Hacienda y Función Pública
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y TEMPORAL Y ATENCIÓN HUMANITARIA
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la financiación de los gastos estructurales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria mediante acción concertada para el periodo 2023-2026.
La Secretaría de Estado de Migraciones tiene competencia en la elaboración y desarrollo de la política del Gobierno en materia de inmigración, extranjería y emigración y, por consiguiente, para la cobertura de las necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal.
El artículo 30 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.
El Reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, equipara las ayudas sociales a percibir por las personas beneficiarias del régimen de protección temporal a las de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
Por su parte, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, prevé la posibilidad de prestar los servicios de acogida mediante la correspondiente autorización de acción concertada. El sistema de gestión y financiación mediante acción concertada ha sido desarrollado en el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado mediante Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, y en la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada.
De conformidad con la citada Orden, el órgano gestor realizará una planificación de los recursos necesarios que van a ser objeto de acción concertada. Esta planificación debe establecerse en las correspondientes Resoluciones de la Dirección General de Gestión del Sistema de Protección Internacional y Temporal y de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, para cuya publicación es necesario, con carácter previo, disponer del certificado de la existencia de crédito y, en su caso, el certificado de cumplimiento de límites de ejercicios posteriores y la aprobación del gasto.
La planificación estratégica recogerá recursos de acogida permanentes de carácter estructural en la planificación plurianual y podrá incorporar, mediante modificación, nuevos centros de acogida que tengan carácter coyuntural o de emergencia cuando se produzcan grandes llegadas. Por tanto, la propia configuración del modelo de acogida permite que convivan dos o más planificaciones.
De acuerdo con las previsiones realizadas por la Secretaría de Estado de Migraciones, teniendo en cuenta los precios de referencia por día, plaza y persona, las necesidades totales para la financiación de los gastos estructurales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria mediante acción concertada, para el periodo 2023-2026 en la aplicación 'Concierto social de atención humanitaria y protección internacional', serán las siguientes:
Los importes serán abonados a las entidades autorizadas para la prestación de servicios de acción concertada, en los términos previstos en el artículo 14 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio.
Gastos excepcionales en 2023 para atender a desplazados de Ucrania
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al citado Ministerio la financiación de los gastos excepcionales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria mediante acción concertada para 2023.
En este caso, además de proponer la financiación de los gastos estructurales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria para el periodo 2023-2026, se prevén necesidades excepcionales para el periodo 2023 debido a la población desplazada con motivo de la guerra de Ucrania.
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Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
FINANCIACIÓN PARA VIVIENDAS DESTINADAS AL ALQUILER ASEQUIBLE O SOCIAL
De esta forma, se atiende a diferentes aspectos identificados y se avanza en la colaboración entre administraciones públicas que caracteriza la aplicación de estos programas y que se puso de manifiesto en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del pasado 13 de septiembre, en la que se aprobaron por unanimidad la distribución territorial y los criterios de reparto de 1.889 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, y que se suma a los 1.651 millones de euros que ya han sido transferidos en los últimos meses.
El Consejo de Ministros ha aprobado la transferencia de 10 millones de euros a las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la adquisición de viviendas titularidad de la Sareb para alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 50 años.
Así, se ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se modifican varios reales decretos, como los que regulan el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 o los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Entre las modificaciones, se ha simplificado la articulación de la transferencia de 10 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para la adquisición de viviendas propiedad de la Sareb que vayan a ser destinadas al alquiler asequible o social. El objetivo es facilitar la contribución de Sareb al incremento del parque público de viviendas.
Estos 10 millones de euros ya estaban consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 denominada "A comunidades autónomas y ayuntamientos para adquirir vivienda pública destinada a alquiler social. Recuperar 30% viviendas Sareb".
Además, este Real Decreto establece ajustes para facilitar la gestión del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, así como pequeños ajustes técnicos aplicables a actuaciones en curso de planes estatales anteriores.
Todos ellos tienen como objetivo no solo mejorar la gestión, sino alcanzar una mayor coherencia en los programas de ayudas, en referencia a los ciudadanos vulnerables social y económicamente, con otras actuaciones autonómicas y locales que van desarrollando en materia de vivienda.
Distribución
La distribución de los 10 millones de euros se realizará entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla conforme al reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo celebrada el 9 de marzo de 2022 para la distribución territorial definitiva de los fondos estatales para atender las subvenciones del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
La cuantía de la subvención para la adquisición de viviendas a la Sareb podrá ascender hasta el 100% del precio o coste de adquisición (incluidos tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto inherente a la adquisición). Estas viviendas habrán de destinarse al alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 50 años y tendrán limitación de renta.
Asimismo, se introducen determinadas mejoras técnicas en el Real Decreto que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contribuirán a mejorar y agilizar la gestión por parte de las diferentes administraciones territoriales, así como en la tramitación de los procedimientos establecidos en los diferentes programas.
Acceder al Real Decreto de modificación (BOE número 257 de 26/10/2022)
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Derechos Sociales y Agenda 2030
FINANCIACIÓN DEL MARCO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA
Una vez recabada la oportuna autorización por parte del Consejo de Ministros, se efectuará un único pago a cada comunidad autónoma, referido a la totalidad de las cantidades que le hayan correspondido en la distribución establecida en el Marco de Cooperación Interadministrativa 2022.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el anticipo de la cuantía total de los importes previstos en los convenios a suscribir entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la financiación de las actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia en el ejercicio 2022.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, dispone como una de las competencias del Consejo territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) la de «acordar el Marco de Cooperación Interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10».
Asimismo, el artículo 10.1 de la citada Ley determina que «en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán el Marco de Cooperación Interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas».
Para el presente ejercicio 2022, en los presupuestos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se ha consignado como la aportación de la Administración General del Estado para la financiación de este nivel acordado de protección un total de cuatrocientos ochenta y tres millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinte euros (483.197.420 €).
Para su distribución entre las comunidades autónomas de régimen común (ya que tanto la comunidad autónoma del País Vasco como la Comunidad Foral de Navarra poseen unos regímenes económicos específicos), en fecha de 19 de julio el Consejo de Ministros procedió a la aprobación del Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el Marco de Cooperación Interadministrativa, y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2022 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Una vez alcanzado este acuerdo, y tras la oportuna aprobación del gasto, con fecha de 28 de julio se aprobó en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el Acuerdo sobre el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2022 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.
Como desarrollo del citado Marco de Cooperación Interadministrativa 2022 (al igual que en el pasado ejercicio 2021) se están negociando los oportunos convenios con las comunidades autónomas. Y a los efectos del libramiento efectivo de las cantidades que le correspondan a cada comunidad, en el pasado ejercicio 2021 tales pagos se acomodaban a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, lo que en la práctica supuso la necesidad de llevar a cabo varios pagos a cada comunidad autónoma.
No obstante, y precisamente para agilizar la transferencia efectiva de dichos créditos a cada comunidad autónoma, en la Disposición Adicional centésimo novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 se ha dispuesto la posibilidad de efectuar un único pago en concepto de anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas, estableciendo asimismo que para ello se requiere la oportuna autorización del Consejo de Ministros.
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INFORME DE PROGRESO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2022
Y, por último, en tercer lugar, en transición ecológica, España ha avanzado hacia un sistema productivo medioambientalmente más sostenible. Prueba de ello es que, en 2021, las emisiones de CO2 (equivalente) se mantuvieron por debajo de los niveles de 1990 y fueron un 8% inferiores a las del año 2019. Por su parte, el papel de las renovables en la generación de electricidad continúa en ascenso, y ya en 2021 supusieron el 46,7% del total, contribuyendo así a la descarbonización del sistema energético. Se ha aprobado, a su vez, una importante batería de herramientas para mejorar la conservación y protección de los ecosistemas marinos y terrestres, aplicando el mejor conocimiento científico disponible a este objetivo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe de Progreso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2022, el cual da cuenta del cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en España.
Se trata de un ejercicio de rendición de cuentas con la ciudadanía y también con Naciones Unidas. El informe refleja los avances en los compromisos y aporta una fotografía del momento social, económico y medioambiental, tomando como referencia los retos pendientes para 2030. Además, recoge los avances del último año en tres aspectos claves para el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país:
En primer lugar, en materia social, al evidenciar que el escudo social, el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas de protección a las familias han mitigado el impacto de los efectos socioeconómicos de la pandemia y de la guerra de Ucrania. También se ha avanzado muy sustancialmente en la protección de los derechos laborales, con medidas como el incremento continuado del Salario Mínimo Interprofesional o la aprobación de la reforma laboral, que ha significado un hito para la creación de empleo estable y de calidad.
En segundo lugar, los derechos feministas y la erradicación de las violencias machistas han sido otro de los focos durante este primer año de implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. En este ámbito, se han desplegado medidas como la Ley Orgánica Integral de Garantía de la Libertad Sexual, una norma clave para la prevención y el abordaje de las violencias sexuales, o la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
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