LEY DE FAMILIAS
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Familias que, entre otras medidas, reconoce la diversidad de las situaciones familiares en nuestro país, y aborda las barreras en la conciliación y en la crianza a las que se enfrentan diariamente las familias.
La iniciativa, que fue aprobada en primera vuelta el pasado mes de diciembre, responde a los compromisos internacionales de España en materia de conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, y cumple con el acuerdo de coalición del Gobierno.
El texto garantiza el pleno reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen en nuestro país, equiparando sus derechos. Así, se van a reconocer legalmente a las familias LGTBI, a las familias con miembros con discapacidad, a las familias múltiples, a las adoptivas, a las reconstituidas o las acogedoras, entre otras.
También se culmina prácticamente la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho, garantizando que las parejas de hecho tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.
En cuanto al derecho a la conciliación, se conforma una nueva arquitectura con tres permisos, que ponen en el centro los cuidados y el tiempo y que da apoyos a las familias. Por un lado, se establece un permiso de cuidado de 5 días al año, que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar hasta 2º grado como de un conviviente, algo nuevo hasta ahora; un permiso parental de 8 semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años y un tercer nuevo permiso "por causa de fuerza mayor", que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año. Este último busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes e imprevisibles.
En cuanto al apoyo a la crianza, gracias al texto se extenderá de manera estructural la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos/as hasta los 3 años. Esta ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. Del mismo modo, se reconocerá el derecho a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia.
Asimismo, a partir de la aprobación de la ley, más familias contarán con protección social bajo la denominación de "Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza". En esta categoría, se verán recogidas las consideradas como hasta ahora "familias numerosas", además de las siguientes: las familias monomarentales con dos hijos; las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.
Por otro lado, pasarán a considerarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial, las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general, como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA 2023 A LA RED EUROPEA DE SERVICIOS SOCIALES
La Red Social Europea (European Social Network - ESN) es una red de autoridades públicas que cuenta con 125 organizaciones de 33 países europeos y apoya el intercambio de conocimientos, de prácticas y políticas entre los servicios sociales de toda Europa. Su establecimiento tuvo lugar en 1992 a raíz de la celebración de la primera Conferencia Europea de Servicios Sociales.
Unirse a la Red en calidad de miembro implica el abono de una cuota anual de 1.240 euros, lo que da derecho a compartir la buena práctica, el aprendizaje y el conocimiento de la práctica política y de las tendencias en política social a nivel nacional y europeo.
Los miembros de la Red son autoridades nacionales, regionales o locales competentes en materia de bienestar social, asociaciones nacionales de directores de servicios sociales, universidades y centros nacionales especializados en política social, institutos de investigación y otros organismos públicos responsables de la mejora de los servicios sociales, agencias públicas reguladoras o financiadoras.
En su actividad están incluidos grupos específicos sobre temas de servicios sociales, como personas mayores, personas con discapacidad, infancia y juventud vulnerable y asuntos transversales, como los profesionales de los servicios sociales, la gestión, la calidad o los servicios basados en la evidencia.
Desde 2006, la Red ha sido un socio estratégico de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea y ha firmado varios convenios marco de asociación para apoyar la Agenda de inclusión social de la Comisión Europea.
CRÉDITOS PARA PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y ATENCIÓN A LA POBREZA INFANTIL
El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución de 198.704.000 euros entre las comunidades autónomas, a excepción de Navarra y País Vasco, para la proteger a las familias y combatir la pobreza infantil, así como para desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales. Esta fórmula de reparto viene propuesta por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La cuantía total son créditos ya establecidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que se otorgarán a las comunidades autónomas una vez el Consejo Territorial la apruebe definitivamente.
Respecto al desglose de los fondos, los 198.704.000 euros destinados a las familias y a la infancia vulnerable estarán divididos en tres apartados. Por un lado, 65 millones se destinarán al Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil.
Estos proyectos estarán centrados en dos líneas de actuación: 50 millones de euros estarán a disposición de las comunidades autónomas para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación, vivienda y de empleo, el apoyo a la conciliación familiar y laboral, así como el acompañamiento y trabajo social con las familias. Los 15 millones restantes, se destinarán a programas específicos que garanticen el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por otro lado, se distribuirán 25 millones de euros para programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Así, se financiará el refuerzo de los equipos de infancia y familia de la red de servicios sociales de atención primaria y se proporcionará a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la prevención y detección precoz de cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.
Por último, se destinarán 108.704.000 euros a prestaciones básicas de los servicios sociales, con el fin de mantener la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. En este sentido, se cofinanciarán proyectos para el desarrollo de las siguientes prestaciones básicas que estén orientados a dar información y orientación a la población, para la ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, para el alojamiento alternativo y para la prevención e inserción social.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla aportarán, para la financiación de los proyectos seleccionados, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución y determinarán las aportaciones de las corporaciones locales de su territorio, responsables de cada proyecto, para participar en la cofinanciación.
*En la tabla no están incluidos 100.000,00 € de incremento a cada una de las ciudades de Ceuta y de Melilla, que se mantienen atendiendo a los establecido en el ACM de 2-2-2007 (100.000 euros de incremento en la distribución territorial que se realice de créditos para prestaciones básicas de servicios sociales por el que se adoptan medidas para la mejora del autogobierno de las ciudades de Ceuta y Melilla).
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un informe sobre la situación actual del sistema de pensiones después de que el Gobierno haya aprobado las reformas del mismo comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El informe señala que el punto de partida del proceso de modernización son las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó en el otoño de 2020 y a las que el Gobierno ha ido dando respuesta a través de cinco cambios normativos.
El informe recoge que las recomendaciones se sintetizan en tres grandes principios: suficiencia, equidad y sostenibilidad, sobre los que se ha operado a la hora de iniciar el proceso de modernización del sistema con los antedichos cambios. El primero fue la aprobación del complemento de brecha de género en febrero de 2021; el segundo, la ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2021; el tercero, el que incluye medidas de impulso de los planes de empleo, de junio de 2022; el cuarto, el que pone en marcha el nuevo sistema para trabajadores autónomos, también aprobado en el verano del año pasado, y, finalmente, el Real Decreto-ley aprobado hace dos semanas con un nuevo modelo dual del periodo de cómputo, medidas de refuerzo de la sostenibilidad y un nuevo marco de revalorización de pensiones mínimas.
Según el informe, el primer principio que sale reforzado del proceso de modernización es el de suficiencia, a través de la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización con el IPC, que contrasta con la reforma anterior. Además, el último cambio normativo incluye dos medidas adicionales para reforzar la suficiencia entre algunos colectivos: el de los pensionistas más vulnerables (pensionistas con prestaciones mínimas y no contributivas) y los perceptores del complemento para la reducción de la brecha de género, que en un 93% son mujeres. En ambos casos, sus prestaciones experimentarán subidas adicionales al IPC en los próximos años.
Equidad
En cuanto al principio de equidad, la modernización del sistema ha introducido diversas medidas para mejorar las pensiones de algunos colectivos. En primer lugar, los trabajadores por cuenta propia, cuyo régimen se ha modificado para que coticen por sus rendimientos netos, lo que permitirá que dos de cada tres puedan acceder a una cuota más baja que antes, a la vez que se mejoran las prestaciones por cese de actividad.
En segundo lugar, la reforma ha incluido mejoras para las personas que han tenido una carrera laboral más irregular. En concreto, establece un sistema dual del periodo de cómputo hasta 2043, que permitirá a cada trabajador elegir la opción más beneficiosa: el modelo actual (que tiene en cuenta los 25 últimos años) y el nuevo (que tiene en cuenta los 29 últimos, con la posibilidad de descartar dos). Además, mejora el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres trabajadoras, lo que redundará en una reducción de la brecha de género.
En el plano de la equidad, la reforma también tiene en cuenta a los jóvenes, al sustituir el Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El primero aplicaba recortes en la pensión inicial crecientes en el tiempo que para una persona que acaba de incorporarse al mercado laboral tendrían un impacto del 10%. Frente a ello, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional prevé un refuerzo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se rellenará progresivamente a partir de este año, cuando recibirá la primera aportación en una década, para abordar el reto demográfico que el sistema afrontará, de forma transitoria, en las décadas de los años 30 y 40.
Sostenibilidad
Finalmente, el informe recoge las medidas tomadas para reforzar la sostenibilidad del sistema. En primer lugar, en cumplimiento de la recomendación 1 del Pacto de Toledo, se ha avanzado en el proceso de separación de fuentes, de forma que se han trasladado buena parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.
Además, la evolución muy favorable del empleo, fruto en buena medida de la reforma laboral aprobada a finales de 2021, está contribuyendo también al refuerzo de la sostenibilidad del sistema vía un incremento de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. Está previsto que alcancen en este año 2023 el 10,9% del PIB, superando los 150.000 millones de euros.
Este desempeño se apoya en la mejora de la calidad del empleo (con menos temporalidad y un aumento mayor de afiliados en los sectores de mayor valor añadido) y también en su cantidad: en este mes de marzo, se ha alcanzado la marca de un millón de empleos creados más que antes de la pandemia, y el número global de afiliados ocupados se sitúa muy cerca de los 20,5 millones. En este sentido, el comienzo de 2023 está resultando excepcionalmente positivo en materia de mercado laboral, y está previsto que cierre con una creación de empleo récord para un primer trimestre: se aproximará a los 300.000 afiliados más.
El aumento de ingresos por todas estas vías ha conducido al déficit de la Seguridad Social a niveles históricamente bajos, de un 0,5% del PIB.
La sostenibilidad del sistema se ve también reforzada por la entrada en vigor de los incentivos que acercan, de forma voluntaria para los ciudadanos, la edad efectiva de jubilación a la edad legal. En este sentido, ya se están percibiendo los efectos de estas medidas en las cifras de la jubilación demorada, que en 2022 han supuesto el 5,4% del total de jubilaciones, frente a un promedio de 4,7% en el periodo 2014-2021.
Entre las medidas de incentivo y las de ingresos, la reforma de pensiones garantiza la sostenibilidad del sistema durante las décadas de mayor tensión demográfica, situando los niveles de recursos dedicados a las pensiones en niveles asimilables a los actuales. El informe concluye que la reforma refuerza además la cohesión social por haber sido aprobada, en sus distintas etapas, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, con la participación de los interlocutores sociales y en el marco de la agenda europea de reformas, y que su impacto sobre el conjunto de la economía es muy favorable por su interacción con otras políticas, especialmente la reforma laboral.
