La publicación propone una hoja de ruta para transformar el derecho al cuidado en políticas públicas efectivas, sostenibles y evaluables. Parte del reconocimiento de que la organización actual de los cuidados en México es profundamente desigual: las mujeres asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita su autonomía, salud, participación laboral y ejercicio pleno de derechos.
El documento plantea que los cuidados deben abordarse como un problema público y no exclusivamente familiar. Para ello, desarrolla una metodología que permite identificar, diseñar y priorizar políticas de cuidados a partir de dos criterios centrales: reducir el tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado y aumentar la autonomía de las personas que reciben cuidados.
Finalmente, destaca que garantizar el derecho al cuidado exige mecanismos estables de financiamiento y propone diversas alternativas para construir sistemas públicos de cuidados capaces de redistribuir responsabilidades y avanzar hacia una sociedad centrada en la sostenibilidad de la vida.
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