Tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de derecho de familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género

Tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de derecho de familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género. Madrid: Ministerio de Igualdad, 2025. 165 p.

La población destinataria del estudio son las mujeres víctimas de algún tipo de violencia de género y sus hijas e hijos menores, cuando rompen con la pareja y siguen procesos de derecho de familia, en los que se deben adoptar las medidas en relación con los menores de edad y respecto de las mujeres que por sus circunstancias o por haber desarrollado los roles de género durante la convivencia, se hallaren en una situación de asimetría en el momento de la ruptura, constatándose la existencia de violencia de género y las sentencias y autos dictados en dichos procesos en sede de recurso de apelación durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2022 y el día 31 de diciembre de 2023; siendo relevante destacar la trascendencia que pueden tener las resoluciones judiciales en la perpetuación o en la erradicación de las situaciones de violencia de género sobre menores, a menudo difícilmente visibles.

Se pretende también analizar si en esta clase de procedimientos judiciales en los que se resuelven problemas de derecho de familia con previa denuncia por violencia de género o no habiendo denuncia hay indicios de la misma o contra menores, si se aplican o no criterios estereotipados que darían lugar a desprotección de las víctimas de la violencia de género que tiene lugar en el ámbito familiar.

Asimismo, se analiza si las resoluciones judiciales se fundamentan en el interés superior del menor, al que se ha referido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo como “una cuestión de orden público”, procurando que los derechos fundamentales de las niñas y los niños resulten protegidos.

Esta investigación también persigue constatar si se aplica la perspectiva de género por parte de los operadores jurídicos y profesionales de la administración de justicia, así como por los gabinetes psicosociales implicados, en su caso, que intervienen en los procesos judiciales.

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