Acuerdos del Consejo de Ministros de 12/05/2020

Fuente: Referencia del Consejo de Ministros

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Real Decreto-Ley de medidas sociales en defensa del empleo

El Consejo de Ministro ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo, que plasma el texto del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado por el presidente del Gobierno y los agentes sociales.
Real Decreto-ley ahora aprobado recoge un conjunto de medidas que ahondan en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada en los anteriores reales decretos leyes, aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la COVID 19.
El nuevo Real Decreto-ley prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor. Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.
El Real Decreto-ley incluye además la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Reparto de dividendos y transparencia fiscal

El Real Decreto-ley introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.
Además las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la SS.

Exoneración de cuotas

El nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores. Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad siguiendo las medidas sanitarias. Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

Comisión Tripartita

El Real Decreto-ley contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.
Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma. La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio.
Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

Acceder al Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE nº 134 de 13/05/2020)

Derechos Sociales y Agenda 2030

Declaración institucional del Consejo de Ministros con ocasión del día internacional de las familias

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración Institucional por motivo del Día Internacional de las Familias.
"El 15 de mayo de cada año, a instancias de Naciones Unidas, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Familias, para reconocer y divulgar el papel esencial que desarrollan en la cohesión y el bienestar social.
Este año, España y el resto del mundo se enfrentan a la pandemia global del COVID-19, la crisis sanitaria más profunda del último siglo, con un fortísimo impacto social y económico. En este contexto, las familias están mostrando sus fortalezas, como soporte emocional, económico y social, pero también se enfrentan a sus vulnerabilidades y desafíos. Son las familias quienes cuidan a los niños y niñas que no asisten a la escuela, al tiempo que continúan con sus responsabilidades laborales, y quienes no dejan de atender y preocuparse por sus mayores. Muchas de ellas han sufrido directamente la enfermedad y, en el peor de los casos, la pérdida de seres queridos.
Los efectos de esta crisis están mostrando las numerosas brechas que persisten en nuestra sociedad (brechas sociales y económicas, de género, digitales…) y que exigen una respuesta al nivel de los desafíos y una atención preferente a los más vulnerables.
El Gobierno de España es plenamente consciente del valor y del papel que las familias, en su toda diversidad, juegan en la sociedad y de la necesidad de mejorar su protección social, jurídica y económica, como establece el artículo 39 de la Constitución y lo señalan la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Es necesario seguir trabajando para mejorar el apoyo a las familias en su conjunto, pero también lo es atender de forma prioritaria a las que presentan situaciones que requieren de apoyos específicos, ya sea por razones de vulnerabilidad o dificultad socioeconómica (riesgo de pobreza y exclusión), ya sea por razones estructurales o de composición de la propia unidad familiar (existencia de un único adulto responsable, número elevado de hijos, progenitores del mismo sexo), o por determinadas circunstancias que concurren (discapacidad, enfermedad, conflictividad), integrando la perspectiva de género.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha impulsado medidas sociales y económicas con este enfoque, como la subida del salario mínimo interprofesional, y desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, los distintos Reales decretos-ley que se han ido aprobando han ido construyendo un "escudo social" para proteger a la ciudadanía y a las familias afectadas por el impacto de la crisis en materia de empleo, vivienda o educación, o en relación con la atención a sus necesidades básicas y la protección de sus rentas, movilizando para ello recursos excepcionales.
Los efectos sociales y económicos de la pandemia se prolongarán en el tiempo, más allá de la crisis sanitaria, y será preciso atenderlas con medidas adecuadas a la magnitud de las necesidades en materia de cohesión y desarrollo social y económico, lucha contra la pobreza y la exclusión, igualdad de género, solidaridad intergeneracional, cuidado de niños, niñas y adolescentes y personas mayores o en situación de dependencia. Esto exigirá el esfuerzo conjunto de todas las administraciones y agentes sociales y económicos, con la voluntad de avanzar decididamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente los relacionados con la pobreza, la salud y el bienestar, la educación y la igualdad de género.
En este marco, el impulso de un Ingreso Mínimo Vital que atienda a las circunstancias de los hogares constituirá sin duda un paso decisivo, junto con otras medidas dirigidas a mejorar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal.
El 15 de mayo es también una ocasión para reconocer la diversidad que tienen las familias. Por ello, reafirmamos el compromiso del Gobierno de presentar durante esta legislatura una Ley que responda y proteja a las diferentes estructuras familiares, garantizando la protección efectiva de las distintas realidades familiares elegidas con libertad. Para este Gobierno resulta prioritaria la protección jurídica y social de todas las familias y de su diversidad.
Por todo ello, el Gobierno de España renueva con ocasión del Día Internacional de las Familias su reconocimiento y compromiso con las familias, con todas las familias y especialmente con las más vulnerables, para hacer frente a los desafíos de un mundo en rápido cambio que ahora afronta una crisis social y de salud sin precedentes."

Hacienda

Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 2.000.000 de euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Igualdad para financiar la campaña de concienciación social contra la violencia de género ante la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Igualdad para financiar una campaña de concienciación social contra la violencia de género ante la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19, por importe de dos millones de euros.
El Ministerio de Igualdad presentó en el Consejo de Ministros celebrado el 17 de marzo el Plan de Contingencia ante la Violencia de Género, que incluye la adopción de medios extraordinarios para la atención integral de las mujeres. En concreto, se proponía hacer pública una campaña institucional de concienciación contra la violencia de género, de alerta de situaciones de violencia dentro de los hogares y por el buen trato durante el período de confinamiento.
Esta medida aprobada cumple con el Real Decreto-ley 12/2020 de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
La campaña tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía y alertar de la necesidad de no bajar la guardia contra la violencia de género ante esta situación excepcional que las mujeres están viviendo en sus hogares, así como la concienciación por el buen trato durante el periodo de confinamiento.

Igualdad

Fondos del Pacto de Estado para la Lucha Contra la Violencia de Género para las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado para el ejercicio presupuestario 2020 y el reparto de los tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género.
Es importante destacar que estos fondos están destinados para la lucha contra la violencia de género en las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía.
El reparto de Fondos del Pacto de Estado asciende a 100.000.000 de euros a repartir entre las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía. Los fondos serán destinados, entre otras medidas, al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y en el caso de las CCAA con competencia en materia de justicia, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.
Por su parte los tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género han quedado repartidos de la siguiente manera: 6.500.000 euros para programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, incluidos sus hijos e hijas; 1.000.000 de euros para programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres; y 2.000.000 de euros destinados al programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.