El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Con motivo de la conmemoración, el 23 de septiembre, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra la Trata de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, el Gobierno de España reitera su sólido compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que exige, necesariamente, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y, específicamente, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
Con este motivo, a propuesta de la ministra de Igualdad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la ministra de Justicia, el ministro del Interior, la ministra de Trabajo y Economía Social, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
"La explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual representan una forma de esclavitud moderna que utiliza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos. La normativa internacional obliga a los poderes públicos a combatirlas desde un enfoque integral y multidisciplinar mediante actuaciones preventivas, sancionadoras, asistenciales y reparadoras que garanticen la atención, asistencia, protección y recuperación de sus víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos que involucre a toda la sociedad en su conjunto y, especialmente, a las organizaciones especializadas en este ámbito.
La dimensión mundial y trasnacional de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual queda reflejada en el Informe Global de Trata de Personas 2022, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este se recalca que la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata (38'7% de los casos identificados), y que de las más de 51.000 víctimas registradas a nivel global, el 60% de las víctimas identificadas son mujeres y niñas, que, a su vez, constituyen el 91% de las víctimas de explotación sexual. Esta abrumadora realidad evidencia una incuestionable dimensión de género de la trata con fines de explotación sexual. A ello se une frecuentemente la discriminación interseccional que sitúa a las mujeres y niñas migrantes víctimas de trata en situación de especial vulnerabilidad.
Los compromisos internacionales asumidos por España, esencialmente mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, completada por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia), el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, constituyen el marco para el desarrollo de políticas públicas con las que avanzar en la eliminación de la trata de personas y asegurar la asistencia y recuperación de las víctimas de esta violencia causada por la explotación sexual y la trata de mujeres, desde la perspectiva de los derechos humanos y de género, situando a las víctimas y sus necesidades en el centro.
Además, situaciones de extrema gravedad que pueden surgir a nivel nacional o internacional, como la pandemia de la COVID-19, los conflictos armados y políticos (como el actual en Ucrania), las crisis económicas o las catástrofes climáticas, que producen intensas oleadas migratorias, ponen de manifiesto la necesidad de contar con instrumentos que doten a los Estados de las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas, especialmente mujeres, niñas y niños, que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual.
En este marco, durante los últimos años se han aprobado normas y medidas que consolidan derechos feministas, en particular, de las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, y que siguen situándonos como referente internacional, a través de la mejora de la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que garantiza los derechos fundamentales de las niñas y los niños víctimas de cualquier violencia, como la trata de seres humanos, y configura una atención reforzada en los centros de protección a las actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en casos de explotación sexual y trata de seres humanos; el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; la Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria, que se aprobó con ocasión del desastre humanitario derivado de la guerra en Ucrania; o la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Esta última enmarca la trata con fines de explotación sexual en el concepto de violencias sexuales, lo cual amplía el marco de respuesta a la violencia contra las mujeres, en línea con lo que demandan los estándares internacionales aplicables en esta materia. Además, en virtud de su artículo 37, y en cumplimiento del artículo 47 del citado Real Decreto-ley 6/2022, en mayo de 2022, la Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó el Acuerdo por el que se establece el procedimiento básico para la expedición de la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual.
Asimismo, en septiembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino 2022-2026), un instrumento de carácter integral para la garantía y el ejercicio efectivo de todos los derechos de las víctimas de trata y explotación sexual, así como de las mujeres en contextos de prostitución, incluida su inserción sociolaboral. En este sentido, y como parte del Plan Camino, se ha aprobado también el I Plan de inserción sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y para mujeres en contextos de prostitución, con el objetivo de reforzar sus derechos mediante la autonomía económica y habitacional, facilitando el acceso al empleo regulado, a la vivienda, a la atención social y sanitaria y a su recuperación integral, a cuya finalidad contribuye de manera importante la Renta Activa de Inserción (RAI), en su modalidad de víctimas de violencia de género, sexual o doméstica. También debe citarse, por su importancia, la aprobación del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 (PENTRA), que establece los objetivos y líneas de actuación que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector, con el objetivo de permitir un abordaje multidisciplinar e integral de esta lacra social. Finalmente, cabe destacar la aprobación, en enero de 2023, del protocolo de prevención, detección, atención y derivación de posibles víctimas de trata de seres humanos con el fin de establecer pautas de actuación en los Centros de Recepción, Atención y Derivación. Igualmente, está previsto aprobar próximamente un protocolo de actuación ante las violencias contra las mujeres en el marco del programa de atención humanitaria, semejante al protocolo de actuación existente en el marco del sistema de acogida de protección internacional.
El objetivo del Gobierno es garantizar el establecimiento, la mejora y la adaptación de los recursos y servicios públicos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, desde una perspectiva interseccional, sobre todo, de quienes son migrantes y menores de edad, para atender sus necesidades específicas desde la garantía de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la reparación integral del daño sufrido. Asimismo, en el ámbito de la política para el desarrollo y de la acción humanitaria, España ha participado y forma parte del grupo de países que, dentro del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), han adoptado las "Recomendaciones del CAD para poner fin a la explotación, el abuso y el acoso sexuales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria: pilares clave de la prevención y la respuesta", extendiendo este mandato a las acciones de la Cooperación Española, como una de las prioridades del enfoque feminista que proclama la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global.
España continúa avanzando en este marco internacional con firmeza, desde el liderazgo de las políticas feministas, en pro de la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres para la consecución de una sociedad igualitaria, mediante la promoción de una ley integral contra todas las formas de trata y la explotación de seres humanos, y la puesta en marcha de políticas públicas que, en cumplimiento de los compromisos asumidos, procuren la erradicación de la explotación sexual y la trata de personas, y sitúen la protección de los derechos de las víctimas en el centro de la acción.
Mediante esta Declaración Institucional, el Gobierno de España expresa su sólido compromiso con la igualdad de género, los derechos de todas las mujeres y niñas y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, y con el desarrollo de medidas integrales que, mediante la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones especializadas, promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos".
