Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional del Gobierno de España con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia con el siguiente contenido:
"Con motivo del 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Gobierno de España reafirma su compromiso con los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Nuestra responsabilidad como país no es sólo proteger su bienestar, sino construir una sociedad que les incluya, les tenga en consideración como sujetos de derechos, y garantice una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades.
Las infancias son diversas y por ello se enfrentan a diferentes desigualdades. Es responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad acabar con las estructuras que reproducen estas desigualdades y garantizar que cada niño y cada niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad. Por ello, desde el Gobierno de España se sigue avanzando en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia. Para ello, nuestro país cuenta con un instrumento pionero a nivel internacional como es la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Esta norma supuso un cambio de paradigma que convierte la violencia contra la infancia en una cuestión de la que debe hacerse cargo el conjunto de la sociedad, pero se debe continuar desarrollando su implementación en colaboración con las administraciones autonómicas y ampliándola para garantizar derechos. En esta materia, cabe destacar también el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, informado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre de 2025, cuyo principal objetivo es reforzar la respuesta institucional frente a la violencia ejercida sobre los hijos e hijas y las personas del entorno de las víctimas de violencia de género como instrumento de dominación y daño hacia ellas.
Asimismo, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 recogen los derechos de la infancia como principio esencial, elemento transversal y prioridad temática de la acción exterior española, a través de una cooperación internacional que invierte en la infancia y adolescencia, en sus capacidades y participación activa, con enfoque de género, como vía necesaria para acabar con el ciclo de la pobreza y la desigualdad, asegurando en todas las intervenciones el respeto al principio del interés superior de la infancia, y de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño; impulsa la lucha contra el trabajo infantil en el mundo; y presta especial atención al impacto de las crisis humanitarias en la infancia, priorizando además la educación en emergencias e impulsando activamente la agenda internacional de escuelas seguras.
Las nuevas tecnologías deben ser una herramienta de aprendizaje y libertad, nunca de acoso, explotación o control. Es por ello que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, que pretende consagrar los entornos digitales como espacios seguros que permitan desarrollar su potencial formativo, mientras que se lucha contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables.
La desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia. Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se continúa impulsando políticas de lucha contra la pobreza infantil, ampliando apoyos a las familias, trabajando en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y extendiendo el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal. El abordaje de la pobreza infantil debe realizarse desde una perspectiva integral, reconociendo que se trata de un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos.
Además, es imprescindible la apuesta por el fortalecimiento los servicios públicos de salud, educación y cuidados, pues sólo se pueden conseguir marcos inclusivos desde el refuerzo de lo público. Ningún niño, niña o adolescente debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional. Por todo ello, el Ministerio de Juventud e Infancia está impulsando un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, un objetivo que tiene que unir al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto.
Es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables.
Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes no es sólo una obligación constitucional: es un proyecto de país. El proyecto de un país más libre y más justo en el que los derechos no vengan determinados por el código postal. España continúa avanzando, con firmeza, hacia una sociedad que cuide y acompañe todas las infancias".
Juventud e Infancia
CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DEL PLAN DE ACCIÓN ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GARANTÍA INFANTIL EUROPEA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y se establece su composición y funcionamiento.
La creación de esta Comisión Interministerial se enmarca en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022 - 2030), aprobada el 5 de julio de 2022, y que preveía un mecanismo de gobernanza multinivel para asegurar la coherencia e implementación de las medidas previstas a nivel territorial en el marco del desarrollo de este instrumento que tiene como objetivo reducir la pobreza infantil en España.
Dicha comisión, que estará presidida por la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia y adscrita al Ministerio de Juventud e Infancia, la corresponderá establecer las directrices políticas generales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la Garantía Infantil Europea a nivel estatal. Asimismo, el Plan de Acción señala que la Comisión Interministerial deberá reunirse, al menos, dos veces al año.
Hacienda
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA GARANTIZAR EL INGRESO MÍNIMO VITAL
El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 558.048.301,89 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la garantizar la financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El Ingreso Mínimo Vital y su financiación están regulados en Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital y en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El artículo 35 de la citada Ley 19/2021 establece que el Ingreso Mínimo Vital, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El artículo 109.2 de la citada norma señala que "la acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas". Al efecto, en el apartado 3 del citado artículo 109 se establece que tiene naturaleza no contributiva el IMV.
Por otro lado, el artículo 25 de la citada Ley 19/2021 señala que "la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta".
Para dar cumplimiento a dicho gasto, el centro gestor considera necesario tramitar un expediente de transferencia de crédito para atender las necesidades de esta medida, cuya aprobación se someterá al Consejo de Ministros.
Vivienda y Agenda Urbana
CONTRATO DE SEPES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ARRENDAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DEL PARQUE DE ALQUILER ASEQUIBLE
El Consejo de Ministros ha autorizado a SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo a la celebración del contrato de servicios de gestión integral del arrendamiento de las viviendas del parque de alquiler asequible, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 55.393.096,75 €, IVA excluido.
En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó los criterios por los que se traspasan a SEPES los inmuebles y suelos de la SAREB. En total, se identificaron más de 40.000 viviendas y suelos con capacidad para edificar 55.000 viviendas en un primer perímetro. Este patrimonio pasará a formar parte del parque público estatal de vivienda.
Los adjudicatarios del contrato se encargarán de gestionar los diferentes lotes de viviendas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.
La licitación incluirá numerosos requisitos para garantizar la excelencia y la sensibilidad social en la prestación del servicio, como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social.
Se atenderá la gestión de vivienda asequible desde el compromiso social, y no solo atendiendo a criterios económicos. De hecho, uno de los servicios consistirá en la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.
En este sentido, se pone el acento en la solvencia técnica y de experiencia acreditada en la gestión de vivienda adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social, por lo menos durante un año de los últimos tres.
Además, SEPES ha diseñado un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas, de forma que se establecen penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan determinados plazos definidos por la Entidad para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas, o se bonifiquen altos niveles de calidad, como por ejemplo altas puntuaciones en una encuesta anual de satisfacción que se lanzará anualmente a las personas inquilinas.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
APROBADOS LOS CRITERIOS DE REPARTO DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS PARA 2026
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución, para el año 2026, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Esta decisión se adopta a propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad, del Interior, de Hacienda y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El Fondo, de naturaleza finalista, se compone del producto de bienes y sanciones obtenidos en procedimientos penales por narcotráfico, contrabando y delitos conexos, y su objetivo es apoyar programas que contribuyan a la reducción de la demanda y del tráfico de drogas, así como a la cooperación internacional en estas materias.
La propuesta de criterios, acordada por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones establece la financiación de programas de:
- Prevención de toxicomanías y otras adicciones, con especial atención a colectivos vulnerables y a las nuevas formas de consumo.
- Asistencia a personas con adicciones, incluyendo atención sanitaria, salud mental e inserción social y laboral.
- Formación de profesionales y voluntariado en el ámbito de las adicciones.
- Investigación, sistemas de información y vigilancia epidemiológica.
- Cooperación internacional, intercambio de buenas prácticas y mejora de capacidades operativas.
- Adquisición de equipamientos, medios materiales y tecnológicos por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Especial Antidroga.
Además, se contempla la posibilidad de financiar actuaciones de carácter interdisciplinar o urgente, siempre en el marco de los fines previstos legalmente y alineadas con la Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus Planes de Acción.
Durante el ejercicio anterior, se asignaron un total de 28,6 millones de euros con cargo al Fondo. De esta cantidad, 13,85 millones se destinaron a programas de reducción de la demanda, canalizados a través de las Comunidades Autónomas (8,2 millones), Corporaciones Locales (4,5 millones), ONG de ámbito estatal y entidades como la FEMP (450.000 euros), además de proyectos internacionales y actuaciones promovidas directamente por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
En paralelo, se destinaron 12,3 millones de euros a programas orientados al control de la oferta, con actuaciones lideradas por el Ministerio del Interior, la Agencia Tributaria, la Fiscalía Especial Antidroga y otros organismos públicos.
Por último, se reservaron 2,5 millones de euros para la gestión administrativa del propio Fondo. Esta estructura de reparto, que se mantiene en sus líneas generales, refleja la voluntad del Gobierno de articular una respuesta integral y equilibrada entre la prevención, la atención social y la represión del delito.
