"Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de España expresa, en
nombre propio y en el de toda la sociedad el rechazo de cualquier forma de
violencia ejercida contra la mujer, su firme determinación de apoyar y proteger
a quienes la sufren, así como a sus hijos e hijas. Asimismo, manifiesta su
voluntad de seguir trabajando e impulsando todas las medidas que resulten
necesarias hasta su completa erradicación en España y en la Comunidad
Internacional. En este sentido, la erradicación de la violencia contra las
mujeres, como forma más extrema de discriminación por razón de género y
violación de sus derechos humanos, es al mismo tiempo una de las prioridades de
la política exterior de España en materia de derechos humanos.
Porque, aunque la mayoría de la sociedad
española rechaza el maltrato y a quienes lo perpetran, sigue siendo necesario el
cambio de conciencia social que remueva todos aquellos comportamientos,
estereotipos y conductas que amparan, justifican o legitiman el maltrato, no
sólo en su manifestación física, sino también a través de expresiones o hábitos
sociales que pueden, de manera indirecta ampararlo o justificarlo. Porque, a día
de hoy, sigue pendiente que contribuyamos al cambio de conciencia social
definitivo que garantice la plena igualdad entre hombres y mujeres, su trato
igualitario, no discriminatorio y plenamente respetuoso con los derechos
fundamentales de todas ellas y, en particular, de las mujeres especialmente
vulnerables como las que tienen algún tipo de discapacidad o las inmigrantes. En
la actualidad es inadmisible que la violencia que sufren las mujeres maltratadas
constituya un obstáculo que les impida el pleno disfrute de los derechos y
libertades.
Educación en igualdad
Por ello, el Gobierno continuará
promoviendo la educación en igualdad en todas las etapas educativas.
Especialmente incidiendo en la necesaria formación de la juventud en el buen uso
de las redes sociales y las nuevas tecnologías, convirtiendo a nuestros jóvenes
en centro de especial atención por parte de los poderes públicos al tratarse de
un colectivo especialmente vulnerable. El Gobierno continuará, como ha venido
haciendo hasta ahora, implicando a toda la sociedad, mediante campañas
innovadoras de sensibilización social que se dirigen a todos -tejido
empresarial, profesionales de distintos ámbitos, sociedad civil, mundo deportivo
y sociedad en general- en el reconocimiento de las primeras señales del
maltrato, en el apoyo a quien sufre violencia de género, y en el rechazo al
maltrato y a quien lo provoca.
Rechazo e implicación social para su
erradicación que debe orientar la actuación de los poderes públicos en relación
al más amplio concepto de "violencia contra la mujer", tal y como promueven los
acuerdos internacionales sobre la materia en los que España es parte, y que
incluye: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, las
agresiones sexuales, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, los crímenes
cometidos supuestamente en nombre del "honor" y la mutilación genital
femenina.
Por ello, el Gobierno manifiesta, también,
su firme compromiso de dar una progresiva respuesta a estas formas de violencia
contra la mujer, desde la madurez y el esfuerzo sostenido, que desde los años
noventa se viene ejerciendo respecto de la violencia sufrida en el ámbito de la
pareja. Así ha sucedido con el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y
Niñas con fines de Explotación Sexual, de cuya aprobación se cumple un año y de
la que dará cuenta el informe de ejecución que consignará un amplio catálogo de
acciones impulsadas por distintos departamentos ministeriales y administraciones
en su cumplimento.
Hijos y menores
También se atiende, de manera señalada, a
hijos e hijas y a los menores a cargo de quien sufre la violencia, víctimas
directas merecedoras de especial protección. Por ello, se procedió a la
aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y de la Ley 26/2015, de
28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia que mejoran la atención y la protección de los hijos y las hijas de
las mujeres víctimas de violencia de género, así como de los menores víctimas de
otras formas de violencia, en particular, de la trata de seres humanos e
incluyen a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en
el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, con el objeto de visibilizar
esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.
Sobre estos sólidos fundamentos el Gobierno
manifiesta, no obstante, que, mientras una sola mujer sufra la violencia, es
necesario seguir trabajando. Y, para ello, y con las aspiraciones y necesidades
de las mujeres que la sufren como premisa, el Gobierno reafirma su compromiso
para, junto con el resto de fuerzas políticas, interlocutores sociales,
administraciones, asociaciones e instituciones públicas y privadas, alcanzar un
gran acuerdo que reconozca el logro de una España libre de violencia contra la
mujer como un objetivo nacional compartido por todos.
Con el liderazgo de los poderes públicos,
esta meta irrenunciable en la España del siglo XXI debe lograrse promoviendo
entre todos las reformas normativas y organizativas que sean necesarias.
Acuerdo unánime en el Congreso
De esta manera, el reciente acuerdo unánime
de todas las fuerzas en el Congreso de los Diputados ha de servir de primer paso
hacia el necesario y anhelado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A
tal efecto y antes del 31 de diciembre, se creará una Subcomisión en el seno de
la Comisión de Igualdad que será la encargada de elaborar, en el plazo máximo de
cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán, entre
otras cuestiones, los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las
diferentes formas de violencia de género y un conjunto de propuestas de
actuación. El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el
plazo máximo de dos meses lo someta a acuerdo con los representantes de las
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Administración de Justicia y asociaciones
sindicales, empresariales y asociaciones civiles.
Por último, es preciso hacer hincapié en
que toda esta acción se enmarca en los ámbitos internacionales en el impulso que
España desarrolla en su presencia en las instituciones europeas y como miembro
activo de la comunidad internacional que apoya y promueve los compromisos
internacionales contra la violencia a la mujer.
El Gobierno, un año más, desde la
convicción de que una España libre de violencia contra la mujer es posible en el
siglo XXI, exhorta a toda la sociedad para que junto a los poderes públicos,
lidere el cambio necesario para su consecución."
