Fuente: Referencia
del Consejo de Ministros
Igualdad
Acuerdo por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género
en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados
o dependientes de ella
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,
contempla la aprobación por el Gobierno de un Plan para la Igualdad en la
Administración General del Estado (AGE) y en sus Organismos Públicos. En
cumplimiento de esta previsión, el Consejo de Ministros adoptó los acuerdos de
28 de enero de 2011, que aprobó el I Plan, y de 20 de noviembre de 2015, que
aprobó el II Plan.
Con este III Plan, se abordarán las necesidades reales del personal al
servicio de la AGE con un alcance global e integral, y que sus medidas sean
referencia para el diseño e implementación de planes de igualdad en todas las
organizaciones.
Como los planes precedentes, este III Plan se inserta en el marco jurídico de
Naciones Unidas, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 en materia de igualdad de género, trabajo decente y garantía de la
igualdad de oportunidades.
Sus medidas están alineadas con las metas del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades, recogido en el artículo 17 de la Ley Orgánica y del Pacto de
contra la violencia de género, aprobado por el Congreso y el Senado en 2017.
Sus objetivos son: medir para mejorar, cambio cultural, transversalidad de
género y detección temprana y abordaje integral de situaciones especialmente
vulnerables.
A diferencia de los anteriores planes, incluye sólo medidas de carácter
transversal, a fin de que los diferentes departamentos ministeriales y
organismos dependientes puedan desarrollar medidas específicas basadas en sus
criterios y acciones comunes.
El III Plan se articula en 6 Ejes de actuación, que desarrollan 68
medidas:
Eje 1 Medidas instrumentales para la transformación
organizacional
En este Eje, se proponen medidas, entre las que destacan: Realización de
estudios con perspectiva de género, Fortalecimiento de la red de las Unidades de
Igualdad, Inclusión efectiva de la perspectiva de género en la producción
normativa, así como el desarrollo de un Protocolo contra el Acoso sexual y el
Acoso por razón de sexo que haga de la AGE, un espacio libre de violencia de
género en el ámbito laboral.
Eje 2 Sensibilización, Formación y Capacitación
Aquí se contempla el diseño de un Plan Integral de formativo en igualdad y el
desarrollo de herramientas metodológicas para su total expansión y Continuar con
la sensibilización del personal de la AGE.
Eje 3 Condiciones de trabajo y desarrollo personal
Tiene como fin captar y retener talento femenino, promoviendo el desarrollo
de la carrera profesional de las mujeres, y creando condiciones que faciliten la
eliminación de la brecha retributiva.
Eje 4 Corresponsabilidad y Conciliación de la vida laboral, personal
y familiar
La AGE ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años en materia de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. No obstante, la
conciliación todavía recae mayormente sobre las mujeres, lo que incide sobre su
carrera profesional y sus retribuciones.
La AGE apuesta en este III Plan por la corresponsabilidad, en línea con
acciones impulsadas recientemente, como la equiparación de forma progresiva del
permiso de paternidad al de maternidad tanto en el sector privado como público.
Este Eje incluye multitud de medidas para reequilibrar situaciones
desfavorables, como son las excedencias por agrupación familiar, los permisos
para personas con familiares a cargo, o fomentar la formación y el acceso a
promoción interna, etc...
Eje 5 Violencia contra las mujeres
Se incluyen medidas de gran potencia para erradicar esta lacra social:
formación y sensibilización permanente, elaboración de directrices y medidas
para apoyar y proteger a la víctima, reforzar las medidas favorables de
movilidad laboral para las víctimas, etc…
Eje 6 Interseccionalidad y situaciones de especial
protección
Se pretende incorporar, por primera vez, la actuación frente a diferentes
formas de desigualdad o discriminación exhibiendo el carácter innovador y
avanzado de este Plan, al incluir diagnósticos comparados y también medidas
relacionadas con incapacidad, todo tipo de discriminación y atención a la
diversidad sexual.
Este Plan, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica, ha sido
objeto de negociación en el seno de la Comisión Técnica e Igualdad de
Oportunidades y Trato de Mujeres y Hombres.
El 26 de noviembre de 2020, dicha Comisión acordó elevar su texto final a la
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, siendo
aprobado por ésta formalmente en su reunión del día 30 de noviembre de 2020.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Acuerdo por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con
motivo del Día de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos,
coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.
La conmemoración del Día de los Derechos Humanos se produce este año en un
contexto marcado por la crisis del coronavirus, que ha tenido un impacto
significativo sobre los derechos humanos, en ocasiones intensificando o sacando
a la luz tendencias preexistentes. España está firmemente comprometida con la
promoción y la protección de los derechos humanos, contribuyendo de esta manera
a un mundo más libre, más justo y en paz. La defensa de los derechos humanos
constituye por ello una prioridad de su acción exterior.
El próximo 31 de diciembre, España terminará su segundo mandato como miembro
del Consejo de Derechos Humanos. Ello no significará una reducción de nuestro
compromiso con los derechos humanos en el plano internacional sino un compromiso
reforzado por esa experiencia de tres años en el Consejo, como demuestra la
decisión de presentar de nuevo nuestra candidatura para el período 2025-2027.
España seguirá además promoviendo el enfoque de derechos humanos en todas las
iniciativas, acciones y políticas en el ámbito internacional.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden
TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos
de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas
transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica y
mejora el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden
TMA/378/2020, de 30 de abril.
En este Real Decreto se definen los criterios y requisitos de los
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias
de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
covid-19.
Las modificaciones introducidas, todas ellas dirigidas a facilitar la gestión
y lograr una mayor eficiencia de los recursos, se concretan en:
- Supresión de la exigencia de la suscripción de un Acuerdo entre el
Ministerio, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, con
carácter previo a la adquisición de viviendas por las Administraciones Publicas
o sus entidades vinculadas o dependientes, con ayudas del Ministerio, con objeto
de acelerar el incremento el parque público de vivienda.
- Extensión de la ayuda a la adquisición de vivienda a los jóvenes, no solo en
municipios de menos de 5.000 habitantes sino también en núcleos de población de
menos de 5.000 habitantes. Se aclara así la intención inicial del regulador y se
incrementa la contribución a los objetivos del Reto Demográfico.
- Extensión del plazo de concesión de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, facilitando la gestión y mejorando
la eficiencia de los recursos transferidos por el Ministerio a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para dicho Plan Estatal.
- Ampliación del plazo para la adquisición del compromiso financiero por las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en la ejecución de
cualquier ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con cargo a los fondos
comprometidos por el Ministerio en los ejercicios 2020 y 2021, hasta el 31 de
diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, respectivamente.
- Ampliación del plazo de ejecución de 193 actuaciones de fomento de la
regeneración y renovación urbanas, articuladas al amparo del Plan Estatal
2013-2016 y su prórroga, en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta
ampliación ha venido siendo solicitada por las comunidades autónomas y con ella
se mantiene la actividad, manteniendo e incluso creando puestos de trabajo y
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos que habitan los ámbitos
afectados.
- Regulación de un proceso de verificación y comprobación razonablemente
eficiente y que garantice la correcta aplicación de las ayudas transitorias de
financiación aprobadas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, es decir, de los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para
arrendatarios vulnerables como consecuencia de la pandemia del
COVID-19.
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al Real Decreto (BOE nº 322 de 10/12/2020)
Sanidad
Acuerdo por el que se aprueba, para el ejercicio 2020, la
distribución definitiva del crédito, por importe de 1.750.000 euros, de la
aplicación presupuestaria del Ministerio de Sanidad destinada al programa de
reasentamiento y reubicación de refugiados
El Consejo de Ministros ha acordado la distribución de distintos créditos,
por más de 129 millones de euros, a las comunidades autónomas para llevar a cabo
distintos planes y programas sanitarios. Se trata de la financiación del
programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad
del SNS; el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de
Salud (SNS); el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados; y
estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas y de
la vigilancia en salud
En concreto, se han formalizado los criterios objetivos de distribución, así
como la distribución resultante de créditos por un importe de 121.187.110 euros
entre las comunidades autónomas para la financiación del programa de desarrollo
de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS.
Además, se ha acordado la distribución de 3.575.000 euros, para la
financiación del Plan Anual de Trabajo 2020 de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de
Salud (SNS), a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias,
Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco.
También se ha aprobado la distribución de 1.750.000 euros de la aplicación
presupuestaria del Ministerio de Sanidad destinada al programa de reasentamiento
y reubicación de refugiados. El crédito se distribuye entre todas las CCAA y
Ciudades Autónomas.
Otro de los créditos, de 2.818.070 euros, está destinado a financiar
estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas y de
la vigilancia en salud. Corresponden al ejercicio 2020 y se distribuyen entre
todas las CCAA a excepción del País Vasco y Navarra, por su tratamiento como
carga asumida en el cálculo del cupo de cada una de estas dos comunidades
autónomas.
Por otra parte, se ha acordado el abono de la contribución económica
correspondiente a la anualidad de 2020, al Instituto Federal de Alemania de
Medicamentos y Productos Sanitarios, con referencia a la aplicación informática
Communication and Tracking System (CTS), por un importe de 17.763,12 euros.
Finalmente, el Gobierno también ha autorizado el abono de la contribución
económica, correspondiente desde abril 2020 hasta marzo 2021, al Health Products
Regulatory Authority (HPRA) con referencia a la aplicación informática Common
Eurpoean Submission Portal (CESP), por importe de 35.000 euros.
