Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999 el 25 de noviembre como el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto de la violencia que sufren las mujeres y de fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de esta violencia en todo el mundo invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente al movimiento feminista, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la siguiente declaración institucional:
"Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad más igualitaria, libre de violencia contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres vulnera el derecho fundamental a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, y los derechos de la infancia. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación y violencia.
Este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre a las víctimas en el centro, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades.
Sin duda, el primer hito en ese desarrollo normativo fue la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ofreció por primera vez una respuesta integral a la violencia machista.
El año 2023 ha marcado un punto de inflexión en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista, con el desarrollo de distintos mecanismos contemplados en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Una ley que nos permite avanzar como país hacia una cultura sexual basada en el consentimiento y no en la violencia. La ley tiene por finalidad adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas Administraciones competentes, para garantizar la prevención y detección precoz de las violencias sexuales, la atención integral a todas las mujeres víctimas y asegurar su reparación. Con ella se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, y se cierra la brecha existente en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, incluidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Así mismo, con esta ley se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020. Constituye, junto con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, también reformada en 2022 tras casi 20 años de vigencia, el edificio legislativo que cobija a las supervivientes de todas las formas de violencia machista, y a sus hijos e hijas.
Otro hito importante desde el 25 de noviembre de 2022 ha sido la consolidación de los comités de crisis, constituidos a raíz del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 22 de julio de 2022, con la finalidad de analizar la respuesta interinstitucional ante los casos de feminicidios. El Ministerio de Igualdad ha convocado hasta la fecha seis comités de crisis en los que, junto con las Comunidades Autónomas y los Ministerios competentes, se han realizado análisis pormenorizados de los casos y propuestas de mejora que encarnan la asunción del deber de diligencia debida del Estado. En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que configura nuestra Constitución cada uno de los derechos de las mujeres se corresponde con una obligación de las instituciones de garantizarlos y hacerlos efectivos.
Así mismo, el 22 de noviembre de 2022 se aprobó la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, que constituye el principal instrumento de planificación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres para los próximos años. La Estrategia, diseñada a través de un proceso participativo para analizar las propuestas y demandas de la sociedad civil, servirá para avanzar en la consecución de una sociedad libre de violencias machistas.
Uno de los hitos más recientes e importantes de 2023 ha sido la presentación del Informe de Evolución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022. El informe, elaborado por el Ministerio de Igualdad con la colaboración de los demás Ministerios, ha hecho balance de las medidas impulsadas y cumplidas por la Administración General del Estado a lo largo de los primeros cinco años de vigencia del Pacto. Los resultados muestran que del total de medidas de las que la Administración General del Estado es responsable o está implicada en su impulso o desarrollo, el 96,8% están cumplidas o en proceso y el 3,2% están pendientes de ejecución a los cinco años de este crucial Pacto de Estado que representa el compromiso de implantar una verdadera política de Estado transversal y estable contra las violencias machistas.
Por otro lado, en el ámbito del empleo, destaca la inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género y las personas víctimas de trata de seres humanos como colectivo preferente de atención para los servicios públicos de empleo, de acuerdo con lo establecido en la reciente Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. Igualmente, es destacable el programa de formación con compromiso de contratación e inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual que se está desarrollando en el marco de la segunda inversión del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Para la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario promover cambios profundos a nivel sociocultural para detectar y eliminar toda práctica que perpetúe la opresión de las mujeres o refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos y libertades en condiciones de igualdad. Este debe ser un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas para cualquier gobierno que esté comprometido con la protección de los derechos humanos. Es una tarea en la que debemos caminar con todas las instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista, y en definitiva, con el conjunto de la sociedad. En especial debemos agradecer y reconocer los esfuerzos de millones de mujeres que, desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, desde la academia y desde las instituciones, han contribuido a que nuestro país sea hoy, pese a todos los retos que aún tenemos pendientes, una referencia internacional en la lucha contra las violencias machistas y a que cada vez haya más garantías para el ejercicio de los derechos de todas las mujeres.
El compromiso del gobierno de España en la lucha contra las violencias machistas se extiende a la acción exterior en el marco de la política exterior feminista. España se sitúa en primera línea de la acción internacional para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y colabora con los países socios en el desarrollo de sistemas que ayuden a prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y perseguir a los perpetradores. Durante este segundo semestre de 2023 no solo presidimos el Consejo de la Unión Europea, sino también la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra de 2021. Por último, cabe recordar que la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas ha sido una prioridad de la Cooperación Española desde hace décadas, siendo nuestro país un referente en cuanto a apoyo a políticas e instituciones que luchan para erradicarla, tanto a fondos multilaterales (ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas), como a iniciativas de las ONGD y de financiación bilateral de desarrollo y de acción humanitaria desde las convocatorias de AECID. La aprobación de la nueva Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global nos compromete a consolidar la integración del enfoque de género en el desarrollo de todos los instrumentos de gestión, reforzando capacidades, y fortaleciendo nuestro compromiso por la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y de discriminación.
La lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia, y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el que Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a quienes ya no están, a sus familias, y a todas las supervivientes".
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