Fuente: Referencia
del Consejo de Ministros
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática
Declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con
motivo de la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer,
declarado por las Naciones Unidas en 1977. El Gobierno de España muestra su
firme compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y
niñas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como con las políticas
públicas que resuelvan las desigualdades materiales, simbólicas y de valor que
enfrentan las mujeres.
La primera huelga feminista, convocada en 2018, interpeló a las instituciones
públicas y colocó en el centro de la discusión debates ausentes hasta ese
momento. Su lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", vino a recordarnos que
el trabajo doméstico y los cuidados, esas actividades cotidianas que hay que
hacer, son un trabajo básico para la supervivencia y la garantía de disfrute de
cierto bienestar físico y emocional para las personas.
España ha ratificado los principales instrumentos internacionales, como la
Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer
(CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer y violencia domestica (Convenio de Estambul). Asimismo, se ha
adherido a los acuerdos globales, como la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, entre otros.
La Agenda 2030 es la guía fundamental para avanzar en la igualdad de género a
nivel global. España ha impulsado de manera decidida los principales
instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género y seguirá
contribuyendo al desarrollo y aplicación del Plan de Acción de la UE de
implementación del Enfoque Estratégico hacia Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2024
y de los objetivos recogidos en la Estrategia para la Igualdad de Género
2020-2025 de la Comisión Europea.
Declaración institucional
"El 29 de octubre de 2020, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género
hacía público el último Índice Europeo de Igualdad de Género en el que advertía
que la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea avanza muy
lentamente: sólo 4,1 puntos en la última década y 0,5 puntos desde el 2017. Un
ritmo tan lento, 1 punto cada dos años, indica que serían necesarios más de 60
años para lograr la plena igualdad de género en la UE. El mismo informe también
alertaba que la crisis provocada por la Covid-19 puede tener como resultado un
retroceso profundo en los frágiles avances logrados hasta la fecha.
En los últimos cuarenta años, España ha desarrollado una intensa actividad
institucional para erradicar la discriminación y la desigualdad creando
organismos, impulsando políticas públicas y articulando marcos normativos para
avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Al tiempo, nuestro país se ha convertido en uno de los epicentros, en el
plano internacional, de las grandes movilizaciones feministas que desde el 2018
se han sucedido en todo el mundo. España se ha consolidado en el ámbito
internacional y multilateral como uno de los países impulsores de los avances en
la igualdad de género. Este mismo año, se ha elegido a la primera Presidenta de
Sala del Tribunal Supremo. Un gran avance y una referencia para que las mujeres
puedan seguir rompiendo techos de cristal en los órganos de gobierno del poder
judicial.
España está firmemente comprometida con la promoción y protección de los
derechos de las mujeres y niñas y ha ratificado los principales instrumentos
internacionales, como la Convención de Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer y violencia domestica (Convenio
de Estambul), y se ha adherido a los acuerdos globales como la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, entre otros. La Agenda 2030 es la guía
fundamental para avanzar en la igualdad de género a nivel global. España ha
impulsado de manera decidida los principales instrumentos de la Unión Europea en
materia de igualdad de género y seguirá contribuyendo al desarrollo y aplicación
del Plan de Acción de la UE de implementación del Enfoque Estratégico hacia
Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2024 y de los objetivos recogidos en la Estrategia
para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión Europea. Trabajaremos para
avanzar hacia la adhesión de la Unión Europea al Convenio del Consejo de Europa
sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica (Convenio de Estambul).
Desde el inicio de la pandemia, tanto el Secretario General de las Naciones
Unidas, como ONU Mujeres o la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
alertaron del impacto desproporcionado de los efectos de la Covid-19 en mujeres
y niñas en todo el mundo. España ha desarrollado importantes acciones en el
ámbito de Naciones Unidas, promoviendo resoluciones sobre la materia en la
Asamblea General de Naciones unidas y el Consejo de derechos Humanos, en
coordinación con ONU Mujeres, introduciendo el enfoque de género en el trabajo
de organismos como la Organización Mundial de la Salud o a través de
instrumentos como la Estrategia Conjunta de la Cooperación Española en respuesta
a la Covid-19.
España sigue avanzando en la profundización del enfoque de género en todas
sus acciones de política exterior en el marco de su diplomacia feminista con el
objetivo de garantizar una recuperación y respuesta que avance hacia la igualdad
de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto, España
promueve la concertación internacional para hacer frente a la trata de personas,
que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, así como para erradicar la
mutilación genital femenina y los matrimonios de menores.
El empuje feminista institucional y social, sin embargo, no ha conseguido que
los avances se aceleren ni que estos se consoliden. Entonces ¿cuáles son las
resistencias que bloquean lo que ya existe dentro y fuera de las instituciones?
Las respuestas son múltiples, pero hay una incontestable: la resistencia al
avance feminista se explica por ser mujeres.
Los datos que arrojan los numerosos estudios realizados son consistentes y no
dejan margen para la interpretación sobre la realidad en la que vivimos: la vida
de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los
ámbitos en los que la vida de las personas discurre. Ello se refleja en el
acceso, la participación y la promoción laboral, en los salarios, en la
precariedad laboral, en las pensiones, en el reparto del trabajo doméstico y de
cuidados, en la disponibilidad de tiempo, en la brecha digital de género, en la
menor presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas, en la representación en los órganos de mayor poder
político, judicial o económico, en la participación social, deportiva y
cultural, en el predominio de problemas de salud mental, en la creciente
feminización de la pobreza y sus graves consecuencias, en la mayor dificultad de
acceso a los recursos básicos para vivir -vivienda, alimentación, luz o
calefacción- y en la mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia
machista. Una violencia machista que es la manifestación más atroz de la
desigualdad entre mujeres y hombres y que ha supuesto que 1.081 mujeres hayan
sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003.
Las mujeres y niñas, sufren además múltiples formas de discriminación, entre
otras, discriminación por razón de origen étnico o racial, por discapacidad,
religión, u orientación sexual e identidad de género.
La primera huelga feminista, convocada en 2018 y transformada en un hito
histórico del movimiento feminista español, interpeló a las instituciones
públicas y colocó en el centro de la discusión debates ausentes hasta ese
momento. Su lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", vino a recordarnos que
el trabajo doméstico y los cuidados, esas actividades cotidianas que sí o sí hay
que hacer, son un trabajo básico para la supervivencia y la garantía de disfrute
de cierto bienestar físico y emocional para las personas.
La pandemia, precisamente, ha colocado en escena, con inusual protagonismo,
el valor de aquello que permanecía oculto. Esos trabajos y tiempos que,
invisibilizados, son desarrollados por las mujeres, en general, y especialmente
por aquellas que menos posibilidades de elección tienen: mujeres pobres, mujeres
migrantes y mujeres racializadas. Hemos observado como las mujeres se encuentran
en la primera línea de la crisis de la Covid-19 como trabajadoras de la salud,
cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También, que se encuentran
entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra
la pandemia. La crisis, en definitiva, ha puesto de relieve tanto la importancia
fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas
desproporcionadas que soportan.
Una de las demandas centrales del movimiento feminista para lograr la
emancipación de las mujeres ha sido avanzar en la mejora de la autonomía
económica a través de su acceso y participación en el mercado laboral. Sin
embargo, esta autonomía económica está estructuralmente amenazada porque ese
avance no ha ido acompañado, entre otros, de la transformación en el reparto de
los trabajos domésticos y de cuidados en los hogares a través de políticas
públicas que aumentaran la corresponsabilidad de las instituciones y de los
hombres. Por eso, las mujeres en España hoy trabajan más que los hombres, pero
son más pobres en términos económicos y en disponibilidad de tiempo.
El movimiento feminista en España ha conseguido que una nueva agenda política
vinculada con la redistribución de la riqueza, el tiempo y el trabajo entre en
las instituciones y que se recuperen estructuras institucionales específicas,
como el Ministerio de Igualdad, para dar respuesta a dichas cuestiones. La
crisis de la Covid-19, además, ha venido a reforzar con la mayor de las crudezas
la urgencia de lo que el feminismo lleva décadas reivindicando.
Es el tiempo de traducir las demandas feministas en políticas públicas que
resuelvan de manera socialmente justa los trabajos que se han revelado
esenciales para la vida y que constituyen la condición de posibilidad para
intervenir sobre las desigualdades materiales y las desigualdades simbólicas y
de valor que enfrentan las mujeres. Es tiempo de transformar los currículos
educativos, los libros de texto y demás materiales educativos para eliminar
estereotipos sexistas o discriminatorios y de formar al profesorado en la
promoción de la igualdad. Un camino iniciado con la nueva Ley de Educación, que
establece como un principio del sistema educativo el fomento de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, estableciendo el enfoque de igualdad de género a
través de la coeducación, la prevención de la violencia de género y el respeto a
la diversidad afectivo-sexual. También, de realizar un especial esfuerzo porque
la transición hacia un modelo productivo que haga sostenible la vida presente y
futura, ligado a la ciencia, a la investigación y a la innovación, no deje a las
mujeres atrás, integrando la dimensión de género y fomentando el liderazgo
femenino y la presencia equilibrada de las mujeres en los mismos. Por eso, es
urgente intervenir para atraer, retener, fomentar el talento femenino en este
ámbito y para mejorar las condiciones laborales en sectores claves para la
supervivencia humana como el sector primario o el de los servicios sociales
esenciales.
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de España
expresa su firme compromiso con desplegar un paquete de medidas públicas que
avancen hacia una transición económica basada en el cuidado y la reparación
social, no reproductora de las desigualdades entre mujeres y hombres y con
promover dichas políticas públicas en el plano internacional. Unos compromisos
alineados en el plano internacional con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y con la Estrategia Europea de Igualdad de Género
2020-2025, y contenidos en el Acuerdo del Programa de Gobierno de España para la
XIV Legislatura y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
2021-2024."
Derechos Sociales y Agenda 2030
Informe sobre las Directrices Generales de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030
El Consejo de Ministros ha aprobado las Directrices Generales de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible, un documento que recoge el núcleo de la
futura Estrategia, que se aprobará en los próximos meses. La Estrategia de
Desarrollo Sostenible será la herramienta del Gobierno para lograr que España
cumpla con la Agenda 2030, convirtiéndose en un país más justo socialmente,
sostenible, igualitario y feminista en los próximos años.
En este documento se especifican ocho retos que enfrenta España en la
actualidad y las políticas que han de ponerse en marcha para afrontarlos. En
concreto, el Ejecutivo ha detectado que los desafíos que tiene nuestro país son
el de la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la
brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del
sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos;
la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios
democráticos; y la situación del medio rural, entre otros. Para afrontar dichos
retos, el Ejecutivo debe poner en marcha una serie de políticas concretas desde
hoy hasta 2030 que se recogen en el documento.
Nuestro país se comprometió en 2015 a implementar la Agenda 2030 con el
objetivo de mejorar la vida de las personas, el entorno natural en el que nos
encontramos y nuestra relación con el mismo, así como fortalecer nuestras
instituciones y servicios públicos. Por ello, casi seis años después de su
aprobación, este documento de Directrices de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible pretende marcar la senda para que España cumpla con su compromiso en
los próximos años.
