Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA
El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del listado de trastornos mentales. En conmemoración de este importante avance, desde el año 2004 se celebra el 17 de mayo como el Día Internacional contra la LGTBIfobia, con el fin de visibilizar y poner de manifiesto las violaciones de los derechos de las personas LGTBI+ y de impulsar su defensa a nivel global. Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
"La aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto al desarrollo de políticas públicas como la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI, han supuesto un importante avance hacia la igualdad, la justicia social y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, consolidando el liderazgo de España en este ámbito. Según la edición de 2026 del Rainbow Map de ILGA-Europe (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), España ha pasado de ocupar la quinta posición en 2025 a la primera posición en el ranking de países con un entorno legal y político protector de los derechos LGTBI+.
Dicho liderazgo dio comienzo con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, cuya aprobación cumplió dos décadas el pasado año. La "ley del matrimonio igualitario" democratizó el derecho a contraer matrimonio, permitiendo que las personas del mismo sexo accediesen a él en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. De este modo, en 2005, España fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio plenamente igualitario entre personas del mismo sexo. Hoy el matrimonio igualitario es legal en 39 países.
Igualmente, en 2023, España se situó en la avanzadilla en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género, paso que ya habían dado otros países como Islandia y Suiza y, en la Unión Europea, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Malta y Portugal, y a los que, después de España, se uniría Alemania.
España es un país referente en materia de derechos LGTBI+, y distintos estudios y encuestas nos señalan como uno de los países con mayor aceptación social de la diversidad sexual, de género y familiar. España goza, pues, de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia.
No obstante, siguen existiendo datos alarmantes que ponen de manifiesto la necesidad de persistir en la lucha por los derechos de las personas LGTBI+. En este sentido, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), según datos de 2024, señala que dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia el colectivo se han incrementado en los últimos años, y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia.
Efectivamente, asistimos a un incremento de narrativas y discursos contrarios a los derechos de las personas LGTBI+ que encuentran una fácil forma de difusión en internet y en redes sociales. Como alerta la organización ILGA Europe en su informe de 2024, el discurso de odio online anti-LGTBI creció en España un 130% entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia las personas trans. De acuerdo con la FRA, tres de cada cuatro personas LGTBI+ en España ha visto, sólo en el año previo, algún tipo de incitación a la violencia contra el colectivo en redes online, así como contenidos que caricaturizan a las personas LGTBI+.
Según el informe de 2025 de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, realizado a partir de los incidentes registrados en 2024, la cifra de delitos de odio por OSIG (orientación sexual e identidad de género) ha aumentado un 1,15% con respecto a los datos obtenidos en 2023 y un 15% con respecto a los datos de 2022. Asimismo, supone un 27,57% del total de delitos de odio registrados en nuestro país, siendo la segunda causa tras los motivos racistas y xenófobos.
Estos datos no son sino la punta del iceberg de las violencias LGTBIfóbicas, ya que se refieren a casos que han sido efectivamente denunciados e investigados. La FRA señala que el 12% de personas LGTBI+ en España han sido agredidas física o sexualmente en los últimos 5 años, porcentaje que se ha incrementado considerablemente desde 2019. Además, dentro del colectivo hay quienes soportan mayor carga de agresiones físicas y sexuales, ya que para las mujeres trans ese 12% se eleva al 27%, al 21% para los hombres trans y para las personas no binarias, mientras que para las personas intersex se incrementa al 32%. Pese a ello, solo el 14% de las personas agredidas presentaron denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En el ámbito laboral, la FRA destaca que solo el 32% de las personas LGTBI+ muestran abiertamente su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, el 20% lo oculta por completo y el 48% lo muestra de forma selectiva, y una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que las personas LGTBI+ tienen un 7% menos de posibilidades de encontrar empleo, unos ingresos medios un 4% más bajos que el resto de la población y un 11% menos de probabilidades ocupar puestos directivos.
El auge de los discursos y la violencia LGTBIfóbicas es una tendencia global que no afecta sólo a nuestro país y que amenaza con hacer retroceder los derechos conquistados. En 2025 el Tribunal Constitucional se pronunció respecto del intento de recorte de los derechos de las personas LGTBI+. España también alza su voz y se involucra activamente en los procesos contra los retrocesos que se producen en la esfera internacional y también dentro de la Unión Europea.
Ante estos retrocesos, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, tanto en todo el territorio del Estado, como fuera de nuestras fronteras. Este compromiso se ha visto materializado con la elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Además de las dos leyes mencionadas, cabe destacar, por su particular relevancia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los reales decretos que la desarrollan y que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas para todas las etapas educativas; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación; la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que incluye entre los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas LGTBI, en particular trans; el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas y la publicación en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social en marzo de 2026 del modelo de protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito de la empresa.
Estos avances normativos han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación, teniendo en cuenta, además, la posible discriminación interseccional que pueden sufrir las personas LGTBI+. Muestra de ello es el funcionamiento ininterrumpido del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI. Por otro lado, se ha creado en el Congreso una subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio que sufren, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, las personas LGTBI.
Asimismo, cumpliendo el mandato recogido en los artículos 10 y 52 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en julio de 2025 se aprobaron en Consejo de Ministros la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI (2025-2028) y la Estrategia para la inclusión social de las personas trans (2025-2028). Ambas Estrategias ahondan en la lucha contra la discriminación por razón de la orientación e identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales.
Por otro lado, el Gobierno presentó el pasado marzo la herramienta de referencia internacional Huella del Odio y Polarización (HODIO) durante la apertura del primer Foro Contra el Odio. Esta nueva herramienta utiliza un sistema combinado de análisis que estudia el contenido público en las redes sociales, identificando el odio y la polarización y permitirá calcular y publicar de manera periódica un indicador de odio y polarización en cada red social: su prevalencia, el nivel de amplificación e impacto.
El Gobierno de España parte del convencimiento de que es necesario sensibilizar a la ciudadanía y visibilizar, reconocer y apoyar institucionalmente la diversidad sexual, de género y familiar, como señala el artículo 5.2 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero: "los poderes públicos fomentaran el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI".
Tras la celebración de los 50 años del inicio de la Transición en España y los 40 años de la Firma del Acta de Adhesión a las Entonces Comunidades Europeas, este compromiso adquiere una especial relevancia. Como consecuencia de ello, las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su segunda "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2026-2030".
El Gobierno de España reafirma su fuerte compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y su descriminalización y contra la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, sin olvidar la vulneración de derechos que tiene lugar en un gran número de países del mundo, más de 60 países con legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las prioridades de nuestra acción exterior y cooperación internacional, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI+. En este sentido, cabe mencionar que el 17,29% del total de concesiones de asilo otorgadas en nuestro país en 2025 fueron sustanciadas por motivos relacionados con la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona solicitante. En coherencia con esta realidad, la red de acogida cuenta con plazas distribuidas en diversos recursos en los que se desarrollan actuaciones específicas orientadas a la atención de las personas LGTBI+, en función de sus necesidades y de su situación de especial vulnerabilidad.
En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos (apoyando la renovación del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad sexual); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBT Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGTBI+ en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta Alianza Internacional Público-Privada, formada por 44 Estados y Organizaciones de la Sociedad Civil creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGTBI+, y en 2025 y 2026 la copreside, junto a Colombia); el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad (del que depende el Subgrupo de Igualdad LGBTIQ que inició sus actividades en 2021), la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales; o, en el marco del Consejo de Europa, el Grupo de Amigos para los derechos LGTBI, la Red Europea de Puntos Focales LGBTI y el Comité de Expertos. España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad, una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todo el mundo. En 2025 se creó también la figura del Embajador en Misión Especial para los Derechos de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGTBI+ se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países, y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 establece como prioridad de la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible el trabajo para erradicar las brechas a las que deben enfrentarse las personas LGTBI+ en el acceso a derechos y servicios, a la participación política y las oportunidades económicas, en condiciones de igualdad, incluyendo los derechos y la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI+ y la lucha contra la exclusión en el ámbito educativo, tanto en los países socios de la Cooperación Española como a nivel global.
El Gobierno de España muestra este año, una vez más, su firme compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de la discriminación y la violencia que, a día de hoy, siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de sus vidas".
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