El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su posterior sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad.
La financiación de las políticas contra la violencia machista ya no pueden ir destinadas solo a financiar las políticas contra la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, sino que tendrán que abarcar todas las formas de violencia contra las mujeres tal y como establece el Convenio de Estambul, especialmente tras la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, la Ley de Infancia o todo el paquete de medidas contra la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Esto supondrá que serán más las usuarias de los servicios de atención a víctimas, pero también los servicios tendrán que contar con nuevos itinerarios, así como con más personal especializado en los mismos.
Es útil observar las cifras que se utilizaron para la ampliación del servicio del 016 a todas las formas de violencia este mismo año. Según datos de la "Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019" el 33,1% de las víctimas de violencia contra las mujeres en la pareja o expareja pidió ayuda formal, lo que representa 2.186.528 mujeres mayores de 16 años. Además, 16.454 víctimas de violencia sexual y 4.748 mujeres víctimas de violencia doméstica pidieron ayuda formal. A esta cifra hay que añadir las 13.317 víctimas de trata y explotación sexual atendidas por las entidades especializadas acreditadas por el Ministerio de Igualdad, atendidas en 2018. En el año 2019, en el servicio 016 se atendieron un total de 68.714 consultas. El 66,7% de estas consultas fueron realizadas por la propia víctima, lo que supone que un total de 45.809 mujeres víctimas de violencia buscaron ayuda en este servicio. Si se compara este dato con el de mujeres que piden ayuda formal se desprende que con la inversión se pretende paliar llevar la atención especializada a cerca de 2 millones de mujeres que no estaban accediendo al servicio.
Dado el aumento de usuarias y servicios que se prevé para este nuevo año, este reparto asegura a las comunidades autónomas financiación para estas políticas, pública, estable, suficiente y adecuada, con independencia del ciclo económico, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, de todas las formas de violencia. La financiación pública debe tener la flexibilidad y la capacidad de ser ejecutada de forma plurianual para poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones realizadas tengan un mayor impacto. Y va a ir acompañada de un nuevo modelo que consistirá en un nuevo Plan Concertado que se aprobara en la próxima Conferencia Sectorial, acompañado de un catálogo de servicios y de itinerarios que las políticas contra la violencia machista ahora deben desplegar con este nuevo marco jurídico.
La propuesta de distribución territorial es la siguiente:
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de 140,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 40,2% de recursos transferidos a las comunidades autónomas respecto a 2022.
Créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por importe de 19,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,4% en esta partida con respecto a 2022.
Los fondos de la Delegación del Gobierno que se distribuirán, se destinarán a la financiación del desarrollo de cuatro tipos de programas:
- 8.500.000 euros corresponden a Programas para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género.
- 1.000.000 euros corresponden a Programas para la implementación de planes personalizados.
- 9.500.000 euros corresponden a Programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
- 800.000 euros corresponden a Programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.
Recursos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual por importe de 17.058.700 euros.
Con estos fondos, se extenderá y hará accesible a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral, mediante la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y Ceuta y Melilla, al menos con un centro de atención integral a las víctimas de violencia sexual operativo en cada provincia y ciudad autónoma, (52 centros en toda España) a 31 de diciembre de 2023.
Específicamente las transferencias que se realizarán en 2023 a las comunidades autónomas van destinadas a garantizar un alojamiento seguro a todas las víctimas de trata que se encuentren en territorio español:
- Garantizar a las víctimas de trata un alojamiento seguro de urgencia, disponible y accesible las 24 horas del día.
- Garantizar a las víctimas de trata un recurso habitacional para su integración social en el medio plazo.
- Garantizar a las víctimas de trata menores de edad un alojamiento seguro y adecuado a sus necesidades,
Para cada una de las 50 provincias de la geografía española:
1 Alojamiento de urgencia
1 Alojamiento de larga estancia
1 Alojamiento para víctimas menores de edad
Esta finalidad se realiza en desarrollo de la medida prevista en la Inversión 4 del Componente 22 "Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión", del Plan Nacional de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.
