Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
APROBACIÓN DEL IV PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA AGE
El Consejo de Ministros ha aprobado el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los órganos públicos vinculados o dependientes de ella con el objetivo de eliminar las desigualdades de género que puedan existir en el seno de la AGE, impulsando una presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las categorías y escalas, garantizando la equidad efectiva de trato y de oportunidades, así como en los distintos puestos de trabajo.
El texto es fruto del diálogo social y del acuerdo con las principales formaciones sindicales y más representativas en la Administración Pública y recoge medidas que vienen recogidas en el nuevo Pacto contra la Violencia de Género.
El Plan persigue hasta 20 objetivos por medio de 45 actuaciones que tienen que ver con la transformación de las organizaciones; sensibilización, formación y capacitación; condiciones de trabajo y desarrollo personal; corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar; y violencia contra las mujeres.
Para mejorar el conocimiento del grado de igualdad en la AGE, el plan contempla la recogida periódica y sistematizada de datos en materia de igualdad para asegurar la evolución continua de los avances y la detección de áreas de mejora.
El documento ha sido objeto de negociación en el seno de la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y Trato de Mujeres y Hombres. Además, el texto definitivo fue presentado ante la Comisión Técnica del pasado mes de junio y, posteriormente, recibió la aprobación de la Mesa General de la Administración General del Estado, con el respaldo de las organizaciones sindicales.
Estudio de la brecha salarial y plan de actuación
Entre las principales novedades del nuevo Plan, destacan las medidas dirigidas a consolidar la igualdad retributiva entre empleados y empleadas de la Administración. Para ello, el proyecto propone un estudio sobre la brecha salarial en la AGE, así como el desarrollo, en caso necesario, de un plan de actuación para eliminar las diferencias salariales por razón de sexo. Además, defiende la representación equilibrada de mujeres y hombres en la provisión de puestos de responsabilidad.
Asimismo, el proyecto contempla promover la captación del talento en cuerpos donde exista infrarrepresentación, además de fomentar la participación de empleadas públicas en el conocimiento de las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El Plan también impulsa la formación en materia de igualdad de género en todos los niveles de la Administración o a través de la inclusión de contenidos temáticos en temarios de los procesos selectivos de oferta pública, entre otros.
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
El texto también hace hincapié en aquellas acciones encaminadas a avanzar en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con el fin de lograr una igualdad real. El documento concluye que el 75% de los permisos no retribuidos en la AGE corresponde a mujeres. Y es que, según se indica, estas siguen siendo las que asumen la mayor parte de las responsabilidades acerca de las tareas domésticas y el cuidado de menores y mayores.
En este sentido, el Plan incluye en la modalidad de jornada intensiva de verano, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, al personal de la AGE que tenga a su cargo personas mayores dependientes. Además, trata de mejorar la conciliación a través de dar preferencia a estos empleados a la hora del disfrute de vacaciones y permisos por asuntos particulares. Hasta ahora, este derecho solo estaba reconocido para aquellas empleadas y empleados con menores de 12 años a cargo y para el personal que tenga a su cargo a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, siempre que convivan con la persona solicitante y dependan de esta.
Violencia contra las mujeres
En el área sobre la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, el programa establece el fortalecimiento de las unidades de igualdad en todos los ámbitos de la Administración, mediante la difusión de los Puntos violetas, con el fin de facilitar la información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista. Además, contempla la elaboración de un registro de estas unidades y la puesta a disposición de la ciudadanía, ayuntamientos y organismos, el material para su puesta en marcha.
Consolida asimismo la figura de la 'asesoría confidencial' para ofrecer una atención eficaz y segura a quienes lo necesiten. Esta figura jugará un papel clave en la orientación y apoyo a las víctimas, por lo que se mejorará la formación en este ámbito.
También se refuerza el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, con el fin de garantizar su implementación efectiva, así como la mejora de la protección a las empleadas públicas víctimas de esta lacra consolidando un entorno laboral libre de acoso, en el que se protejan los derechos fundamentales y se actúe de forma ágil y efectiva ante cualquier situación de violencia o discriminación.
Entre otras medidas vinculadas a este fin, incluye la ampliación de la reserva del puesto de trabajo de seis meses a un año para las empleadas víctimas de la violencia de género. Esta iniciativa busca brindar un mayor apoyo a estas mujeres para su recuperación, permitiendo también el acceso a permisos retribuidos y medidas de adaptación laboral, según sea necesario.
Sanidad
SISTEMAS DE AYUDA VISUAL A PERSONAS MENORES DE EDAD DE HASTA DIECISÉIS AÑOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que va a regular la concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años. Esta medida, de carácter excepcional, responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia.
La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.
Los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con prevalencias en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores. En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida.
Numerosos estudios han constatado que los niños y niñas de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas. Esta ayuda pretende actuar como una herramienta de equidad, asegurando que ninguna persona menor de edad quede excluida del derecho a una visión adecuada por motivos económicos.
El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha sido designado como entidad colaboradora, asumiendo funciones de coordinación con las ópticas, verificación documental, compensación de costes y seguimiento del programa. Se garantizará la transparencia, trazabilidad de los fondos y control de calidad en la prestación.
La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.
El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y 46.775.000 euros para 2026. La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.
Esta actuación, que se alinea con los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco del Mes de la Salud Visual, contribuye a fortalecer el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud, al ampliar el acceso a prestaciones esenciales. Además, refuerza el papel clave de los profesionales ópticos-optometristas en la detección temprana y la corrección eficaz de los trastornos visuales durante la infancia, una etapa determinante para el desarrollo integral.
INFORME DE SITUACIÓN DEL ABORTO EN LA SANIDAD PÚBLICA
El Consejo de Ministros ha recibido informe de 'Situación del aborto en la sanidad pública: evolución y medidas para la accesibilidad'. Se trata de un documento presentado por el Ministerio de Sanidad que recoge la información del período 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud. El informe revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten importantes desigualdades territoriales.
En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.
El informe clasifica a las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en 2024:
- Por encima del 60% en centros públicos: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).
- Entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%).
- Menos del 20%: El resto de las comunidades y ciudades autónomas. Destacan cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.
Diferencias según el momento de la gestación
El informe también desglosa los datos según las semanas de gestación y la titularidad del centro sanitario:
Estos datos revelan que las IVE realizadas en estadios más avanzados del embarazo se concentran en mayor medida en centros públicos, lo que refleja su mayor capacidad para abordar casos clínicamente complejos y garantizar la continuidad asistencial.
Diferencias según método
Si se analizan los métodos utilizados y su relación con el tipo de centro sanitario, en 2024, el método farmacológico fue predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementación en el sistema público por su menor complejidad logística.
En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente. Esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones.
Implicaciones sanitarias y sociales de la privatización de la IVE
El informe advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público.
Además, la falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres, al condicionar el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial es otro efecto relevante: muchas mujeres deben abandonar su entorno sanitario habitual cuando requieren una IVE, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles.
Finalmente, el informe subraya la paradoja entre la información y la práctica, ya que la mayoría de las mujeres son informadas sobre la IVE en centros públicos, pero el procedimiento se realiza en su mayoría en centros privados. Esta incoherencia revela la necesidad de reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer una respuesta integral, pública y equitativa en materia de salud sexual y reproductiva.
Medidas para mejorar la accesibilidad a la IVE
Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva.
Asimismo, se impulsa la normalización de la IVE como una prestación más del SNS, mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados. El informe también destaca la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación, siguiendo el modelo de comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.
Finalmente, se plantea establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades y promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y de género.
Juventud e Infancia
SUBVENCIONES A ENTIDADES VINCULADAS A LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector y a otros organismos en materia de protección a la infancia y la adolescencia y la promoción de la participación de la juventud.
La cuantía de las subvenciones, que suma un total de 3.122.520 euros, serán a cargo del crédito reconocido a la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (1.643.570 euros) y al Instituto de la Juventud de España (1.478.950 euros).
El objetivo de las subvenciones es facilitar que las entidades puedan desarrollar programas de lucha contra la pobreza, de promoción de la diversidad o de apoyo a familias adoptivas.
La resolución de esta convocatoria de subvenciones directas, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, recoge una subvención de 1.333.570 euros millones de euros a la Plataforma de Organizaciones de Infancia y sus entidades asociadas (Acción Familiar, Aldeas Infantiles SOS España, Asociación Nuevo Futuro, Asociación Mensajeros de la Paz, Muchachos Ciudad Escuela de Formación Sociocultural, Confederación Centros Juveniles Don Bosco de España, Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Confederación por el Mejor Interés de la Infancia CEMIN, Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil FAPMI, Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Fundación Anar, Fundación Atyme Atención y Mediación para el Cambio, Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, Fundación Márgenes y Vínculos, Fundación Meniños, Fundación Vicki Bernadet, Federación Injucam para la Promoción de la Infancia y Juventud, Liga Española de la Educación y Cultura Popular LEECP, Movimiento Scout Católico MSC, Sociedad Española de Pediatría Social, Fundación Unicef Comité Español e YMCA España).
Además, se concede un millón de euros al Consejo de la Juventud de España, 278.950 euros al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, 250.000 euros a la Plataforma de Organizaciones de Infancia, 200.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias, 40.000 euros a la Federación Interautonómica de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional y 20.000 euros a la Federación de Entidades Catalanas para la Adopción.
