Acuerdos del Consejo de Ministros de 30/11/2021

Fuente: Referencia del Consejo de Ministros

Hacienda y Función Pública

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites de gasto, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género la contratación anticipada del servicio de "asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica".

Con motivo de la finalización el próximo 25 de marzo de 2022 del contrato actualmente en vigor, es necesaria la tramitación de un contrato nuevo, imprescindible para el adecuado cumplimiento de las competencias atribuidas a la citada Secretaría de Estado, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.

Su finalidad es llegar a todas las víctimas de la discriminación racial que en la actualidad no se están cubriendo debido al elevado porcentaje de "infradenuncia", lo que se intenta reducir mediante la tramitación del nuevo contrato, en el que se contempla tomar medidas en los siguientes ámbitos:

• Atención telefónica del servicio de 12 horas diarias durante los 365 días del año, aumentando las exigencias del contrato actual que solamente cubre un total de 35 horas semanales de atención telefónica.
• Atención presencial a través de oficinas físicas, incrementando el horario de atención a un mínimo de 37,5 horas a la semana, frente al contrato actual que solamente exige una atención presencial de 12 horas a la semana.
• Asistencia de dos licenciados en Derecho debido a la complejidad jurídica de la legislación en esta materia y la necesidad de dar asesoramiento jurídico a las víctimas de la discriminación racial.

La dotación inicial en el presupuesto para el año 2021 asciende a un millón de euros. A lo largo del ejercicio han surgido nuevas necesidades de gasto superiores a los compromisos a adquirir este año para 2022, 2023 y 2024 que han superado los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria en 818.951,43 euros, 2.456.854,29 euros y 655.161,14 euros, respectivamente, por lo que requiere la aprobación del Consejo de Ministros, según se establece en la citada Ley.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

MEJORAS PARA CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS DEPENDIENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica el Real Decreto 615/2007, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. Esta modificación permite actualizar anualmente la base de cotización original de las personas cuidadoras que reducen su jornada y retribución para cuidar a una persona dependiente. También se van a beneficiar aquellas personas que, por pasar a tener la condición de cuidadores/as de personas en situación de dependencia, extinguen una situación anterior de convenio especial con la Seguridad Social y pasan a suscribir el convenio especial de cuidadores/as no profesionales de personas en situación de dependencia.

El nuevo texto modifica además cómo se determina esta base de cotización original, tomando un período de referencia más amplio para su cálculo. De esta forma, se trata de garantizar la adecuación de esta base a los ingresos reales que la persona trabajadora venía percibiendo con anterioridad a la asunción de su condición de cuidador/a de persona en situación de dependencia.

La actualización anual de la base de cotización también se aplicará a convenios que estuvieran ya suscritos con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la modificación.

Desde 2006 (Ley 39/2006), está establecido el derecho de las personas en situación de dependencia a percibir una prestación económica para la disposición y organización de los cuidados que precisa en su entorno familiar. Y desde 2007 (Decreto 615/2007), está regulada la Seguridad Social de estos cuidadores no profesionales, que están encuadrados en el Régimen General, en situación asimilada al alta mediante la suscripción de un convenio. Desde entonces, el convenio especial se aplica para mantener la base de cotización de aquella persona cuidadora que debe reducir su jornada (y retribución) por la realización de los cuidados. Con la modificación actual, se permite actualizar anualmente dicha base.

Actualmente, hay cerca de 59.000 cuidadores no profesionales de personas dependientes. Aquí se pueden ver el número de personas en estos convenios, por provincias:

 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

LIMITACIONES DE LLEGADA A ESPAÑA DESDE SUDÁFRICA, BOTSUANA, ESWATINI, LESOTHO, MOZAMBIQUE, NAMIBIA Y ZIMBABUE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por la variante B.1.1.529 (ómicron) de la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre Sudáfrica, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia y Zimbabue y los aeropuertos españoles.

La medida entrará en vigor a las 00:00 del día 2 de diciembre (hora peninsular) y se mantendrá hasta las 24:00 horas del 15 de diciembre de 2021 (hora peninsular), período que podrá prolongarse si es necesario en función de la evolución de la situación y de la pandemia y de las decisiones que puedan adoptarse de forma coordinada en la Unión Europea.

Desde estos 7 países sólo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

Quedan exceptuados de esta limitación los vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento, vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales y humanitarios, médicos o de emergencia. Tampoco se aplicará esta restricción al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

Acción decidida del Gobierno por la salud y la seguridad

El acuerdo se encuadra en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios, y en sintonía con las recomendaciones en el ámbito de la coordinación europea.

Asimismo y, ante la aparición de esta nueva variante B.1.1.529 (ómicron) de la COVID-19 y, activado el Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis-IPCR, del Consejo de la UE, se ha concluido en la necesidad de que los Estados miembros activen el freno de emergencia de conformidad con lo establecido en la Recomendación (UE) 2020/912, e imponer urgentemente restricciones temporales a todos los viajeros que lleguen a la UE procedentes de estos 7 países, incluyendo la suspensión de los vuelos de pasajeros de dichos países.

Adicionalmente, están en línea con el objetivo establecido por el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud y por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de interrumpir la propagación del virus, adoptando medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo.

Acceder a la Orden (BOE número 287 de 01/12/2021)

Sanidad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ACCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA

El 1 de diciembre celebramos el Día Internacional de la Acción contra el VIH/Sida. Este año esta efeméride coincide con otra: el cumplimento de los 40 años del primer diagnóstico de Sida. Si echamos la vista atrás, 40 años después, es verdad que hemos avanzado mucho, pero también es cierto que, ahora es el momento de mirar al futuro.

En todo este tiempo, el conocimiento científico, los desarrollos farmacológicos, la implicación del personal sanitario y la acción de los colectivos sociales nos han permitido abordar el VIH con muchas más garantías que entonces. En nuestro país, hoy día, estamos cerca de cumplir los objetivos 95 95 95: 95% de personas con VIH diagnosticadas, 95% de personas diagnosticadas en tratamiento, y 95% de personas en tratamiento indetectables. Este es nuestro compromiso y nuestra determinación. Para ello, contamos con herramientas diagnósticas, preventivas y terapéuticas altamente eficaces: contamos con el preservativo, cuyo uso debemos seguir impulsando. Contamos con antirretrovirales de gran eficacia, claves para alcanzar la indefectibilidad y el control clínico de la infección. Contamos con la profilaxis post exposición, y con la profilaxis pre exposición, ya disponible en todo el territorio.

Y, sobre todo, contamos con un movimiento de respuesta al VIH que ha sido un ejemplo de integración, compromiso y solidaridad, conformado por todos los actores implicados en el ámbito del VIH/Sida. Todos estos factores nos han permitido reescribir el relato de las personas que viven con VIH: de ser una enfermedad mortal, ha pasado a ser una enfermedad crónica.

Pero debemos seguir trabajando para llegar todavía más lejos. Los objetivos de Desarrollo Sostenible de ONUSIDA marcan el horizonte: acabar con el VIH como problema de salud pública en 2030. Para ello, contamos con los avances antes mencionados y, especialmente, con el Plan Estratégico de Prevención de VIH e ITS 2021-2030 que aprobaremos el Ministerio de Sanidad, las CCAA y las ciudades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Dicho Plan se articula alrededor de 4 objetivos estratégicos: la promoción de la prevención combinada; la promoción del diagnóstico precoz, la promoción del acceso temprano al tratamiento y el manejo de la cronicidad, y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

La llegada de este virus puso de manifiesto los ejes de desigualdad existentes dentro de nuestras sociedades, afectando a los colectivos vulnerables de manera desproporcionada. Pocas enfermedades infecciosas a lo largo de la historia han venido acompañadas de los niveles de estigma y discriminación, generando un enorme impacto en la vida de las personas con VIH y dificultando la consecución de los objetivos epidemiológicos de control y eliminación de la pandemia.

Por ello, la respuesta al VIH, y así lo recoge el Plan, debe estar atravesada por el compromiso rotundo con el fin del estigma, con un enfoque que tome en consideración no solo el estatus serológico, sino todos los determinantes sociales de la salud que interseccionan en las personas afectadas: género, situación migratoria, diversidad sexual o edad son algunos de ellos.

Desde el Gobierno de España lo tenemos claro, el éxito en la acción frente al VIH sólo tendrá lugar bajo la perspectiva de igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. Para ello hemos recuperado y creado herramientas indispensables como el acceso universal a la asistencia sanitaria o el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociado al VIH.

España tiene hoy la oportunidad de hacer historia: podemos y debemos comprometernos con el fin del VIH como problema de salud pública en 2030. Es una cuestión de voluntad política.

Derechos Sociales y Agenda 2030

REALOJO DE FAMILIAS DE LA CAÑADA REAL GALIANA (MADRID)

El Consejo de Ministros ha aprobado Real Decreto por el que se regula la concesión directa de cinco millones de euros a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para la realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana.

La subvención se financiará con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 para el año 2021, que asimismo será el órgano encargado de realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas. El 60% del total irá destinado a programas de realojo e inclusión social que realice el Ayuntamiento de Madrid, por un total de tres millones de euros. El 40% será para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, por un total de dos millones de euros.

La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento informal de Europa tanto en extensión como en población. En diciembre de 2020, nueve relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un escrito conjunto, alertaron acerca de la magnitud del problema de exclusión social y de vulneración de derechos básicos que experimentan sus habitantes, calificándolo de catástrofe humanitaria y de derrota de los derechos sociales. Previo a ello, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en su Declaración tras su visita oficial a España en 2020, alertó de la situación de extrema precariedad en la que viven las personas que residen en dicho asentamiento informal, poniendo de manifiesto el insuficiente desarrollo de los compromisos adquiridos en el marco del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017 por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, el Ayuntamiento de Coslada, los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, y la Administración General del Estado a través de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana contiene una serie de compromisos de actuación para cada uno de los seis sectores, incluyendo la necesidad de desmantelar el sector 6 (correspondiente al término municipal de Madrid) ante la ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad.

Por su parte, en el caso de los sectores dos, tres, cuatro y cinco, se comprometió el desarrollo de distintas ponencias técnicas con el fin de determinar las limitaciones territoriales, ambientales y urbanísticas existentes en el entorno de dichos sectores, situados en los términos municipales de Madrid y de Rivas Vaciamadrid. Como resultado de las mismas se ha concluido que el sector dos, ubicado junto a los desarrollos del Cañaveral y Los Cerros (distrito de Vicálvaro) pueda ser una zona urbanizable, y que de la ordenación de este sector quedaría terreno edificable para ofrecer una solución habitacional para el conjunto de la población que reside en dicho sector y en el sector tres, restando, por tanto, el diseño de programas que resuelvan la situación del resto de los sectores.

Compromiso con las Naciones Unidas

En respuesta al llamamiento urgente de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las naciones Unidas, se impulsó un grupo de trabajo interministerial que ha sido constituido el pasado 28 de septiembre. Participan en el mismo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil. Está coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid.

Este grupo de trabajo muestra la voluntad de la Administración General del Estado para colaborar, de forma sostenida con las distintas administraciones de ámbito autonómico y local implicadas de manera directa en ofrecer soluciones integrales y definitivas a la situación de extrema precariedad social que padecen las personas y familias que habitan dicho asentamiento.

En coherencia con todo lo expuesto, el real decreto se dicta en justificación de la situación de extremada y urgente necesidad de ofrecer soluciones de emergencia a familias en situación de particular precariedad social residentes en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana.

 Acceder al Real Decreto (BOE número 287 de 01/12/2021)

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria la concesión de una subvención directa a Cruz Roja Española, por importe de 29.000.000 de euros, en el marco del Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas migrantes.