Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Adopción Internacional
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que desarrolla la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que a su vez cambia la Ley 54/2007 de Adopción Internacional.
El reglamento establece que corresponde a la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, iniciar, suspender o paralizar la tramitación de las adopciones con cada país de origen de los menores.
Para estos trámites se contará con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la información de los organismos acreditados y la consulta previa a la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, en la que están representadas las comunidades autónomas.
Además, la Dirección General de Familia, previa consulta a las comunidades autónomas a través de la Comisión Delegada, establecerá el número de expedientes nuevos que podrán tramitarse con cada país. El objetivo es triple: racionalizar el sistema, evitando la acumulación de expedientes en los países de origen y adecuando los ofrecimientos de las personas que quieren adoptar a las necesidades reales de los menores. Esta adecuación cuantitativa y cualitativa de los ofrecimientos generará una disminución en los tiempos de tramitación.
El Reglamento también establece que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social será quien acredite a las entidades colaboradoras de adopción internacional, que previamente contarán con un informe de las comunidades autónomas.
Una vez acreditadas, estas entidades tendrán la obligación de remitir periódicamente información sobre sus actividades.
Otra de las novedades que recoge el Reglamento es que los organismos acreditados podrán desarrollar su actividad en todo el territorio nacional. Las familias podrán elegir libremente el organismo por el que quieren llevar a cabo su proceso de adopción. El modelo de contrato será también único, así como los costes de los trámites. De esta forma, se cumplen los principios de igualdad y de seguridad jurídica.
El control del funcionamiento de estos organismos será compartido por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Las primeras controlarán las actividades que se lleven a cabo en su territorio y el Estado lo hará con las actividades que realicen fuera del territorio nacional. Una Comisión Técnica de Seguimiento y Control implantará sistemas de calidad y auditorías de funcionamiento.
Además, se pondrá en marcha el Registro Nacional de Organismos acreditados de Adopción Internacional y de Reclamaciones e Incidencias. Este registro será único y constará de dos secciones. Una primera dedicada al registro de organismos acreditados, que será pública, y una segunda referida al registro de reclamaciones e incidencias, cuyo acceso y tratamiento se regulará de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023)
El Consejo de Ministros ha aprobado Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
Se trata de una iniciativa con carácter participativo, en cuya elaboración ha colaborado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En la redacción del documento han intervenido también los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de ONG y los interlocutores sociales.
Además, en su desarrollo, se contará con la colaboración de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, así como a todos los actores del sector privado, de la sociedad civil y, en particular, del Tercer Sector de Acción Social.
La Estrategia busca la cohesión y el progreso social, y trata de dar cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía y especialmente a los colectivos vulnerables en situación de pobreza o exclusión. También da cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, al tiempo que contribuye a impulsar en España los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
El documento se construye en torno a cuatro metas estratégicas. Estas líneas de actuación se desarrollarán mediante la elaboración de planes operativos anuales, que fijarán medidas concretas, la asignación presupuestaria y las entidades responsables de cada una de las tareas descritas en la estrategia.
La primera de las metas estratégicas se centra en combatir la pobreza, especialmente de las personas más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes. Para ello tiene como objetivo crear un sistema de ingresos mínimos que permita vivir con dignidad y favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares.
La segunda meta se refiere a la inversión social en las personas y se desglosa en dos objetivos: educación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en formación y empleo a grupos vulnerables.
La tercera meta apuesta por consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que acompañen y protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir las desigualdades. En particular, uno de los objetivos de la estrategia es que las personas puedan hacer frente al coste de la vivienda sin que este condicione su vida y la satisfacción de sus necesidades más básicas.
Se contribuirá a mejorar la situación de familias como las monomarentales, las personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria, que estén en situación de desempleo o que hayan agotado todas las prestaciones, así como las personas sin hogar.
La cuarta meta, relativa a la eficacia y eficiencia de las políticas, establece cinco objetivos. En primer lugar, la ordenación del sistema y la coordinación de los servicios, políticas y prestaciones, en favor de personas en situación de pobreza y exclusión social. También contiene la coordinación y cooperación territorial y eficiencia del conjunto del sistema, así como con la UE. Además, comprenden la colaboración y participación todos los actores implicados en las políticas de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Finalmente, tiene como objetivo crear sistemas coordinados y transparentes de gestión de la información y el conocimiento, que den respuestas innovadoras a las necesidades sociales.
Informe sobre Acción Integral del Gobierno en Políticas de Discapacidad
La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha trasladado al Consejo de Ministros el informe sobre las políticas de discapacidad presentado esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
España se examinó ante el Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Estas son las principales medidas incluidas en el informe:
Derecho al voto
El pasado mes de noviembre, las Cortes Generales aprobaron la modificación de la LOREG, con el objetivo de reconocer el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad. Un total de 100.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental podrán ejercer su derecho al voto.
Personas con discapacidad en la Constitución Española
El informe recoge la reforma del artículo 49 de la Constitución, incluida en el Anteproyecto presentado el pasado 7 de diciembre. El objetivo es actualizar el artículo, tanto desde el punto de vista del lenguaje, como de su estructura y contenido. Por una parte, sustituye la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad". También abandona la concepción médico-rehabilitadora y asistencial y la sustituye por el enfoque "convencionalista", basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad.
Capacidad Jurídica
Cumpliendo con el artículo 12 de la Convención y acorde a las recomendaciones emitidas por la ONU en 2011, el 21 de septiembre de 2018, el Consejo de Ministros informó en primera vuelta del Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad que afecta al Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Registro Civil.
Este Anteproyecto sienta las bases para cambiar el sistema vigente en la legislación española en el que predomina la orden judicial que impide la toma de decisiones a las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental. El nuevo sistema se basará en el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas que, como regla general, serán las encargadas de tomar sus propias decisiones.
Educación inclusiva
El informe también incluye el Proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación que impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo el articulado. Establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años -y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Accesibilidad
El Gobierno aprobó el pasado 1 de marzo el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para Atender la Emergencia Social en Materia de Vivienda, obligando a los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal a la realización de obras y actuaciones de accesibilidad, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75% del coste.
Este Real Decreto-ley también establece la necesidad de elevar y destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar inversiones de accesibilidad.
Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud
En enero, se aprobó la actualización del catálogo común de la prestación ortoprotésica. La orden incluye 48 nuevos tipos de productos de sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales y se amplían indicaciones de algunos ya existentes que cubrirán necesidades hasta ahora no atendidas.
Además, se define para cada tipo de producto el importe máximo de financiación, adecuándolo a la realidad del mercado, para que puedan financiarse totalmente los productos incluidos y los usuarios no tengan que abonar cantidades adicionales.
Valoración de la Discapacidad
La Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad ha consensuado una propuesta para la adecuación del baremo discapacidad a la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud.
Esta propuesta también promoverá la simplificación administrativa en los procesos de valoración de discapacidad y de dependencia.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Retorno a España
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Retorno a España, con el objetivo de fomentar el retorno de españoles a nuestro país en las mejores condiciones y facilitar su proceso de vuelta.
Bajo el lema "Un país para volver", el Plan de Retorno permitirá desarrollar un total de 50 medidas encaminadas a facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y que nuestro país se convierta en un lugar atractivo para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional.
El presupuesto total del Plan de Retorno a España, en el que están implicados 10 ministerios, asciende a 24.209.400 euros, de los que 12.389.400 euros serán en 2019 y 11.820.000 euros en 2020.
La población española residente en el extranjero, según datos a 1 de enero de 2019, asciende a 2.545.729 personas, de las que 1.553.539 residen en América y 900.159 en Europa. La población española en el exterior ha aumentado en 1 millón de personas desde 2009 hasta ahora.
El Plan de Retorno a España contempla un conjunto de medidas para atender las demandas de los diferentes perfiles de emigrantes que quieren volver y de las personas ya retornadas. Además, reconoce que en nuestro país cientos de miles de personas tuvieron que buscarse la vida en el extranjero como consecuencia de la crisis económica.
En la elaboración del Plan, que conlleva la creación de una nueva política pública con un proceso centrado en las necesidades de los usuarios, han participado los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Industria, Comercio y Turismo; Ciencia, Innovación y Universidades; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Economía y Empresas; Educación y Formación Profesional; Política Territorial y Función Pública; Hacienda y Fomento.
El Plan de Retorno a España identifica claramente cuáles son las barreras al retorno, de tipo personal, profesional y administrativo, y las medidas que pueden echar abajo dichas barreras. Es inclusivo y no discriminatorio por razón de edad, nivel de formación o lugar de origen, y está diseñado para atender demandas de los diferentes perfiles de emigrantes.
Los servicios que va a proporcionar el Plan que ha aprobado el Gobierno, a través de la plataforma que se creará, son la Ventanilla Única del Retorno (ofrecer información oficial y contrastada y recopilar la documentación que necesita el ciudadano) y el Servicio de Mediación Laboral y Buscador de Empleo (asesoramiento personalizado a empresas y particulares a través de mediadores laborales).
En una primera etapa, alrededor de 10.000 personas han manifestado a través de las plataformas de organizaciones del sector su deseo de retornar a España. Además, la estimación total de beneficiarios de los servicios de Ventanilla Única y de mediación laboral asciende a 23.000 personas.
Las 50 medidas, impulsadas por los 10 ministerios participantes en la elaboración del Plan de Retorno, contarán también con la cooperación institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, el concurso de asociaciones de emigrantes y de los agentes sociales.
La batería de medidas están agrupadas en seis grandes categorías, que van desde el apoyo para definir el proyecto profesional, la ayuda para planificar la vuelta e instalarse y la creación de espacios para la participación, hasta la creación de un ambiente positivo, el acompañamiento psicológico y la gestión colaborativa y la evaluación continua del Plan.
Entre esas medidas se contempla la mejora integral del Sistema de I+D+i para la atracción y retención de talento investigador en nuestro país a través de impulso de las becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para que más jóvenes científicos que están investigando fuera puedan optar a seguir haciéndolo desde España y para una institución española.
Entre las ayudas para planificar la vuelta, el plan incluye una bonificación de la cuota de autónomos para emigrantes que retornan para emprender, a quienes se les ofrecerá una tarifa plana de 60 euros mensuales. Se estima que la medida podría ascender a unos 2.300 beneficiarios y supondrá un ahorro de 8,07 millones de euros para este colectivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario