Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Derechos Sociales y Agenda 2030
Acuerdo por el que se aprueba la cancelación de los programas del
Imserso de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en
zonas turísticas para la temporada 2020/2021, y de termalismo para la temporada
2020
El Consejo de Ministros ha acordado la cancelación de los programas del Imserso de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas para la temporada 2020/2021, y de termalismo para la temporada 2020.
La situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 persiste, siguen produciéndose nuevos rebrotes y hospitalizaciones a diario por su causa y no puede conocerse con certeza la fecha en que finalizará la crisis sanitaria. Por ello, y dado que el colectivo al que van dirigidos los programas de turismo y termalismo social del Imserso es uno de los colectivos más afectados por la pandemia, se hace necesario adoptar la medida excepcional de cancelar dichos programas aprobados para la temporada 2020/2021 y para la temporada 2020, respectivamente.
Esta medida excepcional se acuerda en el ejercicio de la función del Gobierno de adopción de directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado, recogida en el artículo 5.1.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y teniendo en cuenta la competencia exclusiva de coordinación general de la sanidad que la Constitución Española atribuye al Estado en su artículo 149.1.16ª.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Ministro de Sanidad, en su reunión del día 22 de septiembre de 2020, acuerda la cancelación del programa de turismo social del Imserso para personas mayores para la temporada 2020/2021, así como la cancelación del programa de termalismo social del Imserso para la temporada 2020.
Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con
motivo del quinto aniversario de la Agenda 2030
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del quinto aniversario de la Agenda 2030.
El próximo 25 de septiembre se cumplen cinco años desde que los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicha resolución supuso un hito fundamental por el cual el conjunto de la comunidad internacional acordó señalar los grandes desafíos de nuestras sociedades y, sobre todo, se comprometió a trabajar durante los próximos quince años para abordarlos y lograr los grandes objetivos que teníamos por delante. España se comprometió desde dicho momento con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objetivo debía trascender de la declaración y convertirse en el centro de la visión de Estado, del proyecto de país y de la acción de gobierno.
Tras haber transcurrido los cinco primeros años desde su adopción, el Gobierno de España renueva y fortalece su compromiso con la Agenda 2030 y los ODS, señalándolos como el camino indispensable para la reconstrucción de nuestro país y el logro de un mundo y una sociedad más justa, respetuosa con todos y todas y con nuestro planeta.
El lustro transcurrido ha dejado ver el camino que queda por recorrer para lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A este respecto, el Gobierno de España es plenamente consciente de la necesidad de seguir avanzando, de la mano de todos los actores, en la consecución de cada una de las metas que conforman los ODS en España y en todo el mundo, así como de los recursos y acciones decididas que hacen falta para ello. Es necesario que abordemos con determinación y valentía la transición ecológica que necesita nuestro país y apostemos por un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad y el trabajo decente como pilares del futuro. Junto a ello, debemos comprometernos a impulsar firmemente la Agenda 2030 como la guía de transformación a escala global que representa, para lograr que los ODS se alcancen universalmente y sin dejar a nadie atrás: erradicando la pobreza, el hambre y la exclusión en todas sus facetas, reduciendo las desigualdades, garantizando el respeto y la protección de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras y asegurando la salud de nuestro planeta.
Igualmente, estos cinco años también han permitido constatar el esfuerzo de múltiples personas y colectivos, desde ámbitos diferentes, por avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. A este respecto, el Gobierno de España quiere poner en valor y agradecer la inestimable colaboración de las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector público y privado, la Academia y, por supuesto, de la sociedad civil que durante muchos años han trabajado por acercar nuestro país al cumplimiento de los ODS.
El quinto aniversario de la Agenda 2030 se produce, además, en una situación trascendental donde la crisis sanitaria, económica y social ha vuelto a demostrar las debilidades del modelo actual y la necesidad de reforzar nuestro compromiso y de seguir avanzando en la protección de las personas y de nuestro entorno. La Agenda 2030 se presenta, más que nunca, como la hoja de ruta necesaria para salir de la crisis, apostando por la justicia social y la sostenibilidad como bases de la reconstrucción tras la pandemia. Esto significa comprometernos con el fortalecimiento y la protección de los servicios públicos, consolidar nuestro sistema de protección social asentándolo en un sistema fiscal basado en la redistribución y la progresividad que nos equilibre al conjunto de la Unión Europea y reforzar nuestro apoyo a los países más desfavorecidos.
A este respecto, el Gobierno de España vuelve a manifestar su compromiso para que la Agenda 2030 sea un principio esencial en todos los ámbitos en los que se trabaje desde el Ejecutivo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son y deben ser la piedra angular a partir de la cual articular las políticas internas, tienen que conformarse como un pilar fundamental ineludible en nuestra acción exterior, deben que inspirar el refuerzo de nuestra cooperación para el desarrollo y han de articular el conjunto de nuestras iniciativas, garantizando la coherencia de las políticas con el desarrollo sostenible y la presencia de la Agenda 2030 como hilo conductor en todas las acciones.
A principios del año 2020 la Organización de las Naciones Unidas proclamaba la "Década para la Acción", señalando la necesidad de una voluntad política firme y de acciones decisivas que durante los próximos diez años nos lleven a cumplir estos objetivos en la fecha prevista. El Gobierno se suma decididamente a esta declaración y manifiesta la necesidad de acelerar más aún el trabajo del Ejecutivo para alcanzar el cumplimiento de los ODS, así como de estrechar el diálogo con todos los actores para lograr este avance.
La Agenda 2030 supone el compromiso de nuestro país con sus ciudadanos y ciudadanas para construir un futuro más justo y más sostenible, que sólo se conseguirá con acciones y políticas decididas. Mientras celebramos su quinto aniversario, debemos mirar el tiempo que tenemos por delante y no perder un minuto en seguir poniendo en marcha todas las acciones que nos lleven a convertirla en una realidad dentro y fuera de nuestras fronteras.
Igualdad
Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo
del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas
y Niños
El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la trata de Mujeres, Niñas y Niños, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, el Gobierno de España mediante esta Declaración Institucional, expresa su firme compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, y con la puesta en práctica de medidas que, a través de la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones que prestan servicios a las víctimas, promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual con un enfoque centrado en la protección y garantía de sus derechos y dignidad.
El Gobierno de España reitera así su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres cuya consecución requiere la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
Todo esto cuando se conmemora el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), primer instrumento internacional en la materia, que sirve como el punto de partida de la creación y ejecución de las políticas públicas en relación con la lucha contra la trata de seres humanos.
A la vez, que también conmemoramos el vigesimoquinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cuyo objetivo estratégico insta a los Gobiernos a eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la explotación sexual, prostitución y la trata de mujeres.
Ambos aniversarios nos brindan la ocasión de poner en valor los instrumentos desarrollados por España para mejorar la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil cumpliendo los compromisos y estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de erradicación de la violencia de género, que nos sitúan como referentes internacionales. En este sentido, y como consecuencia de la crisis sanitaria mundial a causa de la COVID-19 y del incremento de la violencia asociado al aislamiento social para prevenir y contener esta pandemia sanitaria, el Gobierno ha aprobado la Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de genero ante la crisis del COVID-19: medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución.
Con él garantizamos el establecimiento y adaptación de los servicios públicos y los recursos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, sobre todo, de quienes son migrantes y menores de edad, para atender sus necesidades específicas desde la garantía de los derechos de las víctimas.
Trabajo y Economía Social
Real Decreto Ley que regula el trabajo a distancia
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que regulará el trabajo a distancia, una norma fruto del acuerdo del Diálogo Social, y que sitúa a España en la vanguardia del marco europeo en la regulación de una forma de organización del trabajo cuyo protagonismo se ha revelado esencial durante la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid 19. El Real Decreto Ley otorga a las personas trabajadoras a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa y se fundamenta en la voluntariedad y el acuerdo de personas trabajadoras y personas empleadoras.
Se entenderá como trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
El Real Decreto Ley se basa, ha recordado, en la "voluntariedad" para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que deberá formalizarse por escrito, registrarse en la oficina de empleo y entregarse a la representación legal de las personas trabajadoras.
La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia, que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
A lo largo de la norma, el papel de la negociación colectiva se refuerza, con remisiones expresas tan importantes como la regulación del ejercicio de la reversibilidad (vuelta al trabajo presencial tras acordar el trabajo a distancia) por las partes, el derecho a la desconexión, la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante este modelo organizativo, una duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia.
El texto del Real Decreto Ley contempla los principales derechos de la trabajadora y del trabajador a distancia, tales como el derecho al abono y compensación de gastos. La persona trabajadora no asumirá ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Además, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios en los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. El trabajo a distancia, implantado excepcionalmente por la emergencia sanitaria, también obliga a las empresas a dotar de medios, equipos y herramientas, así como al mantenimiento. La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados de esta forma de trabajo a distancia.
Se regula, así mismo, el derecho al registro horario adecuado, que deberá incluir el momento de inicio y finalización de la jornada; y el derecho a la prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos que deberá tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, en especial factores psicosociales, ergonómicos y organizativos.
La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará derecho a la intimidad y a la protección de datos, así como el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo.
La ley no será de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica. Hasta que se apruebe esa normativa específica, se mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas lo previsto por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.
Medidas en materia de Seguridad Social
El RD incluye también medidas en materia de Seguridad Social para agilizar y facilitar a los ciudadanos el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Entre las medidas se incluyen la ampliación de los efectos económicos retroactivos a las solicitudes presentadas hasta fin de año, si se cumplen los requisitos, la eliminación del requisito previo de inscribirse en los Servicios Públicos de Empleo para solicitar la prestación (pasa a ser una obligación a posteriori) y se elimina para algunos casos concretos. Además, se ha ampliado el plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes hasta 6 meses.
Otras de las modificaciones están relacionadas con la mejoría de los procedimientos de gestión. Una de ellas permite el cruce de datos de titulares y beneficiarios de las solicitudes con los que obran en el Padrón, para poder obtener la información padronal de forma automática en el caso en que coincida la información entre el Padrón y la solicitud. Y también se facilitará la gestión del Ingreso Mínimo Vital a los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas.
Acceder al Real Decreto Ley (BORM nº 253 de 23/09/2020)
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