Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo de la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, declarado por las Naciones Unidas en 1977. El Gobierno de España muestra su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como con las políticas públicas que resuelvan las desigualdades materiales, simbólicas y de valor que enfrentan las mujeres.
La primera huelga feminista, convocada en 2018, interpeló a las instituciones públicas y colocó en el centro de la discusión debates ausentes hasta ese momento. Su lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", vino a recordarnos que el trabajo doméstico y los cuidados, esas actividades cotidianas que hay que hacer, son un trabajo básico para la supervivencia y la garantía de disfrute de cierto bienestar físico y emocional para las personas.
España ha ratificado los principales instrumentos internacionales, como la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y violencia domestica (Convenio de Estambul). Asimismo, se ha adherido a los acuerdos globales, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, entre otros.
La Agenda 2030 es la guía fundamental para avanzar en la igualdad de género a nivel global. España ha impulsado de manera decidida los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género y seguirá contribuyendo al desarrollo y aplicación del Plan de Acción de la UE de implementación del Enfoque Estratégico hacia Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2024 y de los objetivos recogidos en la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión Europea.
Declaración institucional
"El 29 de octubre de 2020, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género hacía público el último Índice Europeo de Igualdad de Género en el que advertía que la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea avanza muy lentamente: sólo 4,1 puntos en la última década y 0,5 puntos desde el 2017. Un ritmo tan lento, 1 punto cada dos años, indica que serían necesarios más de 60 años para lograr la plena igualdad de género en la UE. El mismo informe también alertaba que la crisis provocada por la Covid-19 puede tener como resultado un retroceso profundo en los frágiles avances logrados hasta la fecha.
En los últimos cuarenta años, España ha desarrollado una intensa actividad institucional para erradicar la discriminación y la desigualdad creando organismos, impulsando políticas públicas y articulando marcos normativos para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Al tiempo, nuestro país se ha convertido en uno de los epicentros, en el plano internacional, de las grandes movilizaciones feministas que desde el 2018 se han sucedido en todo el mundo. España se ha consolidado en el ámbito internacional y multilateral como uno de los países impulsores de los avances en la igualdad de género. Este mismo año, se ha elegido a la primera Presidenta de Sala del Tribunal Supremo. Un gran avance y una referencia para que las mujeres puedan seguir rompiendo techos de cristal en los órganos de gobierno del poder judicial.
España está firmemente comprometida con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas y ha ratificado los principales instrumentos internacionales, como la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y violencia domestica (Convenio de Estambul), y se ha adherido a los acuerdos globales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, entre otros. La Agenda 2030 es la guía fundamental para avanzar en la igualdad de género a nivel global. España ha impulsado de manera decidida los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género y seguirá contribuyendo al desarrollo y aplicación del Plan de Acción de la UE de implementación del Enfoque Estratégico hacia Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2024 y de los objetivos recogidos en la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión Europea. Trabajaremos para avanzar hacia la adhesión de la Unión Europea al Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).
Desde el inicio de la pandemia, tanto el Secretario General de las Naciones Unidas, como ONU Mujeres o la Alta Comisionada para los Derechos Humanos alertaron del impacto desproporcionado de los efectos de la Covid-19 en mujeres y niñas en todo el mundo. España ha desarrollado importantes acciones en el ámbito de Naciones Unidas, promoviendo resoluciones sobre la materia en la Asamblea General de Naciones unidas y el Consejo de derechos Humanos, en coordinación con ONU Mujeres, introduciendo el enfoque de género en el trabajo de organismos como la Organización Mundial de la Salud o a través de instrumentos como la Estrategia Conjunta de la Cooperación Española en respuesta a la Covid-19.
España sigue avanzando en la profundización del enfoque de género en todas sus acciones de política exterior en el marco de su diplomacia feminista con el objetivo de garantizar una recuperación y respuesta que avance hacia la igualdad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto, España promueve la concertación internacional para hacer frente a la trata de personas, que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, así como para erradicar la mutilación genital femenina y los matrimonios de menores.
El empuje feminista institucional y social, sin embargo, no ha conseguido que los avances se aceleren ni que estos se consoliden. Entonces ¿cuáles son las resistencias que bloquean lo que ya existe dentro y fuera de las instituciones? Las respuestas son múltiples, pero hay una incontestable: la resistencia al avance feminista se explica por ser mujeres.
Los datos que arrojan los numerosos estudios realizados son consistentes y no dejan margen para la interpretación sobre la realidad en la que vivimos: la vida de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos en los que la vida de las personas discurre. Ello se refleja en el acceso, la participación y la promoción laboral, en los salarios, en la precariedad laboral, en las pensiones, en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados, en la disponibilidad de tiempo, en la brecha digital de género, en la menor presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la representación en los órganos de mayor poder político, judicial o económico, en la participación social, deportiva y cultural, en el predominio de problemas de salud mental, en la creciente feminización de la pobreza y sus graves consecuencias, en la mayor dificultad de acceso a los recursos básicos para vivir -vivienda, alimentación, luz o calefacción- y en la mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia machista. Una violencia machista que es la manifestación más atroz de la desigualdad entre mujeres y hombres y que ha supuesto que 1.081 mujeres hayan sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003.
Las mujeres y niñas, sufren además múltiples formas de discriminación, entre otras, discriminación por razón de origen étnico o racial, por discapacidad, religión, u orientación sexual e identidad de género.
La primera huelga feminista, convocada en 2018 y transformada en un hito histórico del movimiento feminista español, interpeló a las instituciones públicas y colocó en el centro de la discusión debates ausentes hasta ese momento. Su lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", vino a recordarnos que el trabajo doméstico y los cuidados, esas actividades cotidianas que sí o sí hay que hacer, son un trabajo básico para la supervivencia y la garantía de disfrute de cierto bienestar físico y emocional para las personas.
La pandemia, precisamente, ha colocado en escena, con inusual protagonismo, el valor de aquello que permanecía oculto. Esos trabajos y tiempos que, invisibilizados, son desarrollados por las mujeres, en general, y especialmente por aquellas que menos posibilidades de elección tienen: mujeres pobres, mujeres migrantes y mujeres racializadas. Hemos observado como las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la Covid-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También, que se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis, en definitiva, ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan.
Una de las demandas centrales del movimiento feminista para lograr la emancipación de las mujeres ha sido avanzar en la mejora de la autonomía económica a través de su acceso y participación en el mercado laboral. Sin embargo, esta autonomía económica está estructuralmente amenazada porque ese avance no ha ido acompañado, entre otros, de la transformación en el reparto de los trabajos domésticos y de cuidados en los hogares a través de políticas públicas que aumentaran la corresponsabilidad de las instituciones y de los hombres. Por eso, las mujeres en España hoy trabajan más que los hombres, pero son más pobres en términos económicos y en disponibilidad de tiempo.
El movimiento feminista en España ha conseguido que una nueva agenda política vinculada con la redistribución de la riqueza, el tiempo y el trabajo entre en las instituciones y que se recuperen estructuras institucionales específicas, como el Ministerio de Igualdad, para dar respuesta a dichas cuestiones. La crisis de la Covid-19, además, ha venido a reforzar con la mayor de las crudezas la urgencia de lo que el feminismo lleva décadas reivindicando.
Es el tiempo de traducir las demandas feministas en políticas públicas que resuelvan de manera socialmente justa los trabajos que se han revelado esenciales para la vida y que constituyen la condición de posibilidad para intervenir sobre las desigualdades materiales y las desigualdades simbólicas y de valor que enfrentan las mujeres. Es tiempo de transformar los currículos educativos, los libros de texto y demás materiales educativos para eliminar estereotipos sexistas o discriminatorios y de formar al profesorado en la promoción de la igualdad. Un camino iniciado con la nueva Ley de Educación, que establece como un principio del sistema educativo el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableciendo el enfoque de igualdad de género a través de la coeducación, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. También, de realizar un especial esfuerzo porque la transición hacia un modelo productivo que haga sostenible la vida presente y futura, ligado a la ciencia, a la investigación y a la innovación, no deje a las mujeres atrás, integrando la dimensión de género y fomentando el liderazgo femenino y la presencia equilibrada de las mujeres en los mismos. Por eso, es urgente intervenir para atraer, retener, fomentar el talento femenino en este ámbito y para mejorar las condiciones laborales en sectores claves para la supervivencia humana como el sector primario o el de los servicios sociales esenciales.
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de España expresa su firme compromiso con desplegar un paquete de medidas públicas que avancen hacia una transición económica basada en el cuidado y la reparación social, no reproductora de las desigualdades entre mujeres y hombres y con promover dichas políticas públicas en el plano internacional. Unos compromisos alineados en el plano internacional con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020-2025, y contenidos en el Acuerdo del Programa de Gobierno de España para la XIV Legislatura y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2024."
Derechos Sociales y Agenda 2030
Informe sobre las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030
El Consejo de Ministros ha aprobado las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, un documento que recoge el núcleo de la futura Estrategia, que se aprobará en los próximos meses. La Estrategia de Desarrollo Sostenible será la herramienta del Gobierno para lograr que España cumpla con la Agenda 2030, convirtiéndose en un país más justo socialmente, sostenible, igualitario y feminista en los próximos años.
En este documento se especifican ocho retos que enfrenta España en la actualidad y las políticas que han de ponerse en marcha para afrontarlos. En concreto, el Ejecutivo ha detectado que los desafíos que tiene nuestro país son el de la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; y la situación del medio rural, entre otros. Para afrontar dichos retos, el Ejecutivo debe poner en marcha una serie de políticas concretas desde hoy hasta 2030 que se recogen en el documento.
Nuestro país se comprometió en 2015 a implementar la Agenda 2030 con el objetivo de mejorar la vida de las personas, el entorno natural en el que nos encontramos y nuestra relación con el mismo, así como fortalecer nuestras instituciones y servicios públicos. Por ello, casi seis años después de su aprobación, este documento de Directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible pretende marcar la senda para que España cumpla con su compromiso en los próximos años.
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