Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
APROBADA LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 2026-2030
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030). El documento contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 -la primera elaborada en España- y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna.
La ENPE 26-30 surge tras un proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que ha incluido la escucha a hogares vulnerables, después de un período marcado por acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la Covid-19 o la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.
Estos acontecimientos exigieron la aplicación de actuaciones urgentes y de carácter coyuntural, como el Mecanismo Ibérico o una rebaja de la fiscalidad, con especial atención a los consumidores vulnerables; por ejemplo, el descuento del bono social eléctrico llegó al 80% de la factura para los consumidores más vulnerables, entre otras medidas, como la implantación del Suministro Mínimo Vital o la prohibición del corte de suministros a consumidores vulnerables.
Menor carga energética de los hogares
Como resultado de la aplicación de esta vertiente del escudo social y de la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, el coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo y la carga energética por hogar medio -el porcentaje de ingresos destinados a la energía- ha bajado un 3,5% desde 2018, desde 1.111 euros al año a 1.072 euros al año en términos corrientes, esto es, sin considerar la inflación (+19,7%) ni el aumento de la renta (+28,5%) durante el período.
En el caso de los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción de la carga energética, en esos mismos términos corrientes, llega hasta el 24,7%. Estos resultados fueron posibles gracias la aplicación de la ENPE 19-24 y las numerosas medidas coyunturales adoptadas durante los últimos años para proteger a los consumidores y la ciudadanía en general.
La ENPE 26-30 da continuidad a su predecesora con vocación de consolidar los avances alcanzados, enfocándose en las actuaciones estructurales. Se articula también sobre cuatro ejes de actuación: caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y coordinación interadministrativa, comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética
Cuatro ejes de actuación
El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas.
El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.
Así, la ENPE 26-30 contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.
Varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general.
Adicionalmente, la ENPE 26-30 plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico -y, en consecuencia, al bono social térmico- para ligarlo a la renta de los hogares y que sea percibido por las personas que realmente lo necesitan. Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él.
Rehabilitación de viviendas y nuevo CAE social
En el tercero de los ejes, la mejora estructural de las condiciones energéticas, destacan las iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor y de frío, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.
En este ámbito se contará con incentivos: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la ENPE 26-30.
También se aprovecharán los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para fomentar las actuaciones de eficiencia energética para consumidores vulnerables.
Asimismo, se trabajará para alcanzar el objetivo de que un 12% de todos los ahorros del sistema CAE provenga de actuaciones de ahorro y eficiencia para hogares vulnerables, incrementando el interés del sector energético en este ámbito; para ello se ampliará el catálogo de actuaciones estandarizadas, mejorando las fichas para la pobreza energética e incentivando las rehabilitaciones pasivas frente a medidas activas.
Coordinación interadministrativa y asesoramiento directo
Finalmente, el cuarto eje, el ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específico para consumidores en situación de pobreza energética y fomentar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de salud de atención primaria y los servicios sociales.
Buena parte de la actividad de asesoramiento recaerá sobre una nueva Red-Actúa. Se ha constatado un aumento de solicitudes de bono social allí donde existe una Oficina de Transformación Comunitaria o un punto de atención similar, de modo que se dará formación y apoyo económico a entidades y administraciones públicas para su puesta en marcha, con agentes cualificados para atender a la pobreza energética y el transporte.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA PARA LA IGUALDAD SALARIAL
En el año 2010, el Consejo de Ministros estableció el día 22 de febrero como "Día para la Igualdad Salarial". Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
"La igualdad salarial entre mujeres y hombres es una condición imprescindible para la igualdad real y efectiva y un pilar básico de cualquier democracia. Mientras persistan diferencias salariales injustificadas, seguirá existiendo una desigualdad estructural que limita los derechos y la autonomía económica de las mujeres. Los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, correspondientes al año 2023, sitúan la brecha salarial de género en el 15,7 %, el valor más bajo de la serie histórica. Por su parte, la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo ha descendido más de 5 puntos desde 2018, situándose en 2023 en el 4,9%. Esta evolución confirma que las políticas públicas impulsadas en los últimos años están contribuyendo a reducir las diferencias salariales entre mujeres y hombres. No obstante, esta cifra sigue siendo inaceptable y pone de manifiesto que se trata de una discriminación estructural en el mercado de trabajo.
La desigualdad retributiva entre mujeres y hombres no es un hecho aislado ni accidental, sino el resultado de factores complejos e interrelacionados, profundamente enraizados en la estructura social, económica y cultural de nuestra sociedad, que persisten en el tiempo: la segregación ocupacional, la escasa presencia de mujeres en puestos de alta responsabilidad, la infravaloración de su trabajo, la mayor parcialidad y discontinuidad de sus carreras laborales debido a la falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidados, que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, y las dificultades de conciliación.
Una parte sustancial de la brecha retributiva actual se explica, asimismo, por la persistencia de sesgos en la valoración de puestos de trabajo que infravaloran ocupaciones desempeñadas mayoritariamente por mujeres. Los cuidados, la limpieza, la atención social o sanitaria y la educación infantil, actividades esenciales para el sostenimiento de la vida y el bienestar colectivo, continúan asociándose a salarios más bajos y a peores condiciones laborales, no por razones objetivas, sino por una atribución histórica de menor valor a los trabajos mayoritariamente realizados por mujeres. Corregir esta infravaloración requiere una acción pública sostenida que actúe, por un lado, sobre la devaluación estructural asociada a la segregación horizontal del empleo -que concentra a las mujeres en sectores socialmente indispensables pero sistemáticamente peor remunerados- y, por otro, garantice la aplicación efectiva del principio de igualdad retributiva por trabajos de igual valor, mediante sistemas de clasificación profesional y de valoración de puestos basados en criterios objetivos, neutros y no discriminatorios.
Cerrar la brecha salarial es esencial para garantizar la autonomía económica de las mujeres a lo largo de toda su vida para prevenir situaciones de precariedad, pobreza laboral y desigualdad en pensiones. Esta desigualdad a lo largo de la vida laboral tiene un reflejo directo y acumulativo en las pensiones. Las diferencias salariales, la mayor parcialidad y las interrupciones en las carreras profesionales derivan en cotizaciones más bajas y, en consecuencia, en pensiones inferiores, situando a muchas mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad económica tras la jubilación y aumentando el riesgo de pobreza y exclusión social.
En los últimos años, España ha consolidado un marco normativo y sus políticas públicas para afrontar estas desigualdades. La reforma laboral, orientada a reducir la precariedad y la temporalidad, el incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional -ambos con un impacto especialmente relevante en las mujeres-, el desarrollo y la aplicación de la normativa en materia de planes de igualdad y de transparencia retributiva, así como el impulso de medidas de conciliación y corresponsabilidad, están contribuyendo a mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Todo ello, junto a la decidida actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social demuestra la firme determinación del Gobierno de España de combatir la desigualdad retributiva.
Para avanzar en igualdad salarial es imprescindible avanzar también en corresponsabilidad: las instituciones públicas deben promover marcos normativos y servicios que alivien la carga de cuidados, las empresas deben adaptar sus políticas internas para facilitar horarios y permisos equitativos, y los hombres deben asumir una parte mayor de las responsabilidades de cuidado, porque según la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE, mientras casi un 34 % de las mujeres con empleo dedica cuatro horas diarias al cuidado de hijos, hijas, nietos o nietas, ese mismo porcentaje de hombres alcanza sólo alrededor de dos horas diarias, lo que evidencia una persistente desigualdad en la distribución del tiempo de cuidados que influye directamente en la brecha salarial.
La ampliación en 2025 del permiso por nacimiento hasta las 19 semanas retribuidas e intransferibles para cada persona progenitora y con una parte de disfrute flexible hasta los ocho años del menor, constituye un hito relevante en la promoción de la corresponsabilidad en los cuidados. Esta medida actúa directamente sobre uno de los principales factores que inciden en la desigualdad retributiva: la penalización de las trayectorias laborales asociadas a la maternidad y la desigual distribución de los tiempos de cuidado. de responsabilidades que resulta imprescindible para reducir las brechas salariales y laborales.
El impacto de estas políticas ya ha comenzado a reflejarse en la evolución del mercado laboral. Según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa, en 2025 se han alcanzado máximos históricos de ocupación, y la tasa de desempleo de las mujeres ha descendido al 11,24 % (EPA4T), situándose la de hombres en el 8,76%. La temporalidad en el sector privado continuó reduciéndose y se mantiene claramente por debajo de los niveles previos a la reforma laboral.
Esta mejora del empleo ha tenido un reflejo especialmente significativo en las mujeres: en 2025 el número de mujeres ocupadas se mantuvo de forma estable por encima de los diez millones, registrando las cifras más elevadas de la serie histórica y evidenciando un avance sostenido de su participación en el mercado de trabajo. En paralelo, la brecha salarial se ha reducido en más de ocho puntos porcentuales en la última década. Se trata de una evolución positiva que, sin embargo, no permite dar por superada una desigualdad que sigue siendo inadmisible, cuya erradicación constituye un compromiso irrenunciable de este Gobierno.
Así, el Gobierno considera esencial reforzar la profesionalización de las políticas de igualdad. El anteproyecto de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de agente de igualdad, informado por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 16 de diciembre, responde a la necesidad de que el marco normativo en materia de igualdad, así como las herramientas técnicas desarrolladas en los últimos años, cuenten con personal cualificado para su correcta implantación, seguimiento y evaluación, tanto en el ámbito público como en el privado.
Asimismo, el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, aprobado el pasado año, contempla la creación del grupo de trabajo para analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas ocupaciones o actividades profesionales con mayor presencia de mujeres. Este grupo permitirá analizar y visibilizar condiciones de trabajo en ocupaciones feminizadas que, pese a su dureza física o psíquica, han quedado históricamente ignoradas y excluidas de este reconocimiento, avanzando hacia un sistema de protección social más justo.
La reducción de la brecha salarial no se producirá de manera automática con el mero transcurso del tiempo. Exige una acción pública decidida y sostenida que continúe impulsando avances reales en la igualdad entre mujeres y hombres, y que evite que las desigualdades actuales se consoliden como desventajas acumuladas en términos de derechos y protección social.
Por todo ello, el Gobierno de España mantiene su firme compromiso de seguir impulsando políticas públicas orientadas a corregir las causas estructurales de la desigualdad retributiva, reforzando los mecanismos de aplicación, seguimiento y evaluación, y garantizando la igualdad retributiva como un elemento esencial de la cohesión social y de la justicia social.
Con motivo del Día para la Igualdad Salarial de 2026, el Gobierno de España reafirma su determinación de continuar avanzando hacia la igualdad retributiva efectiva, como condición indispensable para una sociedad más justa, cohesionada y democrática."
DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD EN ENTORNOS DIGITALES
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se insta a la Fiscal General del Estado a investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital cometidos contra menores en las principales redes sociales. Esta decisión, que se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se apoya en un informe técnico elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia, que alerta de la afección de estas prácticas a los niños y niñas.
En el informe se analizan las posibles responsabilidades penales de prácticas cada vez más extendidas en el entorno digital como la generación y difusión de contenidos sexuales y pornografía infantil a través las ultrafalsificaciones (deepfakes) y la manipulación de imágenes reales para crear otras de contenido sexual explícito y menoscabar la dignidad de las víctimas.
Se solicita al Ministerio Fiscal que, dentro de su autonomía y tras oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, analice e investigue estos hechos y ejerza las acciones penales que estime pertinentes y, además, se establezcan criterios de actuación y medidas concretas que permitan a las posibles víctimas y a sus tutores y representantes legales hacer valer sus derechos ante la Fiscalía.
Esta acción responde al surgimiento de un ecosistema de riesgo sin precedentes para la explotación sexual en el ámbito digital, especialmente de menores. La convergencia de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y las redes sociales masivas ha generado un entorno propicio para la creación y difusión de deepfakes hiperrealistas, y para la proliferación de canales opacos que distribuyen y monetizan estos contenidos. Según datos de la Comisión Europea, el 98% de estos deepfakes son de carácter pornográfico.
La violencia sexual digital ha escalado a niveles inéditos en las redes sociales. En España, una de cada cinco personas jóvenes, especialmente niñas y adolescentes, afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos suyos creados con IA siendo menores. Además, un tercio asegura haber sufrido acoso sexual digital durante su infancia, según datos de Save the Children.
Con esta iniciativa, España se suma a los países e instituciones de nuestro entorno que ya están tomando medidas al respecto. Fuera de la Unión Europea, países como el Reino Unido, Malasia, Indonesia, Kenia y diversos estados de EEUU también han abierto diligencias por estos hechos.
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