye uno de los ejemplos más alarmantes. Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, y el genocidio perpetrado contra el pueblo de Palestina ponen de manifiesto cómo los conflictos agravan las condiciones de vida de las mujeres y las niñas y profundizan las desigualdades existentes. Estos hechos evidencian que la protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto pendiente a escala global.
Tal y como ha señalado ONU Mujeres, ningún país ha alcanzado todavía la igualdad jurídica plena y, a escala mundial, las mujeres cuentan con aproximadamente el 64% de los derechos reconocidos a los hombres. Esta brecha limita su acceso a la propiedad, al empleo, a la autonomía económica, a la protección frente a la violencia y a la participación en la vida pública. Esta realidad interpela al conjunto de las democracias y recuerda que el acceso efectivo a la justicia es una condición indispensable para garantizar los derechos humanos y un indicador fundamental de la calidad democrática.
España ha construido, a lo largo de décadas de democracia, un marco normativo sólido y reconocido en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Este recorrido ha permitido consolidar derechos, reforzar garantías y situar la igualdad en el centro de la acción pública, como un elemento inseparable de nuestro modelo de convivencia democrática.
En los últimos años, el Gobierno de España ha continuado impulsando medidas dirigidas a reducir las desigualdades que aún persisten. La revalorización de las pensiones ha contribuido a mejorar la protección económica de millones de mujeres, especialmente de aquellas que accedieron al sistema en condiciones más desfavorables. La reforma laboral ha favorecido una reducción de la temporalidad promoviendo trayectorias laborales más estables, mientras que el incremento sostenido del salario mínimo interprofesional ha tenido un impacto especialmente positivo en sectores altamente feminizados. Asimismo, la extensión de los planes de igualdad, el refuerzo de los mecanismos de transparencia retributiva o el impulso de políticas públicas de corresponsabilidad, como la ampliación de los permisos iguales e intransferibles por nacimiento, están contribuyendo a mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Esta ampliación de permisos ha posibilitado, además, equiparar en derechos a las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, garantizando las mismas semanas de disfrute interrumpido de permisos retribuidos que las familias biparentales, saldando así una deuda histórica y reconociendo la diversidad familiar que de forma creciente presenta nuestra sociedad.
En paralelo, se han reforzado las actuaciones de la Inspección de Trabajo frente al acoso sexual y por razón de sexo. Por otro lado, se ha aprobado la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que supone un avance relevante para garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de representación política, institucional y económica. Su objetivo no es solo numérico, se trata de garantizar que las mujeres accedan a los espacios de decisión que les corresponden por mérito y capacidad.
En el ámbito de Ciencia, Innovación y Universidades se ha avanzado en la integración del principio de igualdad de género a través de la legislación aprobada recientemente en este sector, destacando la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, que modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Esta nueva regulación incorpora medidas específicas orientadas a atraer el talento femenino hacia la investigación y la innovación, especialmente en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, así como a retenerlo y favorecer su desarrollo profesional para evitar que las investigadoras se vean obligadas a abandonar su carrera científica.
España ha continuado también fortaleciendo los instrumentos institucionales contra la violencia de género. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha permitido actualizar y ampliar los compromisos existentes, reforzando la respuesta institucional. En esta misma línea, el impulso del Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y las iniciativas dirigidas a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital suponen avances relevantes en la prevención y protección frente a nuevas formas de violencia. Asimismo, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha fortalecido la organización del servicio público de justicia mediante una mayor especialización de los órganos judiciales, mejorando la atención a las víctimas y la eficacia de la respuesta institucional.
Estas políticas están teniendo efectos visibles. España ha alcanzado cifras récord de empleo femenino, con más de diez millones de mujeres ocupadas. Asimismo, los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2025, correspondientes al año 2023, sitúan la brecha salarial de género en el 15,7%, el valor más bajo de la serie histórica. Por su parte, la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo ha descendido más de 5 puntos desde 2018, situándose en 2023 en el 4,9%.
Este avance es visible también en el acceso de las mujeres a los espacios de responsabilidad. En 2025, las mujeres ocupaban el 47,6% de los altos cargos de la Administración General del Estado y el 40 % de los puestos en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35. Asimismo, en la actualidad, las mujeres representan aproximadamente un 32% de la Carrera Diplomática. Estas cifras reflejan un avance significativo hacia una presencia más equilibrada en los ámbitos institucional y económico.
Un compromiso sostenido que se refleja también en la posición que ocupa España en el contexto europeo. Según el Índice Europeo de Igualdad de Género, nuestro país se sitúa en el cuarto puesto entre los Estados miembros de la Unión Europea, 7,5 puntos por encima de la media comunitaria. España ha avanzado hacia la igualdad a un ritmo superior al del conjunto de la Unión. Destaca especialmente el progreso en el ámbito del poder y la toma de decisiones, donde España ha experimentado uno de los mayores avances, reflejo del impacto de las políticas públicas orientadas a garantizar una participación más equilibrada de mujeres y hombres. España se consolida, así, como uno de los países europeos con mayores avances en igualdad y evidencian la eficacia del marco institucional y normativo desarrollado en las últimas décadas.
Estos avances, sin embargo, no deben llevarnos a la complacencia. Persisten desigualdades que exigen mantener y reforzar el compromiso institucional con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es necesario seguir avanzando en corresponsabilidad y estabilidad laboral, condición indispensable para la igualdad efectiva, así como avanzar en un sistema público de cuidados. No podemos aceptar que los cuidados sigan penalizando de forma sistemática la trayectoria profesional de las mujeres. Del mismo modo, resulta imprescindible continuar fortaleciendo la coeducación, la protección de la infancia y la adolescencia y la respuesta frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.
En un contexto de transformación digital, las niñas y adolescentes se ven especialmente expuestas a nuevas formas de violencia machista, como el acoso digital, la violencia sexual, la difusión no consentida de imágenes íntimas o la generación de pornografía mediante sistemas de inteligencia artificial. Por ello, es imprescindible reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección, así como garantizar los debidos canales de denuncia, promoviendo su accesibilidad, tal y como recoge el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, además de impulsar la mejora de las competencias digitales y la formación relacionada con la ciudadanía digital.
Además, España debe mantener su firme compromiso con los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres y debe continuar promoviendo una acción exterior y de cooperación feminista coherente con estos principios, situando la igualdad de género en el centro su agenda internacional. La recién aprobada Estrategia de Cooperación Feminista de la Cooperación Española es una hoja de ruta clara para avanzar hacia un mundo más igualitario y por ende más justo. Y, en este contexto, España debe reiterar su compromiso con la protección y asistencia a colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres y niñas migrantes, y recordar la importante contribución que suponen las mujeres extranjeras a la sociedad española, así como las mujeres españolas residentes en el exterior.
Mediante esta Declaración, el Gobierno reconoce el papel imprescindible del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, protagonistas de los avances que han transformado de manera profunda nuestra sociedad y nuestra democracia. Su compromiso, su perseverancia y su capacidad de situar la igualdad en el centro del debate público han hecho posible la ampliación de los derechos que hoy consideramos irrenunciables. Gracias a ese esfuerzo colectivo, España es hoy un país referente en igualdad.
Y es que ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de justicia, es una condición esencial para el progreso colectivo, para la calidad de nuestras instituciones y para la fortaleza de nuestra convivencia.
La historia reciente de nuestro país demuestra que cada avance en los derechos de las mujeres ha supuesto, al mismo tiempo, un avance para el conjunto de la sociedad. Cuando las mujeres acceden en igualdad al empleo, a la educación, a los espacios de decisión y a una vida libre de violencia, se amplían los márgenes de la democracia y se fortalece el Estado de Derecho. Cuando avanzan las mujeres, avanza la democracia. Y avanzar en igualdad es, hoy y siempre, una tarea colectiva que interpela al conjunto de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto, como garantía de un futuro más justo, más libre y más igualitario para todas y todos".
Igualdad
INFORME SOBRE VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe "La igualdad en el espacio digital es una condición indispensable para la calidad democrática", elaborado desde el Ministerio de Igualdad.
El informe destaca que la violencia digital contra las mujeres no es un fenómeno marginal, sino estructural. Además, concluye la existencia de una amplia prevalencia de denuncias relacionadas con la violencia digital contra las mujeres, especialmente entre aquellas con voz pública como políticas, periodistas y activistas, con una finalidad disciplinadora orientada a su silencio y a la erosión de la calidad democrática.
De acuerdo al informe, el mecanismo de agresión se articula mediante algoritmos que premian la polarización y conducen al abandono del espacio digital por parte de las mujeres.
Ante esta situación, el informe propone una hoja de ruta basada en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la regulación de plataformas y la educación preventiva.
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