Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL CRÉDITO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y ATENCIÓN A LA POBREZA INFANTIL
El Consejo de ministros ha acordado autorizar la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a la financiación en 2025 del Programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales, por importe de 198.704.000 euros. Esta inversión se va a destinar, además de a reforzar los servicios sociales, a financiar programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil.
Estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
Con este objetivo, en esta partida se han incluido 65 millones de euros destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza, con ese objetivo fijado por el ministro de combatir las situaciones de vulnerabilidad en estos hogares.
Así mismo, se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa. También para financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como ayudas para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.
Otro de los objetivos de esta inversión del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo es el de facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y con el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Un ejemplo es el Programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares.
Además, se financiarán programas para que estos niños, niñas y adolescentes accedan a una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva también en los periodos donde no se asiste a los comedores escolares.
De igual forma, dentro del paquete de ayudas se reservan 25 millones de euros para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca en la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Por otro lado, en esta inversión destacan los más de 100 millones de euros (108,7 millones de €) que se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.
La propuesta de reparto de esta inversión ya ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y será aprobada definitivamente por este mismo Consejo próximamente, después de haber conseguido el primer visto bueno.
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Igualdad
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CRÉDITOS DESTINADOS A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Consejo de Ministros ha acordado la distribución de 179,8 millones de euros a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla destinados a la lucha contra la violencia machista y en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El reparto de las cuantías se concretará en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, prevista para el próximo 22 de abril.
De la cuantía total, 160 millones de euros están dirigidos al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se destinarán, por tanto, a financiar programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias en 2025.
A través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para garantizar las estabilidad y permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consolidando el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado.
Se trata, en definitiva, de lograr la articulación de una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; mantener y mejorar, en todo el territorio del Estado, la red de recursos, servicios y prestaciones destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres; promover las acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres o reforzar la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional.
Programas autonómicos
Finalmente, los 19,8 millones restantes se invertirán en distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. En concreto, esta cuantía, recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, financiará cuatro programas para su desarrollo a lo largo de 2025.
Por una parte, 8,5 millones de euros corresponden a programas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad. Otro millón se destinará a programas para la implementación de la propuesta común de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género. Otros 9,5 millones de euros tienen como finalidad financiar programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales. Finalmente, los 800.000 euros restantes corresponden a programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.
