El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de
Justicia, ha aprobado una Declaración Institucional contra la violencia de
género con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra esta
lacra. Lo ha hecho con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se conmemora este sábado, 25 de noviembre. Su
texto es el siguiente:
"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el Gobierno manifiesta su rotunda condena contra cualquier acto
de violencia sobre las mujeres, así como su total apoyo y solidaridad con las
víctimas y sus familias, en especial con las hijas e hijos menores a cargo de
las mujeres víctimas de maltrato. El Gobierno quiere rendir un sentido homenaje
a las 44 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de
año en España, y a los ocho menores, niñas y niños asesinados como consecuencia
de la violencia de género ejercida sobre sus madres. Padecemos con el
sufrimiento de ellas como nuestro, sufrimos con sus familiares, y de manera
especial con los 23 huérfanos de este año 2017, hijas e hijos menores que unirán
para siempre al dolor de la ausencia el motivo que lo produjo.
Es por todas las mujeres que sufren maltrato en España, las que
hablan y las que no lo cuentan, que, desde nuestros respectivos ámbitos de
responsabilidad, debemos redoblar nuestros esfuerzos para acabar con la
impunidad de los maltratadores, garantizar la seguridad de las víctimas e
impulsar los cambios necesarios en la sociedad para prevenir la violencia sobre
las mujeres y rechazarla de forma unánime.
Tal y como se reconoce en el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que
constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales
proclamados en nuestra Constitución, como la libertad, la igualdad, la vida, la
seguridad y la no discriminación.
Problema de toda la sociedad
La violencia de género es un problema de toda la sociedad y es toda
la sociedad quien tiene que involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces
para prevenirla, proteger a las víctimas y rechazar a los maltratadores. El
fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de sexo es
la mejor forma de combatir los comportamientos que suponen el ejercicio de
cualquier forma de violencia contra las mujeres. Una sociedad que respeta los
derechos de mujeres y hombres, que trata por igual a ambos sexos, que no
entiende ni admite discriminación alguna, es una sociedad madura y democrática
formada por personas libres.
La erradicación de la violencia de género exige, como así venimos
trabajando e impulsando en nuestro país, afrontar retos y desafíos mediante el
trabajo conjunto, coordinado y en colaboración con todas las instituciones,
administraciones y organizaciones de la sociedad civil, desde el convencimiento
de que su solución y la protección y asistencia a las víctimas son una cuestión
de Estado.
Pacto de Estado
Es por ello que la reciente aprobación de los Informes para el Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género, adoptados por el Congreso y el
Senado respectivamente, reflejan el paso adelante de una sociedad que sabe
unirse sin fisuras frente al reto de lograr una sociedad más igualitaria y libre
de cualquier forma de violencia contra las mujeres. De ahí la importancia y el
alcance del consenso institucional, político y social alcanzado que pone de
manifiesto el compromiso de todas las instituciones para poner en marcha
acciones concretas que permitan avanzar en la erradicación de la violencia
contra las mujeres.
Este Pacto viene a demostrar que, cuando existen razones fundadas y
el firme convencimiento de una sociedad, es posible lograr la acción decidida de
todas las fuerzas políticas dirigida hacia un mismo objetivo.
Así pues, combatir todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la
vida pública como en la vida privada, es una cuestión de Estado, un asunto
prioritario, que nos afecta como sociedad y como país, y de la que depende el
futuro de nuestra convivencia.
España ha hecho de la lucha contra la violencia de género y contra
todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas una prioridad en
su política exterior de derechos humanos. El Gobierno de España realiza
importantes esfuerzos a nivel bilateral y multilateral para avanzar en la
implementación de medidas en esta dirección. Cabe destacar el importante papel
de España en instituciones como Naciones Unidas -Consejo de Seguridad, Consejo
de Derechos Humanos y CEDAW-, la Unión Europea o el Consejo de Europa en este
ámbito. Como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España impulsó
la aprobación de la Resolución 2242 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, así como la
creación de mecanismos como el grupo Informal de Expertos o la Red de Puntos
Focales Nacionales, previstos en la misma, y ha contribuido al Fondo de
Aceleración Global con un importe de 750.000 euros.
Plan Nacional
Reflejo de estos esfuerzos en el ámbito nacional se aprobó el pasado
mes de julio el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad. Con el
objetivo de luchar contra todas las formas de violencia contra mujeres y niñas,
España lideró la Resolución 2331 en materia de Trata de personas en situaciones
de conflicto. España se ha adherido además a iniciativas como "Call To Action"
para la lucha contra la violencia sexual y violencia de género en emergencias y
participa de forma activa en la Task Force de la Unión Europea para la
implementación de la Resolución 1325. España seguirá trabajando en esta
prioridad durante su presencia en el Consejo de Derechos Humanos durante el
periodo 2018-2020, tal y como ha anunciado en sus compromisos de actuación.
Nos encontramos en un momento crucial para construir una sociedad
libre de violencia sobre las mujeres. En España se han alcanzado resultados
positivos a lo largo de los últimos años. Hemos trabajado en profundidad y plena
responsabilidad desde todas las administraciones públicas, llegando a alcanzar a
nivel internacional el carácter de referencia en el diseño e implantación de
políticas públicas en materia de violencia de género.
Nuevas formas de violencia de género
Pero, a pesar de los avances legales de carácter nacional e
internacional, las mujeres siguen siendo víctimas de maltrato, siguen siendo
asesinadas cada año, y, desgraciadamente, cada vez en mayor medida también lo
son sus hijos e hijas. Incluso han irrumpido otras formas de violencia de género
al compás de los cambios producidos por la globalización, tales como la trata de
mujeres y de niñas con fines de explotación sexual, o la violencia ejercida a
través de las redes sociales, y han aparecido en nuestro país otras formas de
violencia vinculadas a lo que Naciones Unidas ha definido como prácticas
tradicionales nocivas, que deben hallar también una respuesta adecuada en la
legislación española. De ahí la transcendencia de las medidas planteadas en los
documentos del Pacto de Estado, que van a permitir dar un paso más en la
respuesta integral a todas las formas de violencia contra las mujeres.
Ejes de actuación
En cumplimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado, la
actuación de los poderes públicos y en particular del Gobierno se va a centrar
en los siguientes ejes:
- La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigidas a concienciar a la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad y las conductas violentas, y ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Estas actuaciones han de tener como destinatarios principales a niños y niñas, adolescentes y jóvenes, para que interioricen la igualdad como un valor esencial para la convivencia entre mujeres y hombres, así como a las mujeres que viven en el ámbito rural, y a las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, garantizándoles la accesibilidad de los materiales de información.
- La mejora de la respuesta institucional a las víctimas de violencia de género, a través de la coordinación y el trabajo en red, maximizando el uso de los recursos disponibles, promoviendo recursos de apoyo en el ámbito local, perfeccionando los protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes agentes intervinientes con el fin de evitar el riesgo de victimización secundaria, y mejorando la confianza de las víctimas en las instituciones.
- El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas, prestando una atención especial a los colectivos de mujeres más vulnerables, como las mujeres mayores, las mujeres migrantes, las mujeres con cualquier tipo de discapacidad, las de minorías étnicas y las mujeres del medio rural.
- La asistencia y protección de los menores, partiendo del reconocimiento de estos como víctimas directas y de la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia, su protección y acompañamiento en su proceso de recuperación.
- El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial. Para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible es necesario impulsar la formación especializada de todos los profesionales que intervienen en la prevención, protección, y ayuda psicosocial a las víctimas. Es por ello necesario seguir promoviendo la formación de todos los profesionales implicados: jueces, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario y personal docente, entre otros.
- La mejora del conocimiento, el seguimiento estadístico y la investigación. Una actuación eficaz contra todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) precisa de los datos más completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas y consecuencias, teniendo en cuenta variables como la edad, la discapacidad o la incidencia en el mundo rural, y de estudios e informes, sobre aspectos tales como el impacto sobre las hijas e hijos de las víctimas, sobre la violencia sexual, y la situación laboral de las mujeres víctimas.
- La adopción de las modificaciones legislativas, así como la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos necesarios para adaptar la legislación española a los compromisos internacionales, en particular al Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, y para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los Informes del Congreso y del Senado.
- El reconocimiento y la atención hacia otras formas de violencia contra las mujeres, de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 2011, prestando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados.
El Gobierno, un año más, desde la convicción de que una España libre
de violencia contra la mujer es posible en el siglo XXI, exhorta a toda la
sociedad para que junto a los poderes públicos, lidere el cambio necesario para
su consecución."
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