Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Trabajo y Economía Social
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para personas jóvenes que servirá de referencia para las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el mismo periodo. Este plan permitirá que la Unión Europea libere fondos del FSE+ destinados al empleo juvenil.
El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud.
Es también una herramienta fundamental para conseguir los ODS 5 y 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Pilares del Plan
Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de las personas jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de las usuarias y usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.
Medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus
Para promover la creación de oportunidades del empleo e incrementar la cualificación e inserción laboral de las personas jóvenes, dotándolas de más competencias profesionales, superando la brecha tecnológica y la segregación, el Plan de Garantía Juvenil Plus (2021-2027) incorpora, entre otras actuaciones, las siguientes medidas:
Flexibilidad y agilidad de la gestión: Para una orientación más efectiva, las personas inscritas en el plan tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este periodo. Las personas interesadas dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.
Un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas de empleo.
Emprendimiento para personas jóvenes afectadas por la crisis sanitaria
La situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesario apoyar de manera decidida el emprendimiento juvenil. Se impulsarán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.
Programa emprende con microcréditos: Permitirá obtener financiación, sin necesidad de avales, a personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.
Refuerzo de la orientación: La red Re-Orienta recibirá un nuevo impulso y se promocionará la estabilidad profesional y la carrera profesional de las personas orientadoras. La calidad del sistema de orientación será objeto de evaluación.
La orientación dirigida a las personas jóvenes con responsabilidades familiares, especialmente mujeres cuyas cargas de cuidado no resultan visibles a menudo, reforzará la corresponsabilidad y acabar con los estereotipos de géneros. La formación en derechos laborales, el acceso a contratos formativos y la disposición de herramientas digitales serán algunos de los instrumentos para impulsar su integración en el mercado laboral.
La igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad se fomentarán mediante diferentes actuaciones desde el ámbito de la orientación, en el marco de los Planes de Igualdad vigentes, el apoyo al estudio, al empleo y a las mujeres jóvenes en el medio rural que les permita mejorar su empleo y acceder a fórmulas de trabajo autónomo y emprendimiento.
Se adoptarán medidas para visibilizar el papel de las mujeres jóvenes en las profesiones STEM con acciones formativas específicas y también en el ámbito de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Favorecer la formación: La prevención del abandono escolar retorno a la formación es fundamental para consolidar carreras profesionales y responder a las necesidades del mercado laboral. Los itinerarios personalizados priorizarán favorecer la reincorporación a la educación reglada de las personas que hayan abandonado el sistema educativo de manera prematura.
Primera experiencia profesional: Las personas inscritas en Garantía Juvenil podrán participar en el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas que permitirá dotarse de experiencia y acceder a un empleo de calidad, un eje transversal del plan.
Reincorporación al mercado laboral: De las personas jóvenes que no buscan un empleo porque creen que no lo encontrarán. Los servicios públicos de empleo trabajarán desde una perspectiva local, mediante acciones coordinadas con los servicios sociales y de juventud para facilitar su integración en los servicios de orientación, en el Sistema Nacional de Empleo o bien en el sistema educativo.
Acciones de empleo para personas LGTBI: La discriminación asociada a la LGTBIfobia condiciona la integración laboral de este colectivo que dispondrá de un programa piloto de inserción sociolaboral para incorporar medidas específicas para erradicar situaciones discriminatorias.
Las personas orientadoras recibirán cualificación específica en este ámbito, se financiarán acciones de visibilización, en especial para favorecer las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y se realizarán campañas de sensibilización en las empresas para facilitar que todas las personas puedan acceder al mercado laboral con independencia de su identidad sexual.
Migrantes: En el caso de las personas jóvenes migrantes se incidirá en la orientación y la inserción laboral.
Personas con discapacidad: El colectivo de jóvenes con discapacidad soporta tasas de paro, especialmente de larga duración, de inactividad y de riesgo de exclusión por encima de la media. Se incidirá en la cualificación específica de las personas orientadoras que atiendan este colectivo y se financiarán acciones que den visibilidad a la inclusión de este colectivo en el empleo y también las que permitan sensibilizar a las empresas.
Se reforzará el "Servicio Puente" con la contratación de preparadores laborales de apoyo para el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para favorecer un empleo digno, de calidad y con autonomía personal.
Regeneración de espacios rurales y urbanos en declive: La recuperación de estos entornos abre una ventana de oportunidad para generar empleo juvenil. La orientación para la regeneración de espacios rurales y urbanos es una medida dirigida especialmente a jóvenes con iniciativa creativa que busquen llevar a cabo acciones con un fin principalmente social. Todo ello permitirá obtener un doble impacto: la creación de empleo y responder a demanda habitacional de personas vulnerables.
Las medidas de sucesión generacional en el ámbito rural están encaminadas a dar relevo generacional en empleos tradicionales
A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales.
En los programas de Empleo-Formación se incluirá la experiencia profesional en las empresas de la zona de intervención, con especial atención a la formación y el empleo en el marco del turismo rural.
El programa Redes Taller Joven facilitará la movilidad dentro del territorio nacional en función de los intereses de las personas jóvenes con una ayuda específica que permitirá mejorar sus oportunidades.
Oportunidades en la transición económica: Economía circular, economía digital, energías renovables, transición ecológica y economía azul.
La economía digital es uno de los ejes fundamentales de transformación económica. Favorecer el acceso a la a tecnología y desarrollar habilidades digitales incide en la capacidad de relación social y también en la búsqueda y de acceso a las oportunidades laborales.
La formación en estas materias en los talleres de alfabetización digital incide de manera destacada en la inclusión de los colectivos más vulnerables. Estos talleres podrán contar con programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas. Se apoyarán las iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y sociales a través de la digitalización prestando especial atención al factor territorial.
En otra transición, hacia una economía sostenible y eficiente, la economía circular se perfila como un sector con gran demanda laboral con gran incidencia en los perfiles especializados en materias relacionadas con la tecnología y la investigación, características que comparten con las energías renovables o la transición ecológica, con fuerte potencial de creación de empleo. Un potencial que también se observa en el campo de la economía azul con oportunidades en materias como la logística portuaria y de transporte, recursos marinos, turismo o renovables de origen marino.
En estos ámbitos se llevará a cabo un mapa de oportunidades y necesidades en los diferentes territorios, desarrollar itinerarios integrales de empleo con programas de formación específicos.
El Plan de Garantía Juvenil Plus apoyará la estancia de las personas jóvenes en centros de investigación y empresas tecnológicas.
Escuelas profesionales duales: Permitirán conectar la Formación Profesional con el empleo mediante una oportunidad laboral real y remunerada en empresas y un acompañamiento personalizado de entre 12 y 18 meses de duración.
Escuelas de segunda oportunidad: Permitirán incrementar las oportunidades laborales de aquellas personas que abandonaron sus estudios a una edad temprana, adquiriendo formación en materias clave que permitan el acceso a la formación para obtener Certificados de Profesionalidad.
ANEXO. Tabla de inversiones
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Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
Real Decreto por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
Compensación ante paralización de desahucio y lanzamiento de inquilinos en vivienda en alquiler
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que permite obtener una compensación en determinados supuestos de paralización de desahucio y lanzamiento de inquilinos de vivienda en alquiler en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.
Estas suspensiones por motivos sociales y sanitarios dan derecho a una compensación a los propietarios o arrendadores de las viviendas por la suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos, si los servicios sociales no han podido encontrar una alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad y cuando se produzca una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
Las compensaciones ya estaban recogidas en el Real Decreto-ley 37-2020 que establece las suspensiones de los desahucios, por lo que el Real Decreto aprobado hoy establece las medidas y el procedimiento para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones, dentro de su ámbito territorial.
El objetivo que se persigue es el de dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad de los arrendatarios, garantizando así la protección social, pero también el de equilibrar los esfuerzos realizados por pequeños propietarios, evitando trasladarles situaciones de vulnerabilidad.
De esta forma, el Gobierno pretende conjugar la necesaria atención de las emergencias sociales y sanitarias producidas por la pandemia con la protección de la seguridad jurídica de propietarios y arrendadores.
Sistema de compensación
Este Real Decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario relativo a la utilización de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones que puedan proceder, basándose en normativa previa y cuyo objetivo es triple:
1.Por un lado, responder a la situación de vulnerabilidad en que podían incurrir los arrendatarios de vivienda habitual, como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis sanitaria del COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa situación, se encontraban en ella circunstancialmente.
2.Por otro lado, diseñar medidas de equilibrio que impidieran que, al resolver la situación de los arrendatarios, se trasladara la vulnerabilidad a los pequeños propietarios.
3.Y, finalmente, movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.
Acceder al Real Decreto (BOE número 137 de 09/06/2021)
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Igualdad
Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la ejecución de créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de 100.000.000 de euros
El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, por un importe total de 100 millones de euros para la ejecución de créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Dicho importe se destinará a la financiación de proyectos o programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla, en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La principal novedad en este ejercicio es que se amplía a que programas y actuaciones pueden destinar las CCAA el 10% de los fondos, dando así cumplimiento a una de las peticiones trasladadas por los territorios y que permiten avanzar en el proceso de institucionalización del Pacto de Estado. De esta forma, las CCAA y Ciudades Autónomas no solo podrán destinar los fondos del Pacto a proyectos del Capítulo 4 sino también a gastos del Capítulo 6 que desarrollan el eje 1 del Pacto.
Su distribución tendrá en cuenta distintas variables y ponderaciones como la insularidad (4 millones), su posición como ciudad fronteriza (2 millones), el número de mujeres de cada territorio (42,5 millones), así como el número de mujeres con trabajo temporal o paradas (20 millones), mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad (2,5 millones en cada uno de los tres supuestos anteriores). También se valoran cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural, con un reparto de 14 y 10 millones respectivamente.
El Ministerio de Igualdad realizará el seguimiento y control de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.
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