Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
En 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960).
Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
"El Gobierno de España reafirma su compromiso con la erradicación del racismo, con especial énfasis en el racismo estructural, y de la discriminación racial o étnica, abordándolos desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos. En esta línea, desde este Gobierno se prioriza la promoción activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, pilares fundamentales de una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y acceder a las mismas oportunidades sin distinción alguna.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las sesenta y nueve víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid el 21 de marzo de 1960, resulta más importante que nunca recordar la necesidad de condenar y luchar de forma activa contra toda forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, el color de piel u otras características personales, incluyendo manifestaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas conexas de intolerancia.
En 2026 se conmemora el 25º aniversario de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en 2001, hito internacional que marcó un antes y un después en el reconocimiento del racismo estructural y en la adopción de compromisos globales para su erradicación. Este aniversario constituye una oportunidad para renovar el consenso internacional y reforzar la implementación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, avanzando hacia una sociedad basada en la igualdad y en la justicia racial. Hoy más que nunca resulta necesario reivindicar y defender el multilateralismo, firme compromiso del Gobierno de España.
Aún quedan grandes desafíos por afrontar. En 2025, precisamente con ocasión de la conmemoración de este Día, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y el Ministerio de Igualdad publicaron el último estudio sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico en España por parte de las potenciales víctimas, con el título "El impacto del Racismo en España 2024". En este estudio se indica que cuando se pregunta a las personas encuestada por situaciones concretas que son o pueden ser consideradas como posibles delitos de odio en diferentes ámbitos, el 52% señala que ha vivido al menos una situación concreta susceptible de ser considerada delito de odio por motivos étnico raciales. El estudio señala también la vivienda como el ámbito donde más discriminación se percibe (un 27,5 %), seguido de los espacios públicos, sin olvidar otros como el empleo. Un 47,6% de las personas entrevistadas que ha sufrido experiencias de discriminación en el último año, en primera persona, reconoce que estas les han causados efectos psicológicos, como estrés, ansiedad o depresión, que pueden repercutir de manera muy negativa sobre la salud mental. Frente a esta realidad, la infradenuncia sigue siendo abrumadora, solo dos de cada diez personas que han experimentado una situación discriminatoria en el último año ha afirmado haber presentado alguna queja, reclamación o denuncia.
Los datos más recientes reflejan una exacerbada tendencia al alza de los discursos de odio en internet y en redes sociales, donde la desinformación y la polarización amplifican narrativas xenófobas, racistas y excluyentes, contribuyendo a la estigmatización de las personas racializadas, especialmente en contextos electorales o de crisis o emergencias.
El odio y la violencia en las redes traspasan las pantallas, y, en 2025, incidentes de carácter racista como los sucedidos en Torre Pacheco evidencian la persistencia de conductas y discursos que socavan la convivencia democrática y los valores constitucionales.
Esta realidad exige redoblar esfuerzos institucionales y reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción de los delitos de odio. También es imprescindible seguir fortaleciendo la cooperación con las plataformas digitales, y su responsabilización en esta materia.
España ha avanzado de manera decidida en la lucha contra el racismo, la discriminación y los delitos de odio, con medidas como la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación; los trabajos y cooperación que se desarrolla en el marco del Acuerdo Interinstitucional para Cooperar en la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia, la LGTBIfobia y Otras Formas de Intolerancia; o la monitorización del discurso de odio en línea. Además, el Gobierno ha aprobado el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027). Se ha avanzado igualmente en la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, designada por la Ley 15/2022, de 12 de julio, organismo competente en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, para reforzar la protección de las víctimas y la supervisión del cumplimiento normativo.
Asimismo, el Gobierno ha adoptado importantes medidas en el ámbito de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, considerando colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas migrantes, las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional y las personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos étnicos o religiosos.
En 2025 se conmemoraron los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península. En este contexto, y como resultado tangible de esta efeméride, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó el 23 de diciembre la creación de una Red de Mujeres Gitanas. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar su participación social y política, así como institucionalizar un diálogo permanente con la Administración General del Estado.
Desde la subcomisión creada en el Congreso para combatir los discursos de odio, se sigue promoviendo un gran acuerdo para combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político, para lo cual se cuenta con el impulso del Ministerio de Igualdad.
El Gobierno de España continúa reforzando los instrumentos de conocimiento y seguimiento del discurso de odio. En este marco, a la herramienta FARO ya existente, que permite identificar y analizar en tiempo real los discursos de odio racista y xenófobo en redes sociales, se suma la herramienta Huella del Odio y la Polarización (HODIO), que permite analizar la presencia y amplificación del discurso de odio en las principales redes sociales, contribuyendo a mejorar las políticas públicas de prevención y respuesta frente al racismo y la discriminación.
El Gobierno apoya igualmente la nueva Estrategia Antirracismo de la Unión Europea 2026-2030, que se basa en el Plan de Acción Antirracismo 2020-2025, y busca reforzar la lucha contra el racismo en todas sus formas en la UE, incluyendo el racismo antiafro, el antigitanismo, el antisemitismo, el racismo antiasiático y el odio anti-musulmán. España participará activamente en su implementación, en sus cinco pilares, que incluyen, entre otras cuestiones, la aplicación y el refuerzo del marco legal antidiscriminación, la eliminación de las barreras estructurales e inclusión social, o el énfasis en la necesidad de promover la cooperación y alianzas entre los actores clave. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 10 de junio del 2025 el Plan de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad de la Población Gitana (2025 2028), cuyo objetivo es reforzar el acceso al mercado laboral, la formación y el emprendimiento de las personas del colectivo. Esta iniciativa supone un avance significativo en la lucha contra la discriminación racial y refleja el compromiso del Gobierno con la igualdad de trato para todas las personas ante el empleo.
En este sentido, el Gobierno manifiesta su firme convicción en la necesidad de colaborar con la sociedad civil y reconocer el trabajo que realiza a través de las organizaciones y asociaciones de personas del pueblo gitano, de personas africanas y afrodescendientes, árabes, amazigh, latinoamericanas y asiáticas, entre otros grupos poblacionales y étnicos, así como de personas migrantes y de apoyo a los derechos humanos, en general, y a la lucha contra el racismo, en particular, cuyo esfuerzo debe verse respaldado y acompañado por políticas públicas dotadas de suficientes medios y recursos adecuados.
Asimismo, el Gobierno continúa avanzando en el desarrollo del proceso de regularización administrativa iniciado en febrero de este año, y de mejora de los mecanismos de inclusión de las personas migrantes, entendiendo que la garantía de derechos, la seguridad jurídica y la plena participación social son elementos esenciales para prevenir la discriminación y fortalecer la cohesión social.
La protección de las víctimas, la puesta en marcha de mecanismos adecuados de denuncia, y la lucha contra la todavía abrumadora infradenuncia, constituyen también líneas prioritarias de acción. En este marco, el 021, que es el número oficial del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, gestionado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), organismo adscrito al Ministerio de Igualdad que fue designado organismo de igualdad por el artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, está destinado a la atención a víctimas de racismo y ha sido reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria. Según los datos anuales correspondientes a 2024, presentados en 2025, el servicio prestó atención a 20.520 consultas presenciales, gestionó 2.913 casos de discriminación y acompañó directamente a 3.629 víctimas. El Gobierno reafirma su compromiso de consolidar y reforzar este instrumento esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección frente al racismo. Asimismo, el Gobierno está trabajando en la adopción de una Estrategia para la igualdad de trato y la No Discriminación, como una de las medidas incluidas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, que incluirá actuaciones dirigidas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de las causas establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las competencias de las comunidades, con un enfoque interseccional, y prestando especial atención a las medidas dirigidas a la información, sensibilización y formación en igualdad de trato y no discriminación.
En el ámbito de la acción exterior, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, considera objetivo prioritario de esta política la erradicación de toda normativa o práctica discriminatoria y el trabajo con los países socios para asegurar el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, así como la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 señala como líneas de acción el apoyo a las oficinas nacionales de equidad racial, a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y antirracistas de los países socios, y a las organizaciones de pueblos indígenas y personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe, desde un enfoque interseccional e intercultural. Por otra parte, la Estrategia España África 2025-2028, denominada "Trabajando juntos a través de una relación estratégica", incluye entre sus objetivos el de "más firmeza frente al racismo y la xenofobia" e insiste en el refuerzo de las medidas en el ámbito educativo y en el discurso público.
España es, además, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el trienio 2025-2027, y continuará luchando contra el racismo y la discriminación en el seno de esta organización, impulsando la aplicación universal del Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
Un este Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y en un contexto global marcado por el resurgimiento de narrativas excluyentes y el incremento de los discursos de odio, el Gobierno de España reitera que el único camino para erradicar el racismo es adoptar una posición clara y activa: ser, desde el ámbito institucional y desde el conjunto de la sociedad, inequívocamente antirracistas. Solo así podremos consolidar una democracia más fuerte, una convivencia basada en el respeto y una sociedad donde la diversidad sea reconocida como un valor y no como un motivo de exclusión".
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración. La Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030) es la hoja de ruta para transformar el sistema de cuidados hacia un modelo comunitario, personalizado y basado en derechos, evitando la institucionalización forzosa de las personas dependientes. La Estrategia establece como uno de sus principales instrumentos de gobernanza la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración.
Además de su creación, se ha determinado su composición y sus funciones, entre las que se encuentran:
Analizar los cambios estructurales y organizativos que precise el sistema de cuidados de larga duración.
Identificar y promover las medidas oportunas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Realizar el seguimiento y evaluación del grado de alineamiento de las distintas políticas sectoriales con el modelo de cuidados.
Impulsar la innovación social y tecnológica en el sector de los cuidados de larga duración, identificando buenas prácticas, promoviendo la transferencia de conocimiento y facilitando la colaboración entre administraciones y otros actores relevantes.
Proponer y emitir informes que incluyan perspectiva de género y puedan servir de orientación en la toma de decisiones de los órganos competentes en el sistema de cuidados de larga duración.
Los cuidados de larga duración constituyen una parte esencial del Estado del Bienestar y una garantía fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos sociales. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece un sistema de gobernanza y toma de decisiones en relación con el sistema de carácter interterritorial en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y atención a la dependencia; una gobernanza coherente con el reparto competencial en nuestro país.
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