Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las mujeres y las niñas en la Ciencia.
En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, con el fin de reconocer el papel clave que las mujeres desempeñan en la comunidad científica y tecnológica, así como de subrayar la necesidad de adoptar iniciativas que contribuyan a eliminar la brecha de género y a promover la participación plena y efectiva de mujeres y niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación.
Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
"Construir un país más justo, competitivo y preparado para los desafíos del futuro requiere aprovechar todo su talento, sin exclusiones ni desigualdades. En ese objetivo, la igualdad entre mujeres y hombres no es solo un principio democrático, sino una condición imprescindible para el progreso económico, científico y social.
El Gobierno de España sitúa esta convicción en el centro de su acción política, impulsando medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y a reforzar la presencia de las mujeres en los ámbitos STEM-ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-, llamados a desempeñar un papel decisivo en el desarrollo del país.
La brecha de género en las disciplinas STEM persiste tanto en la Unión Europea como en España. En el conjunto de la Unión Europea, según Eurostat, las mujeres representan en torno a un tercio de las personas graduadas en titulaciones STEM, con una presencia especialmente reducida en ámbitos clave como la ingeniería y las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con el Education and Training Monitor 2025 de la Comisión Europea, en 2023 las mujeres constituían en España el 28,6 % del alumnado universitario en estudios STEM, con grandes diferencias por ramas: cerca de la paridad en ciencias naturales y matemáticas, pero solo el 27,1 % en ingeniería y el 15,9 % en TIC, pese a ser mayoría en el conjunto del sistema universitario.
Los datos de empleo confirman que esta desigualdad se acentúa una vez finalizada la etapa formativa. Según Eurostat, en 2024 las mujeres representaban únicamente el 19,5 % de las personas especialistas en tecnologías de la información y la comunicación en la Unión Europea, uno de los sectores con mayor crecimiento y valor estratégico. En el caso español, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat muestran un patrón similar: la presencia de mujeres en el empleo TIC y en las ocupaciones científico-tecnológicas más especializadas se sitúa en torno a una quinta parte del total, a pesar de contar con niveles de formación equivalentes o superiores en el conjunto de la población universitaria.
Por su parte, el informe oficial Científicas en Cifras 2025, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, confirma que las mujeres representan aproximadamente el 39,6 % del personal investigador en España, pero su presencia desciende de forma significativa en las categorías superiores de la carrera científica y en los puestos de mayor responsabilidad, especialmente en el sector empresarial de I+D, lo que evidencia dificultades persistentes para su promoción y consolidación profesional. En lo que se refiere a los datos de mujeres inventoras, y según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., en las patentes presentadas en España el porcentaje de mujeres inventoras ha sido del 27,6%, haciendo que en el 34,9% de las patentes presentadas figure al menos una mujer inventora. Si bien estos datos destacan frente a los de países de nuestro entorno, aún queda un amplio margen de mejora.
Estos datos ponen de manifiesto que la brecha de género no se limita al acceso a la educación superior, sino que se intensifica en la transición hacia el mercado laboral y en el desarrollo de las carreras científicas y tecnológicas, evidenciando la persistencia de barreras estructurales que condicionan la permanencia, la promoción y el liderazgo de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
Antes de alcanzar la etapa universitaria, las estadísticas muestran que la brecha de género ya está presente en las trayectorias educativas. En el curso 2023-2024, las alumnas representaban el 53,7% del alumnado total, pero su presencia en el Bachillerato de Ciencias se reducía al 48,4%, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En el caso de la Formación Profesional de carácter tecnológico, la participación femenina continúa siendo minoritaria.
La aparición temprana de estas desigualdades pone de relieve que las decisiones educativas están condicionadas por factores socioculturales que operan desde las primeras etapas del sistema educativo y fuera de él. Por ello, resulta imprescindible reforzar la presencia de referentes femeninos en las disciplinas científicas y tecnológicas, así como garantizar su adecuada incorporación en los libros de texto y en los materiales educativos utilizados en educación primaria y secundaria. Del mismo modo, es necesario actuar sobre los espacios de educación informal -entornos digitales, actividades extraescolares, ocio tecnológico y cultural- donde se construyen expectativas, intereses y autopercepciones que influyen de forma decisiva en las elecciones académicas posteriores.
Abordar la brecha de género en la ciencia exige, por tanto, una intervención temprana y sostenida que permita erradicar los prejuicios y estereotipos de género que aún persisten en el ámbito educativo y científico, y que se proyectan más adelante en la investigación y en el empleo. Solo de este modo será posible eliminar los sesgos estructurales que dificultan el acceso, la permanencia y la progresión de las mujeres en la carrera científica e investigadora, y garantizar que el talento femenino pueda desarrollarse plenamente a lo largo de todo el itinerario educativo y profesional.
Ante estos desafíos, el Gobierno de España ha desplegado y continúa desarrollando líneas de actuación estructurales, en coherencia con los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de las políticas europeas en materia de igualdad. Estas actuaciones se alinean con la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020-2025, actualmente en su fase final de implementación, así como con la Garantía Infantil Europea, que busca combatir la exclusión y pobreza infantil al considerarse ésta una barrera en el desarrollo académico, y que incorpora de forma transversal la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación desde las primeras etapas de la vida.
En el plano internacional y europeo, España participa de manera continuada en la integración de la perspectiva de género en las políticas de ciencia e innovación de la Unión Europea, en particular a través del Programa Marco Horizonte Europa (2021-2027) y del Espacio Europeo de Investigación, de conformidad con el Pacto por la Investigación y la Innovación en Europa. Asimismo, España contribuye activamente a estos trabajos mediante su participación en los foros especializados de la Unión Europea, incluido el Standing Working Group on Gender, Research and Innovation, impulsando la igualdad efectiva como principio estructural del sistema europeo de I+D+I. Además, en el ámbito latinoamericano, forma parte de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y de Género, que tiene por objeto reducir brechas de género, potenciar el rol de la mujer en la innovación y compartir buenas prácticas. Finalmente, la recientemente aprobada Estrategia de Cooperación Feminista de la Cooperación Española establece que se promoverán "actuaciones destinadas al fomento del acceso de niñas, mujeres jóvenes y adultas a la educación y formación técnico profesional, especialmente en ámbitos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (disciplinas STEM) y las transiciones digital y verde".
En el ámbito estatal, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027 consolidan la perspectiva de género como eje transversal, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las fases de la I+D+I. De forma complementaria, el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 establece las prioridades y objetivos de la acción pública en materia de igualdad y refuerza el compromiso con la ciencia y la innovación, promoviendo la presencia de mujeres en los ámbitos científico-tecnológicos y abordando las desigualdades de género que persisten en la carrera investigadora.
Garantizar la igualdad efectiva en la ciencia y la innovación no es solo una exigencia de justicia social, sino una condición imprescindible para el progreso científico, el desarrollo económico y la calidad democrática de nuestro país. Avanzar hacia un sistema científico basado en la igualdad de oportunidades y en el aprovechamiento pleno del talento constituye una responsabilidad compartida y un compromiso firme y permanente de los poderes públicos".
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
REVISIÓN 2025 DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe sobre la Revisión 2025 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. El documento está compuesto de 100 metas que tienen como objetivo reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental de España se aborde garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial, y se acelere, a su vez, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta estrategia incluye políticas adaptadas a las administraciones españolas y amplía los objetivos fijados a nivel internacional en 75 de las 100 metas incluidas. Entre los principales objetivos, destacan acciones como reducir la pobreza y la desigualdad e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos. Además, se incluye la adopción de una prestación universal por crianza con el fin de reducir la pobreza infantil.
Una prestación universal por crianza
El objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.
Triplicar la inversión pública en vivienda
Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda, triplicando para ello la inversión pública en este área, con un aporte de 7.000 millones de euros hasta 2030. De esta forma, se busca alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en cuatro años. La estrategia también plantea incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. En esta línea, el documento señala la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones públicas. Asimismo, se señala la necesidad de priorizar el acceso a jóvenes a la vivienda con el fin de reducir su edad de emancipación.
Mayor igualdad de género e independencia energética
Entre las 100 metas de esta estrategia se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género, estableciendo el objetivo de reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030 y de reducir también el porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres, alcanzando el 55% respecto a los hombres. Se plantea también la necesidad de aumentar la tasa de actividad femenina del 5% con respecto a 2015 y de integrar a un mayor número mujeres en profesiones científicas y de investigación.
Por otro lado, con esta estrategia se apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, fija más recursos para emergencias derivadas de la adaptación a fenómenos extremos climáticos. En paralelo, busca potenciar el turismo verde y de interior y una mayor economía social, con más vertebración social y territorial de España.
Cuatro retos de país
Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos de país son objetivos cuantificables y asociados a indicadores cuantitativos, para poder mejorar la capacidad de seguimiento y reforzar la transversalidad y la coherencia en las políticas públicas. Estos cuatro retos son:
Reto 1: Un estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad. Este eje refuerza las políticas de protección social y redistribución, y los servicios públicos. Entre sus objetivos se destacan la reducción de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), con especial atención a la pobreza infantil, el refuerzo del acceso efectivo a las prestaciones asistenciales como el IMV, la garantía del derecho a la vivienda, la mejora del acceso a la educación y la salud, y la protección de los colectivos más vulnerables.
Reto 2. Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental. Este punto impulsa una transformación profunda del modelo productivo, orientada a la sostenibilidad y la creación de empleo digno. Entre sus metas se encuentra la descarbonización de la economía y el avance hacia un modelo de producción y consumo basado en la economía circular, la lucha contra la pobreza energética, el impulso de la innovación y las industrias de valor añadido. También incluye medidas para avanzar en la fiscalidad verde, la movilidad sostenible y la digitalización, así como mejoras en materia de empleo, especialmente a las personas con discapacidad.
Reto 3. Una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática. Algunos de sus objetivos son la adaptación territorial y social al cambio climático, la protección del medio ambiente y de los ecosistemas a través de medidas como revertir la pérdida de la biodiversidad o la creación de infraestructuras para actuar frente a emergencias climáticas, la revitalización del medio rural y la respuesta al reto demográfico, y la promoción de territorios más resilientes y sostenibles.
Reto 4. Vidas libres, iguales y en comunidad. Con este eje se sitúan los derechos humanos y la igualdad estructural en el centro de la acción pública. En este sentido, destacan objetivos como el avance efectivo en la igualdad de género, la erradicación de las violencias machistas, la lucha contra todas las formas de discriminación y los discursos de odio, la mejora de la inclusión social de las personas migrantes y la garantía del acceso a la cultura como derecho fundamental.
La Estrategia se completa con un sistema de integral de coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible coordinadas, coordinadas por los diferentes ministerios competenciales para garantizar su cumplimiento a través de la coherencia normativa, el alineamiento presupuestario, el análisis y la evaluación o la rendición de cuentas. Con la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible se refuerza el compromiso con la justicia social y se garantiza el bienestar de las generaciones presentes y futuras, en línea con el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. El documento también reafirma el apoyo de las estrategias y políticas públicas españolas al sistema internacional multilateral dirigido por Naciones Unidas.
Esta nueva estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, ha contado con un proceso colaborativo en el que han participado todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil y entidades del ámbito académico y del sector privado.
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