Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el desempleo de larga duración 2019-2021.
- El objetivo es prevenir y reducir la tasa de paro de larga duración hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, lo que supondría una reducción neta de 422.100 parados de larga duración.
Un Plan justificado por la elevada tasa de paro de larga duración, del 6,8% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018 y que duplica la tasa de la Unión Europea (UE), situada en el 2,8%.
De este modo, uno de los objetivos del Plan Reincorpora-t es reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos, hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, lo que supondría una reducción neta de 422.100 personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, -de 1.272.100 a 850.000.
Otro de los objetivos del Reincorpora-t es disminuir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración, reduciéndola desde 11,6% actual hasta el 5,3%. Esto supondría reducir el paro de larga duración en 259.700 mujeres y 162.800 hombres.
Asimismo, rebajaría el número de desempleados de más de 24 meses en un 12%, lo que supondría para el cuarto trimestre 2021 una reducción en 361.819 personas desempleadas.
Este plan tiene un enfoque integral y transversal y se ha elaborado con la participación y las aportaciones de otros Ministerios (Política Territorial y Función Pública; Industria, Comercio y Turismo; Educación y Formación Profesional; Economía y Empresa), la Alta Comisionada para el Reto Demográfico; de las comunidades autónomas, los Agentes Sociales (CC.OO, UGT, CEOE y Cepyme), y Entidades Sociales, como el Consejo de la Juventud de España.
Todas las medidas que representan ejecución y consecuente gasto en políticas activas de empleo, conforme impone el necesario respeto del reparto competencial entre Estado y CC.AA., se acordarán en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo, en coordinación con dichas CCAA, que reciben los fondos del Ministerio de Trabajo, Migraciones Y Seguridad Social a través de la respectiva Conferencia Sectorial.
El Plan tiene una financiación estimada de 1.313 millones de euros en tres años, que parten del Presupuesto ya comprometido para políticas activas de empleo de la CC.AA. La dotación supondrá una reorientación de las políticas dirigidas a las personas desempleadas para incidir en un colectivo muy vulnerable y con especiales dificultades de reincorporación laboral. Se obtendrá principalmente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Estas medidas complementan las ya aprobadas para la recuperación de la protección por subsidio para mayores de 52 años y la cotización de personas dedicadas a labores de cuidado familiar.
Un conjunto de 63 medidas
El Plan Reincorpora-t 2019-2021 se vertebra en un conjunto de 63 medidas, algunas ya en marcha, distribuidas en seis ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de Empleo, Igualdad, Emprendimiento y Mejora del marco institucional.
Con un total de 16 medidas se sostendrá el eje de Orientación, cuyos criterios serían una mayor personalización de los procesos de atención de las personas desempleadas, destacando, en este punto, la mejora de la red de orientadores. Para ello, la red de 3.000 personas profesionales de orientación -creada en el marco de los Servicios Públicos de Empleo como consecuencia del Plan de Choque para el Empleo Joven-, atenderá también, como colectivo prioritario, a las personas desempleadas de larga duración.
En el eje de Formación, las siete medidas están orientadas a personalizar los procesos de formación, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de competencias clave y digitales, así como actuaciones específicas para desempleados de más de 24 meses que sufren una mayor falta de motivación e inseguridad ante una posible reincorporación laboral.
En Oportunidades de Empleo, las 23 medidas pretenden lograr el compromiso social de las empresas y el impulso de políticas activas para incentivar la contratación de parados de larga duración. Entre otras medidas, se articulará un sistema que genere un valor añadido mediante el incremento del crédito formativo para las empresas de contraten y mantengan de forma estable (más de un año continuado de trabajo) a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%.
En la Igualdad de Oportunidades, con tres medidas, se buscará disminuir la brecha laboral de género, con apoyos específicos en el ámbito rural y de los cuidados en el entorno doméstico.
En el ámbito local, se desarrollarán medidas para apoyar el mantenimiento y la llegada de población al medio rural. En ese sentido, se potenciará el fomento del emprendimiento, se incentivarán proyectos relacionados con el medio ambiente y contra el cambio climático y se estudiarán medidas de incentivo a la incorporación de trabajadores jóvenes y mujeres en el sector agropecuario y artesanal.
Las seis medidas de Emprendimiento se orientarán a promocionar el autoempleo, aprovechando la amplia experiencia profesional de buena parte de las personas desempleadas de larga duración, el emprendimiento colectivo, las iniciativas de desarrollo local y de economía sostenible.
Y, por último la Mejora del Marco Institucional, de cuyas ocho medidas destaca la de reforzar la coordinación con los Servicios Sociales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la mejora en los Servicios de Empleo.
Transición Ecológica
Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2019-2024)
- La Estrategia contempla un diagnóstico de la situación, establece la primera definición oficial de pobreza energética y objetivos de reducción a 2025: al menos un 25%, con la meta de alcanzar una reducción del 50%.
- Se establecen cuatro indicadores de la situación de pobreza energética, que deberán ser actualizados anualmente. Según el indicador empleado, entre 3,5 y 8 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética en nuestro país.
- La estrategia planeta 4 ejes de actuación con 19 acciones concretas. Entre ellas, la creación de un nuevo bono social energético, universal-para todos los suministros- y de concesión automática.
- Se prohíbe el corte de suministro en situaciones climatológicas extremas y se amplía en cuatro meses el periodo previo a que la empresa suministradora corte el servicio por impago. En esos cuatro nuevos meses, el usuario recibirá un suministro mínimo vital.
Para ello, entre otras medidas, se fijan las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro; y se plantean acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes. Asimismo, se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.
Primera definición oficial
La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía, por tanto, puede manifestarse a través de una multiplicidad de realidades que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos.
Cuatro indicadores
Para analizar y realizar un seguimiento adecuado de las diversas tipologías de pobreza energética, el texto adopta los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio Europeo contra la pobreza energética:
- Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
- Pobreza energética escondida (HEP, en su acrónimo inglés): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
- Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
- Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.
Resultado general: situación de la pobreza energética en España (%)
Objetivos de reducción
Para cada uno de los indicadores, la Estrategia establece un objetivo de reducción mínimo del 25% en 2025 y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50%.
Profundizar el conocimiento sobre la pobreza energética
La Estrategia establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas con el objeto de lograr las mencionadas metas de reducción.
El primer eje está destinado a mejorar el conocimiento de la pobreza energética a través de un estudio de detalle del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que habiten. Para ello, se analizará permanentemente un panel de hogares vulnerables. La tipología climática de España es muy variada y puede darse el caso de que, en la misma provincia, se concentren diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, en Almería las diferencias climáticas entre municipios pueden llegar a ser el del 100% según su nivel sobre el mar. El estudio también prestará especial atención a la perspectiva de género y a la presencia de menores en la vivienda.
Además, la Estrategia establece la obligación de que el Gobierno de España actualice los indicadores anualmente, publicando los resultados a más tardar el 15 de octubre de cada año.
Nuevo bono social energético
El texto repasa las dificultades y obstáculos que presenta la actual configuración del bono social eléctrico, que en 2018 se vio complementado con un bono térmico para ayudar a sufragar gastos de calefacción durante el invierno. Concluye el documento que es preciso elaborar un nuevo bono social y marca los tres elementos que deberán guiar su futura configuración:
- Universalidad de fuentes de suministro: la ayuda será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.
- Automatización: a través de la colaboración entre administraciones, se fijarán criterios para favorecer la concesión directa de la ayuda. El criterio de renta será el principio básico pero se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar, o la zona climática donde se ubique la vivienda.
- Gestión coordinada con otras administraciones públicas. En la implementación de los mecanismos prestaciones que se diseñen, todas las administraciones tendrán un papel relevante, que ejercerán de manera coordinada en el ámbito de sus competencias.
La Estrategia prohíbe cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.
Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia aumenta el plazo otros 4 meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Rehabilitación: un cambio estructural
El objetivo de la Estrategia es ampliar paulatinamente el peso de las medidas estructurales frente a las prestacionales -bonos sociales- para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Por ello, centra uno de sus ejes en medidas de rehabilitación y de eficiencia energética corto plazo, medio y largo plazo.
En primer término, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones.
A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, tales como a perspectiva de género, la utilización de materiales sostenibles o la accesibilidad y; se podrán identificar aquellas edificaciones con peor comportamiento energético derivado de sus características constructivas, en el marco de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, del Ministerio de Fomento. El cruce de esta información con los indicadores de situación de vulnerabilidad permitirá proponer medidas específicas para este tipo de comunidades.
Protección a los consumidores y concienciación social
El último eje de la Estrategia está referido a medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Incluye una línea centrada la actuación de los profesionales que trabajan parta atajar la pobreza energética. Entre otras actuaciones, se elaborará un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria; y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas buscando que esta información se incorpore a la ya existente tarjeta social universal, que gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En el ámbito de la concienciación ciudadana, se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes para que la ciudadanía conozca las posibilidades de ahorro y eficiencia que ofrecen; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente con los sujetos y colectivos interesados. De hecho, el texto plantea la creación de un espacio web que funcione como punto de acceso general de información sobre pobreza energética.
Por último, la Estrategia prevé la inclusión de la perspectiva de pobreza energética en la las modificaciones que se realicen en la normativa que afecte a consumidores energéticos.
La elaboración y aprobación de la Estrategia se realiza en cumplimiento del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
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