Hacienda
AUMENTO DE LA APORTACIÓN AL IMSERSO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 95.688.588,52 euros, en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para aumentar la aportación del Estado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y financiar las cuotas de Seguridad Social del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.
Ello supone el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que establece la financiación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
El Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación recuperaba que la financiación de las cuotas del convenio especial con la Seguridad Social que pueden suscribir dichos cuidadores no profesionales se haga a cargo de la Administración General del Estado y, por tanto, serán abonadas conjunta y directamente por el Imserso a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Además, este Real Decreto-ley establece que las cuotas de estos convenios especiales se abonarían desde el 1 de abril de 2019.
Con base en esta normativa, las personas cuidadoras no profesionales pueden suscribir convenios especiales con la Seguridad Social y su coste será asumido por el Imserso. El importe necesario para atender este gasto se ha cifrado en 95.688.588,52 euros, teniendo en cuenta que la medida entró en vigor el 1 de abril de 2019.
La no aprobación del Presupuesto de 2019 y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 han determinado que no exista dotación presupuestaria alguna para hacer frente al pago de estas cuotas. Por ello, es preciso autorizar la concesión de un crédito extraordinario con cargo al Fondo de Contingencia por un importe total de 95.688.588,82 euros.
Comunidades Autónomas
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Sanidad por importe de 79.430.954,99 euros, con cargo al Fondo de Contingencia, para atender el nivel mínimo de protección garantizado por Estado a las comunidades autónomas, según lo establecido en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Esta ley ha establecido un sistema basado en tres niveles de protección: un nivel de protección mínimo, establecido por la Administración General del Estado y cuya financiación le corresponde; un segundo nivel de protección, que se acuerda entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas; y un último nivel de protección adicional que pueden establecer las Comunidades Autónomas que lo estimen conveniente, y que sea financiado exclusivamente por ellas.
Las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar las ayudas, siendo las que finalmente determinan las prestaciones efectivamente reconocidas y el importe que debe hacer efectivo el Estado en concepto de nivel mínimo de protección garantizado.
La estimación de tal importe se realiza teniendo en cuenta el número de personas beneficiarias con prestación reconocida y efectiva y los grados de situación de dependencia, teniendo cada grado asociada una cantidad de nivel mínimo.
Dado que la estimación para este ejercicio asciende a 1.387.403.754,99 euros y teniendo en cuenta que en 2019 se han prorrogado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en los que se contempla una dotación inicial para esta finalidad de 1.307.972.800 euros, la necesidad de crédito asciende a 79.430.954,99 euros.
MODIFICADO EL LÍMITE DE GASTO PARA TRAMITAR LOS CONTRATOS DEL SERVICIO 016 CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo para modificar los límites establecidos y el número de anualidades en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios, con el fin de que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad tramite los contratos correspondientes al servicio 016 de información y asesoramiento jurídico a víctimas de violencia machista y a la realización de estudios e investigaciones de su competencia.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ha sido la que ha solicitado dicha autorización.
El 11 de mayo de 2011, España firmó en Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Con el fin de cumplir las previsiones del Convenio de Estambul, es necesario ampliar el ámbito de aplicación del servicio 016 a otras formas de violencia contra la mujer, como son la violencia sexual, el acoso sexual y los matrimonios forzosos, así como incluir otros canales de tecnologías de la información además del teléfono y el correo electrónico, como son las redes sociales o la aplicación WhatsApp.
Todo ello supondrá un notable incremento en el número y características de las personas que accederán al servicio, de las prestaciones ofrecidas por el mismo y en la adaptación del servicio a ellas, lo que implica un aumento en el presupuesto base de licitación del actual contrato.
Los pliegos que rigen la prestación del servicio establecen que el plazo de ejecución del contrato será de un año, prorrogable por otro. El actual contrato finalizó el 11 de junio de 2019, acordándose una prórroga desde el 12 de junio hasta el 11 de diciembre de 2019.
Finalizada su vigencia, la finalidad de esta petición es formalizar una nueva prórroga de idéntica duración, desde el 12 de diciembre de 2019 hasta el 11 de junio de 2020 por un coste de 523.325 euros, distribuyéndose únicamente en 2020, procediéndose simultáneamente a la tramitación anticipada de un nuevo expediente de contratación, con las mismas características que las señaladas anteriormente, con un coste total de 1.900.000 euros, distribuyéndose entre los ejercicios 2020 y 2021.
Estudios e investigaciones
Por otro lado, la normativa establece que corresponde a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia de género e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia, y en particular, la realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones, entre otras.
Por este motivo, esta Delegación del Gobierno para la Violencia de Género prevé tramitar anticipadamente contratos relativos a estudios e investigaciones durante el último trimestre de 2019, con un coste total de 150.000 euros, distribuyéndose en los años 2020 y 2021.
Sumando los nuevos compromisos de gasto derivados de los citados contratos a los ya existentes, el límite de compromiso máximo a autorizar es el que se detalla a continuación:
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