Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Real Decreto por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para mejorar la atención a personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.
El objetivo es que, ante cualquier amenaza de catástrofe natural o emergencia industrial o tecnológica, se garantice que las personas con discapacidad reciban la información de forma que les resulte comprensible y puedan adoptar así las medidas oportunas para garantizar su propia seguridad y la salvaguarda de sus bienes.
El Real Decreto sienta las bases para suprimir, entre otras, las barreras comunicativas a las que se enfrentan sobre todo las personas sordas usuarias de la lengua de signos cuando reclaman un servicio de emergencia a través del teléfono 112.
Las modificaciones se deberán introducir en los planes autonómicos y locales. Para establecer los mecanismos concretos, se deberán determinar protocolos de actuación específicos en las distintas fases de las emergencias.
El establecimiento de protocolos entre las administraciones y la adopción de un sistema comunicativo visual en tiempo real, permitirá que las personas sordas, vulnerables hasta ahora, sean atendidas con eficacia y eficiencia lo más pronto posible en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
El objetivo es garantizar que las personas con discapacidad conozcan qué medidas deben adoptar como acción preventiva ante una emergencia. También les permitirá facilitar, como al resto de la población, la rápida actuación de los servicios de intervención, y, finalmente, podrán colaborar en restablecer la normalidad después de cualquier emergencia.
Para que las modificaciones sean efectivas, los distintos servicios de intervención en emergencias recibirán formación específica.
La mejora responde a la demanda de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad y contribuye al cumplimiento de los derechos enunciados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y respecto a los riesgos establecidos en las diferentes Directrices Básicas de Protección Civil.
El Real Decreto cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Federación de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), que han participado en la redacción del texto. Está prevista su participación en el desarrollo de la norma.
Acuerdo por el que se aprueba el Programa de reasentamiento de refugiados en España 2019 para su ejecución en 2020, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza el Programa de Reasentamiento de Refugiados en España 2019 para su ejecución en 2020.
A través de este Programa Nacional que hoy aprueba el Ejecutivo, España continúa así apostando por el reasentamiento como vehículo de cooperación con aquellos países que reciben flujos masivos de refugiados como consecuencia de su cercanía con las zonas de conflicto.
Para ello, y continuando en la senda de años anteriores, nuestro país realiza un nuevo ofrecimiento para reasentar durante el próximo año 2020 a 1.200 refugiados, principalmente procedentes de Siria y de otros países afectados por guerras o graves crisis humanitarias y que se incluyen en las prioridades globales de reasentamiento identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea.
El reasentamiento es un proceso por el cual un refugiado que ha huido de su país de origen porque está perseguido por motivos de raza, religión, opiniones políticas u otros motivos y que goza de asilo temporal en otro país, es reasentado en un tercer país, en este caso España.
Con este acuerdo se da cumplimiento a la ley española de asilo de 2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que establece que el Consejo de Ministros acordará anualmente el número de personas que podrán ser objeto de reasentamiento en España, una vez determinado por la Unión Europea el número de personas que deben ser reasentados.
Durante los últimos años, el reasentamiento se ha afianzado como un mecanismo que permite ofrecer una protección duradera a aquellos refugiados que se encuentran en estas circunstancias. No obstante, no sólo se ha convertido en un elemento esencial de los sistemas de protección internacional, sino que también constituye una muestra de solidaridad internacional de los países de reasentamiento hacia los países que soportan la recepción de la gran mayoría de refugiados, en contextos de inestabilidad política e institucional.
Asimismo, el presente plan nace además con el objetivo de contribuir, como en años anteriores, a aliviar la crisis humanitaria del Mediterráneo oriental, derivada principalmente del conflicto sirio.
La ejecución del programa se llevará a cabo conjuntamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, -que podrán solicitar la colaboración de otros departamentos cuando se estime conveniente en virtud de sus competencias-, y tendrá un coste previsto de 35.115.144 euros.
Acuerdo por el que se toma conocimiento del IV Informe de Seguimiento del Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018), correspondiente al año 2018
El Consejo de Ministros ha conocido hoy el IV Informe de seguimiento del Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
El Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual abarca el período 2015-2018. Este año se han aprobado los informes II (relativo a 2016) y III (relativo a 2017). El IV informe, que ahora se presenta, contiene los datos relativos a 2018 y cierra la vigencia del Plan Integral.
La trata en España en 2018
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a través de las entidades encargadas de proporcionar asistencia a mujeres en situación de prostitución, ha detectado y atendido a 13.317 mujeres con signos de trata o explotación sexual. De ellas, 4.302 mujeres presentan claros indicios de trata con fines de explotación sexual y las 9.028 restantes son víctimas de explotación sexual.
Asimismo, las estadísticas oficiales del CICO (Centro de Inteligencia para el Crimen Organizado) muestran que en 2018 se llevaron a cabo 2.036 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, detectando un total de 9.315 personas en situación de riesgo. Se instruyeron 135 atestados; 61 relacionados con la trata con fines de explotación sexual y 74 solo por explotación sexual (sin trata). Se han desarticulado 10 organizaciones criminales y 36 grupos criminales (las organizaciones son más complejas en estructura y medios que los grupos criminales).
En cuanto a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (sección de Extranjería), cabe destacar que en 2018 se investigaron 91 casos de trata con fines de explotación sexual (identificándose a 331 víctimas y entre ellas 11 menores) así como a otras 83 mujeres en situación de grave riesgo por explotación de prostitución. Se identificaron 35 organizaciones o grupos criminales.
Conclusiones
A la vista de las prioridades establecidas en el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el informe hace balance positivo de la colaboración institucional. Señala que existe una mayor conciencia de trabajo en común, especialmente positiva respecto al proceso de intervención con las víctimas de trata. Igualmente positiva es la colaboración con la sociedad civil, entre otras cuestiones por la participación en procesos de decisión y por su trabajo especializado en favor de la protección de la víctima.
Tanto desde la perspectiva estatal como autonómica el documento destaca el abordaje de la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres, en línea con lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El informe también plantea la necesidad de aumentar el conocimiento por parte de la sociedad española sobre el problema de la trata y su vinculación con la prostitución, y destaca el incremento de los fondos orientados a la detección y asistencia a las víctimas de trata constituye un gran paso en el mantenimiento de una red estable de recursos y especialización ante situaciones de vulnerabilidad.
Por último, destaca el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, al privar a los delincuentes de los beneficios del delito, un factor esencial para acabar con este negocio tan lucrativo.
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