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jueves, 6 de junio de 2019

Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 05/06/2019


Fuente: Referencia del Consejo de Gobierno

Más de 11,6 millones para los Servicios Sociales de los 45 ayuntamientos

La titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de las subvenciones destinadas al mantenimiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria de los 45 ayuntamientos por un importe total de 11.681.544 euros durante 2019.
Estas partidas se distribuirán entre los 29 ayuntamientos y las cuatro mancomunidades de Servicios Sociales: Comarcal Oriental, que agrupa a los consistorios de Abanilla, Beniel, Fortuna y Santomera; la Mancomunidad del Noroeste, a la que pertenecen Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla; la del Río Mula, que comprende a los ayuntamientos de Albudeite, Bullas, Mula y Pliego; y la Mancomunidad del Valle de Ricote, compuesta por los municipios de Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.
Estas subvenciones están destinadas a mantener a los 711 empleados de los distintos Servicios Sociales de Atención Primaria, además de los servicios de información y asesoramiento sobre los recursos disponibles en cada consistorio, así como el apoyo a las personas, familias o grupos que precisen de intervención por parte del sistema. El año pasado estos servicios municipales prestaron asistencia a 90.000 personas en toda la Región.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen la puerta de acceso al sistema de servicios sociales y atienden las necesidades y demandas de toda la población relacionadas con este tipo de servicio. Además, fomentan la mejora de la autonomía personal de personas mayores y con discapacidad y dotan de competencias personales y sociales a personas en riesgo o situación de exclusión social. Se trabaja a nivel local con familias que presentan una especial situación de vulnerabilidad, a las que se orienta hacia otros sistemas de protección social, como el acceso a la vivienda o el empleo.

Ayudas a 10 centros especiales de empleo para asistir a 250 trabajadores con discapacidades severas

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, ha dado luz verde a la concesión de 214.000 euros en ayudas a diez centros especiales de empleo para que faciliten la adaptación a sus puestos de 250 trabajadores con discapacidades severas que desarrollan su actividad laboral en esos mismos centros.
Estas subvenciones del SEF permiten sufragar el salario de técnicos que apoyan y asisten a los trabajadores con aquellas discapacidades que dificultan en mayor medida su ajuste al puesto de trabajo. Estos equipos multidisciplinares no sólo ayudan a superar las barreras que dichos trabajadores encuentran en su día a día, sino que también allanan el camino para que en el futuro pueda producirse una inserción en el mercado ordinario de trabajo.
Otra de las funciones de estos equipos multidisciplinares es la de desarrollar actividades de formación para el trabajador, así como facilitar la adaptación a las nuevas tecnologías y a procesos productivos novedosos. Asimismo, son los responsables de actuar en el caso de que tenga lugar un deterioro en la progresión del trabajador, a fin de atenuar esos efectos.
Los diez centros que han recibido las subvenciones son Aidemar (79.000 euros), Formación, Empleo y Comercialización (30.000 euros), Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad Astus (24.000 euros), Fundown Plant (19.000 euros), Grupo Sifu (17.000 euros), Fundación García Carrión (14.000 euros), Mempleo Salud Mental y Empleo (12.000 euros), Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste (9.000 euros), Fundación Prometeo Torre-Pacheco (5.000 euros) y la Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual (5.000 euros).
Las unidades de apoyo atienden a dos perfiles de empleados: por un lado, a personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y por el otro, a personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

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