Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Con esta declaración, se pone de relieve que la ejecución de las políticas públicas destinadas a la eliminación de la discriminación racial y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva es una línea prioritaria de actuación, y se condenan todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad.
El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial, proclamado en 1966 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
La lucha contra la discriminación racial o étnica es una de las prioridades del Gobierno de España, tanto en su política interior como exterior. Por este motivo, se vienen impulsando una serie de acciones que contribuyen a la eliminación de cualquier forma de discriminación racial u otras formas conexas de intolerancia.
La Unión Europea ha aprobado recientemente el Plan de acción de la UE Antirracismo para 2020-2025, en el que da un paso importante al reconocer un racismo estructural que estaría "arraigado en la historia de nuestras sociedades, entrelazado con nuestras raíces y que se refleja en la forma que funciona la sociedad y se distribuye el poder, a veces, de una manera inconsciente".
España lleva años avanzando en la lucha contra los delitos de odio, pero quedan importantes desafíos que afrontar, especialmente en un contexto europeo y nacional donde es preciso tener una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia. Tanto las actuaciones especializadas de la Fiscalía General del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como el camino recorrido por el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia han sido pasos importantes.
El Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, órgano creado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden de lo Social, que transpone la Directiva 2000/43, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, ha visto incrementados considerablemente sus medios humanos y económicos, así como las tareas de asistencia independiente que se proporciona a las víctimas de discriminación racial. También se ha reforzado el compromiso para actuar ante la situación de los asentamientos informales donde viven numerosas personas migrantes, del pueblo gitano, africanas y afrodescendientes y árabes, entre otros grupos poblacionales y étnicos.
Esta norma se une al impulso de la educación con un enfoque de derechos humanos, como ha quedado reflejado en la reciente reforma de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en su desarrollo normativo, y al compromiso de promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Por todo ello, se considera necesaria la aprobación de una ley contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, que reconozca el racismo estructural presente en la sociedad española; que aborde la posibilidad de activar medidas especiales o de acción positiva de carácter temporal para combatirlo; que refleje la oposición activa del Estado frente al racismo; que mejore la atención a las víctimas de la discriminación racial y la intolerancia asociada para vencer la desconfianza de las víctimas a denunciar y reducir el nivel de infra denuncia de los actos de discriminación racial, del discurso de odio ilegal y de los delitos de odio, como medio para combatir los altos niveles de impunidad; y que perfeccione el marco normativo, concretando las infracciones y sanciones para tener un corpus normativo específico que sancione las conductas de discriminación racial.
En este sentido, el Plan Anual Normativo 2022 incluye la propuesta de ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, cuya consulta pública comenzará este 21 de marzo de 2022, con la finalidad de recabar las opiniones de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla contarán con márgenes de flexibilidad para adaptar los programas a las necesidades de cada región, siempre que estén alineadas con el cumplimiento de los hitos y objetivos asignados al componente 15 del Plan de Recuperación. Asimismo, deberán establecer sistemas de gestión independientes que faciliten el control de la ejecución de las ayudas y visibilizar que corresponden a programas financiados con fondos del Plan de Recuperación.
El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de 155 millones de euros con carácter finalista a las comunidades autónomas para avanzar en el desarrollo de tres iniciativas del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales (UNICO): ÚNICO-Industria y Empresas, ÚNICO-Bono Social y ÚNICO-Edificios, cuyo objetivo es reforzar el acceso a la conectividad en todo el territorio y mejorar las conexiones de banda ancha ultra rápida (más de 100Mbps) en las áreas de concentración económica y las empresas.
La transferencia aprobada hoy corresponde al periodo 2022-2023 y completa las previstas en el Plan de Recuperación. Estas inversiones se enmarcan en el componente 15 del Plan de Recuperación, que cuenta con una dotación de 4.000 millones de euros para extender la conectividad digital, desarrollar la tecnología 5G e impulsar la ciberseguridad. Su despliegue contribuye a una recuperación sólida y sostenible de la economía española y favorece la modernización del país.
Actuaciones a financiar
El Programa ÚNICO-Industria y Empresas tiene una dotación de 75 millones de euros para el periodo 2022-2023 y su objetivo es reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad económica, situados en zonas blancas o zonas grises NGA. El programa incluirá tanto el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.
La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo con criterios de extensión de territorio y número de empresas en las comunidades autónomas. El objetivo del programa es que 1.600 pequeños polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una velocidad de conectividad de 1-Gigabit.
ÚNICO-Bono Social tiene una dotación de 20 millones de euros para 2022 y 2023, para contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables. Existirá una limitación de un bono social por unidad familiar y persona con cuantía máxima de 240 €/año.
Pueden colaborar con el programa del bono social aquellos operadores que presten servicio en todas o en alguna de las comunidades y ciudades autónomas. La distribución entre las comunidades autónomas se ha realizado de acuerdo al número de familias en riesgo de pobreza. El objetivo es la concesión de al menos 125.000 bonos de conectividad para personas o familias calificadas de vulnerables para la adquisición de un paquete de conexión de banda ancha con la tecnología más adecuada
Por último, ÚNICO-Edificios permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. La dotación para 2022 y 2023 es de 60 millones de euros y se distribuye en función del número de edificios construidos antes del año 2000. Con estas ayudas se pretende contribuir al objetivo de 13.600 edificios, como mínimo, que hayan mejorado la infraestructura común de redes de conectividad a fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad.
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