Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Se trata de un texto fruto de consenso interdepartamental, que acaba con la dispersión normativa actualmente existente en nuestro país y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.
Finalmente, aborda también la cooperación institucional e internacional con los países de origen, adoptando un enfoque integral que abarca tres ejes prioritarios: la prevención, la protección y la persecución.
Atendiendo a las recomendaciones internacionales derivadas del Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia, de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, o del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), este anteproyecto aborda de manera integral todas las formas de trata que suponen la vulneración más grave de los derechos fundamentales de un ser humano, desde la explotación sexual, pasando por la mendicidad y el tráfico de órganos, hasta la explotación laboral.
Este anteproyecto de ley orgánica aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos y contra todas las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata, incriminando el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de explotación.
Asimismo, más allá de la respuesta penal, recoge también la prevención y la sensibilización de la sociedad y la asistencia a la víctima, garantizándole toda una serie de derechos y medidas de apoyo. Por otra parte, el texto incide en el papel de la demanda y en la importancia de desarticular el modelo de negocio para romper la cadena de la trata.
Se establecen medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación y, finalmente y como novedad, la adopción de dichas medidas en el ámbito del sector privado y empresarial, para evitar la explotación. Se fortalecen las normas laborales en los sectores más sensibles, contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Garantía de los derechos de las víctimas
La adecuada asistencia y protección de las víctimas es el eje vertebrador de esta ley. En este sentido, como novedad, se crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata.
Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender, con ayuda de un intérprete o mediador cultural, si fuera necesario, y en estrecha colaboración con las entidades especializadas acreditadas.
Desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento, a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, y derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, garantizándose estos últimos desde el momento de la detección, a lo largo de todo el proceso de identificación y durante el tiempo que fuera necesario tras la identificación definitiva.
Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Otro aspecto crucial de esta norma es el hecho de que el reconocimiento y la efectividad de estos derechos no se vincula a la interposición de denuncia y de la participación de las víctimas en la investigación penal, sin perjuicio de que por parte de los poderes públicos se incentive que la víctima colabore para una persecución eficaz del delito a través de los mecanismos necesarios.
Se reconocen también derechos laborales y económicos a las víctimas. En concreto, el derecho a la inserción social y laboral, el derecho a acceder a la prestación del ingreso mínimo vital y el acceso a la vivienda. Igualmente se reconoce el derecho a la reparación integral y el derecho a una compensación económica adecuada en forma de indemnización.
Protección de menores
La norma contempla también la protección de menores víctimas de trata y explotación. Así, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima y con un procedimiento ágil, especializado y bajo el principio del interés superior del menor.
Asimismo, se garantiza la información y participación de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad. También se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del menor.
Sistema de protección
El sistema institucional es otro de los pilares de la ley. En primer lugar, se crea una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, con rango de Dirección General, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador nacional a los efectos de representación de España en el ámbito internacional. Adscrito a esta Relatoría se encuentra el Mecanismo Nacional de Derivación.
Junto a ella, se regulan las unidades especializadas de las instituciones públicas implicadas en el proceso de detección e identificación.
Derechos Sociales y Agenda 2030
PLAN NACIONAL DE BIENESTAR SALUDABLE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad, en el marco de la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, y que responde a un mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este plan, que cuenta con una dotación presupuestaria de 137.452.129 euros, se ha aprobado a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Mediante un despliegue de seis líneas de acción, el plan concreta medidas eficaces para dar respuesta los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Prevención y apoyo al desarrollo infantil en entornos familiares y comunitarios saludables. Para lograr este objetivo se destacan acciones como reconocer la atención temprana como un derecho subjetivo, la constitución de un Sistema Estatal de Atención Temprana, o la puesta en marcha de programas de detección precoz de deficiencias.
- Igualdad y no discriminación, accesibilidad universal y participación en el acceso a los servicios y programas de salud y sociales, con especial consideración a las mujeres y niñas con discapacidad. Para lograrlo se deberán incorporar medidas de accesibilidad y de apoyo en las normativas y planes estatales para que las personas con discapacidad decidan en cuestiones de su salud, sobre la base del consentimiento informado, poniendo especial atención a la salud ginecológica y obstétrica de las mujeres. Será necesario también promover el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, aprobar salvaguardas legales para que los mismos queden garantizados, declarar las esterilizaciones y los abortos coercitivos como violencias contra las mujeres, así como incorporar cambios normativos para que la teleasistencia sea universalmente accesible.
- Promoción de la salud y prevención de enfermedades y otros factores causantes de discapacidad. Aquí se detallan acciones como la ya aprobada modificación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. También, se contribuye a que se despliegue la Estrategia Nacional de Salud Mental y el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19, así como la puesta en marcha de un teléfono público de prevención del suicidio universalmente accesible o el etiquetado accesible para todas las personas en los productos alimentarios.
- Promoción del envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida. Se deberá incluir la situación de la discapacidad en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Soledad no Deseada y se trabajará para aprobar criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia centrados en la persona. Se investigarán y adoptarán también medidas para prevenir y erradicar las violencias en cualquiera de sus formas contra las personas mayores con deficiencias adquiridas asociadas a la edad y, en especial, contra las mujeres mayores.
- Prevención de la intensificación de discapacidades en concordancia con los principios y derechos reconocidos por la Convención. Las medidas van orientadas a desarrollar una estrategia estatal de desinstitucionalización y apoyo a la vida independiente y ofrecer modelos de viviendas accesibles y comunitarios. También se trabajará en el desarrollo de la prestación de asistencia personal aprobando una regulación estatal con criterios unificados, desde la personalización y flexibilización para facilitar la vida independiente en la comunidad y se pondrán en marcha actuaciones en materia de cuidados de larga duración para personas con grandes necesidades de apoyo, con especial atención a las enfermedades degenerativas.
- Investigación, formación y toma de conciencia. Para lograr este objetivo se promoverá una línea de investigación e innovación sobre accesibilidad universal y diseño para todas las personas en productos y tecnologías de apoyo en el ámbito de la salud, con especial foco en la dimensión digital y que se aplicará a través del Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) y del Instituto de Salud Carlos III. Del mismo modo, se impulsará una investigación sobre la situación de las personas con discapacidades orgánicas y psicosociales que permitan visibilizarlas; se promoverán estudios acerca de la sobre medicación y tratamientos involuntarios en personas con discapacidad; y formará a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, del poder judicial, y de los servicios de atención sanitaria y servicios sociales, sobre prevención y detección de violencias hacia las personas con discapacidad, en especial hacia las niñas y las mujeres.
