Derechos Sociales y Agenda 2030
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Este nuevo baremo de valoración de la discapacidad sustituye al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos.
De esta forma, el Gobierno da cumplimiento a los compromisos adoptados en la esfera nacional e internacional y se da respuesta a una demanda de las personas con discapacidad, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España según el INE, que llevaba bloqueada 10 años. Representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán además en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.
Este texto, que se ha construido sobre la base del diálogo territorial, establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado, garantizando con ello el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Además, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad que redunda en una mayor eficiencia y transparencia.
El texto aprobado establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, entre otras. También se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia.
Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados.
Como novedad, su tramitación pone en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal. Asimismo, permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza, lo que redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.
A partir de ahora, este nuevo baremo permitirá realizar una valoración y calificación más certera de realidades que causan discapacidad como las discapacidades psicosociales, el autismo o las enfermedades raras. También dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud.
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Interior
COOPERACIÓN POLICIAL CON MARRUECOS CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una ayuda en materia de cooperación policial internacional al Reino de Marruecos, por un importe de 30 millones de euros, para contribuir a la financiación de su despliegue en la lucha contra el tráfico de personas y la gestión de los flujos migratorios.
La concesión de esta ayuda se ha tramitado conforme al artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al artículo 5.3 del Real Decreto 732/2007, de 8 de junio, por el que se establecen las normas especiales sobre ayudas en el ámbito de la cooperación policial internacional.
La subvención tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos de los despliegues operativos, así como los gastos de mantenimiento de los materiales empleados y de los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la lucha contra el tráfico ilegal y la trata de seres humanos que tiene como destino las costas españolas.
Esta ayuda financiera responde a la necesidad de apoyar los esfuerzos del Reino de Marruecos para hacer frente a la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo occidental. Los datos registrados a lo largo de este 2022 corroboran la eficacia de las acciones de cooperación policial internacional para hacer frente a las llegadas irregulares, ya que ese flujo migratorio se ha reducido en casi en 20 por ciento.
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Educación y Formación Profesional
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Los criterios de distribución incluyen el número de alumnos y alumnas de la etapa de Educación Infantil y de los dos primeros ciclos de Educación Primaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos (ponderación del 90%) y la dispersión de la población e insularidad (10%).
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 38 millones de euros para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en las primeras etapas de escolarización y mejorar la equidad de la educación.
Los objetivos del programa son actualizar y ajustar las medidas de atención a la diversidad para garantizar la educación inclusiva en las primeras etapas educativas; impulsar la colaboración con las familias en la vida del centro y desarrollar sentimiento de pertenencia; garantizar la detección precoz de estas necesidades de apoyo educativo y la intervención temprana; y asegurar una atención especializada para este alumnado.
Está dirigido en particular al alumnado de Educación Infantil y los dos primeros ciclos de Educación Primaria escolarizado en centros ordinarios y de educación especial sostenidos con fondos públicos. Estas necesidades de apoyo educativo incluyen, entre otras, las asociadas a discapacidad, los trastornos del lenguaje, los trastornos del aprendizaje o el retraso madurativo.
El plazo de ejecución de este programa de educación inclusiva, con cargo a los presupuestos de 2022, es desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.
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