Bouget, D., et al., Work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives in Europe. A study of national policies. Bruselas, European Commission, 2016, 76 p.
La conciliación de la vida laboral y personal ocupa un lugar de creciente importancia en las políticas europeas. Favorecer el equilibrio entre esas dos esferas permitiría incrementar la población activa y aumentar la renta de muchos hogares, pues ya no deberían elegir entre empleo y familia. Dado que la mayoría de personas dedicadas al cuidado familiar son mujeres, las medidas de conciliación podrían traducirse además en una mayor equidad de género. Movida por tales expectativas, la Comisión Europea ha encargado un estudio sobre conciliación y cuidados prolongados, basado en informes estatales realizados por especialistas en políticas sociales de 35 países, agrupados en la European Social Policy Network (ESPN). El estudio se centra en las personas en edad laboral que cuidan de familiares con dependencia en su propio domicilio, y trata de averiguar, por una parte, en qué medida se pueden conciliar empleo y cuidados de larga duración, y por otra, cómo inciden las políticas de apoyo a cuidadores/as en la permanencia en el mercado de trabajo, así como en la renta y el bienestar de los hogares. (Fuente del resumen: SiiS - Fundación Eguía-Careaga Fundazioa. Centro de Documentación y Estudios)
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Felgueroso, F., Millán A. y Torres, M. Población Especialmente Vulnerable ante el Empleo en España: Cuantificación y Caracterización. Fedea, 2017. 77 p.
Una vez finalizada la Gran Recesión, España se está beneficiando en la actualidad de un proceso de intensa creación de empleo. A pesar de ello, un número importante de personas sigue sufriendo especiales dificultades en su acceso al mundo laboral. Estas dificultades se expresan en largos períodos de desempleo, o en empleos cuyas retribuciones, duración y/o jornadas les mantienen en situación de pobreza laboral. En consecuencia, aunque las tasas de ocupación estén creciendo de forma sostenida, el paro de larga duración se mantiene en niveles históricos y otros indicadores como los de pobreza laboral no parecen estar respondiendo de forma tan positiva.
La ambición del presente estudio es generar unos indicadores que permitan cuantificar y caracterizar las personas con mayor vulnerabilidad ante el empleo. Este estudio se produce dentro del marco de la iniciativa “Juntos por el empleo de los más vulnerables”. En su elaboración han participado junto con Fedea y Accenture varias entidades sociales (Cruz Roja Española, FSC Inserta, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tomillo y Foessa).
Los resultados de este estudio indican que la población especialmente vulnerable ante el empleo (EVAE) en España está en el rango de los cuatro millones de personas aproximadamente. En concreto se estima que en el cuarto trimestre del 2016 había 4,2 millones de personas en esta situación. (Texto extraído de la publicación)
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Fuente: Referencia
del Consejo de Gobierno
Mejoras laborales y económicas para empleadas de la Administración
regional víctimas de violencia de género
El Consejo de Gobierno ha aprobado un protocolo de actuación para la
prevención y actuación en casos de violencia de género que afecten a empleadas
de la Administración regional, que recoge la protección de la intimidad,
prestaciones económicas, reducción de jornadas laborales, movilidad y apoyo
jurídico y psicológico.
El protocolo, consensuado con las organizaciones
sindicales, fue aprobado por la Comisión de Igualdad y garantiza derechos de
carácter laboral y ayudas económicas a las empleadas de la Administración
regional, incluidas el personal docente y del Servicio Murciano de Salud, que
representan el 70 por ciento del personal al servicio de la Comunidad
Autónoma.
El acuerdo contempla como novedad destacada la creación de la
figura de un Delegado de Personal con competencias específicas en materia de
violencia de género, que gozará de las mismas garantías que los delegados
sindicales y representantes del personal.
El objetivo de la Administración
regional es hacer efectivas medidas de protección a la mujer y su derecho de
asistencia social integral frente a la violencia de género y articular una
repuesta efectiva a todos los niveles que constituya un elemento de seguridad
para la víctima.
Protección integral
Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tendrán derecho al
traslado a otro puesto laboral, excedencia, preferencia para la elección de los
turnos vacacionales, reducción de jornada, reordenación de su tiempo de trabajo
o permisos en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado
Público.
Las medidas contempladas en el protocolo de actuación giran en torno
a dos ejes fundamentales, la prevención de la violencia de género y la actuación
a desarrollar en caso de producirse, con el propósito de proteger la integridad
física y moral de las mujeres con las debidas garantías de confidencialidad y
celeridad.
En cuanto a la prevención de violencia de género, además de la
formación e información se contemplan medidas de vigilancia de la salud a través
de los Servicios de Prevención y la creación de equipos profesionales con
personal especializado para el apoyo, ayuda, información y orientación a las
mujeres.
Respecto a la actuación frente a casos ya producidos, además de los
derechos relativos al tiempo de trabajo y movilidad y la asistencia de los
equipos profesionales de apoyo a las víctimas, las empleadas públicas contarán
con prestaciones económicas tales como la percepción de sus retribuciones
íntegras en caso de enfermedad, ayudas en caso de bajos ingresos y el derecho a
la obtención con carácter preferente y en condiciones especiales de anticipos
reintegrables sobre su sueldo.
El protocolo de actuación aprobado hoy por el
Consejo de Gobierno se suma a la medida puesta en marcha desde el pasado 1 de
enero, que contempla para las empleadas públicas de la Administración regional
que tengan acreditada la situación de víctima de violencia de género el derecho
a percibir, desde el primer día de incapacidad temporal, un complemento salarial
que les permita alcanzar el cien por cien de su sueldo, así como a prestaciones
de acción social con carácter preferente.
Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma. Madrid: Confederación Salud Mental España, 2015. 112 p.
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El estudio se ha estructurado en varios capítulos, que recogen, en primer lugar, los objetivos y el
proceso metodológico desarrollado; a continuación se plantea el capítulo del meta-análisis a partir
de fuentes secundarias de los diversos ámbitos de intervención, y de manera separada se
desarrolla el capítulo relativo al ámbito judicial y policial, que incluye además de las fuentes
secundarias el prolijo análisis de la información derivada del trabajo de campo desarrollado.
El esquema que se genera para el análisis en cada uno de los ámbitos es el mismo: se parte de las
percepciones y los estereotipos existentes, se avanza en el análisis de los factores causantes
o generadores del estigma, se definen las barreras a las que se enfrentan las personas con
enfermedad mental como resultado del mismo, se analizan algunas de las medidas puestas en
marcha para erradicar el estigma, y se explicitan las lagunas informativas existentes en cada uno
de los ámbitos.
Por último, a modo de conclusiones se muestran para cada uno de los ámbitos estudiados los
principales elementos que pueden estar propiciando especialmente situaciones de discriminación y
estigmatización y que se convierten en elementos y factores clave a abordar para lograr la inclusión
social.
Derechos humanos y discapacidad: informe 2016. Madrid: CERMI, 2017. 294 p.
El CERMI es el organismo encargado de articular y vertebrar el movimiento social español de la discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de miembros de la sociedad, y por tanto, su inclusión efectiva a través del respeto por sus derechos. Para ello, como interlocutor legitimado, promueve en sus ámbitos de diálogo y actuación la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación social y, en general, la mejora de las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos españoles con discapacidad y de sus familias.
En este informe se describe la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.
El documento comienza con el origen, significado y aplicación directa de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, se realiza un análisis de situación por artículos de la convención y termina con haciendo un recorrido por los derechos humanos y discapacidad en la actividad de las Naciones Unidas en 2016 y del CERMI y un informe del defensor del pueblo presentado en 2016.
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Tejerina Pérez Rosa Mª. Compras TIC relacionadas con la Accesibilidad en la Contratación Pública en España. Colección Accesibilidad, Tecnología y Sociedad Vol 6. Madrid: Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), 2016. 130 p.
El CENTAC inició en el año 2011 la elaboración de un informe anual que recopila todas aquellas licitaciones públicas del ámbito tecnológico de los tres niveles administrativos (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) que incluyen la discapacidad en sus pliegos administrativos o técnicos. Este proceso realizado a lo largo de seis años ha generado una fuente de datos que permite conocer y analizar la situación real en cada ámbito territorial. Aquellas licitaciones que contemplan de algún modo la discapacidad, CENTAC las denomina Licitaciones Accesibles.
La entrada en vigor en 2016 de la Directiva 2014/24/UE de contratación pública en todo el territorio de la Unión Europea, aumenta considerablemente el interés de este trabajo, pues obliga a los Estados Miembro a incorporar los criterios de accesibilidad y usabilidad en sus pliegos licitadores.
El presente documento se divide en dos grandes bloques. El primero de ellos analiza las licitaciones TIC desde el año 2011 y extrae las que incorporan la discapacidad como un parámetro a tener en cuenta. El segundo, presenta el actual marco legislativo del sistema de compras públicas europeo incluyendo la citada Directiva Europea, el estándar europeo de accesibilidad TIC plasmado en la norma EN 301549, la Directiva 2016/2102/UE de accesibilidad a la web y el Proyecto de Ley para transponer la Directiva de contratación pública a nuestro ordenamiento. (Texto extraído del documento)
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Protocolo para la prevención y actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Sanidad, 2017. 58 p.
El documento contiene información sobre los tipos de mutilación genital femenina, los países donde se realiza esta práctica, mitos y creencias, consecuencias y procesos de actuación de los profesionales sanitarios.
El objetivo del presente Protocolo es, que los profesionales sanitarios detecten situaciones de riesgo para prevenir la mutilación en mujeres y niñas, y asistan a aquellas ya mutiladas, estableciendo las vías de coordinación entre distintos ámbitos y profesionales. Al mismo tiempo pretende sensibilizar y concienciar sobre este problema, contribuyendo así a la erradicación de esta práctica.
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