Fuente: BORM nº 277 de 30/11/2018
Objeto de la convocatoria:
- Procedimiento de selección de personal, mediante el sistema de
concurso-oposición, para la creación de una Bolsa de Trabajo de Trabajador
Social para el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
(CAVI), subvencionado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la CARM.
Titulación:
- Estar en posesión de la titulación de Trabajador Social o estar en
condiciones de obtenerla. En el caso de titulación obtenida en el extranjero, se
deberá aportar el documento que acredite fidedignamente su homologación.
Creación de la Bolsa de Trabajo:
- Los aspirantes que superen el proceso selectivo pasarán a integrar la Bolsa
de Trabajo de Trabajadores Sociales del CAVI de Puerto Lumbreras, por el orden
de sus respectivas puntuaciones.
Plazo de presentación de solicitudes:
- 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BORM.
Fuente: BORM nº 277 de 30/11/2018
Objeto de la convocatoria:
- Procedimiento de selección de personal, mediante el sistema de concurso-oposición, para la creación de una Bolsa de Trabajo de Asesor Jurídico para el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI), subvencionado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM.
Titulación:
- Estar en posesión de la titulación de Licenciado en Derecho o estar en condiciones de obtenerla. En el caso de titulación obtenida en el extranjero, se deberá aportar el documento que acredite fidedignamente su homologación.
- Estar inscrito en un Colegio Profesional de Abogados.
Creación de la Bolsa de Trabajo:
- Los aspirantes que superen el proceso selectivo pasarán a integrar la Bolsa de Trabajo de Asesor Jurídico del CAVI de Puerto Lumbreras, por el orden de sus respectivas puntuaciones.
Plazo de presentación de solicitudes:
- 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BORM.
Fuente: BORM nº 277 de 30/11/2018
Auxiliar de ayuda a domicilio
- Objeto: Creación de una Bolsa de empleo de personal laboral, en la
categoría de Auxiliar de ayuda a domicilio para atender necesidades
temporales.
- Sistema de selección: Concurso- oposición.
- Titulación: estar en posesión del certificado de profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas.
- Descargar bases de la convocatoria y temario (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 797
KB)
Educador/a Social
- Objeto: Creación de una Bolsa de empleo de funcionario/a interino/a para
plazas y/o puestos de Educador/a Social.
- Sistema de selección: Concurso- oposición.
- Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de grado en
Educación social o diplomatura en Educación Social, u otra titulación
universitaria con habilitación del Colegio Oficial de educadores Sociales.
- Descargar bases de la convocatoria y temario (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 766
KB)
Trabajador/a Social
- Objeto: Creación de una Bolsa de empleo de funcionario/a interino/a para
plazas y/o puestos de Trabajador/a Social.
- Sistema de selección: Concurso- oposición.
- Titulación: Estar en posesión del título universitario de diplomado y/o
graduado en Trabajo Social.
- Descargar bases de la convocatoria y temario (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 787
KB)
Plazo de presentación de solicitudes:
- 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el BORM.
Fuente: Extracto del Acuerdo en el BORM nº 277 de 30/11/2018
Objeto:
- Cofinanciar los mayores costes que la adquisición o transformación de
vehículos auto taxi adaptados para personas con discapacidad suponen en relación
con taxis convencionales.
Beneficiarios:
- Personas físicas titulares de licencia y presten servicio con vehículo auto
taxi adaptado para personas con discapacidad, conocidos también como Euro taxis.
Bases reguladoras:
- Ordenanza Reguladora de la Subvenciones para finalidades culturales,
turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de
cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras. (BORM nº 108 de 12/05/2004)
Cuantía:
- El importe máximo concedido por solicitud será de 6.000,00 euros para la
adquisición o 4.500,00 euros para la transformación de vehículo taxi adaptado.
Plazo de presentación de solicitudes:
- 10 días naturales desde el día siguiente de la publicación en el
BORM.
Más información:
Descargar Acuerdo de Convocatoria (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 663 KB)
Descargar Convocatoria (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 136 KB)
Descargar modelo de solicitud (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 455 KB)
Fuente: BORM nº 277 de 30/11/2018
Finalidad de las subvenciones:
La finalidad de las subvenciones es la financiación de proyectos sociales de
apoyo a la familia e infancia que se estén realizando en el ámbito de los
servicios sociales y que se enmarcarán dentro de las siguientes tipologías:
Proyectos Tipo 1.
Dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las
familias, cubriendo necesidades básicas, entre otras de alimentación, higiene o
ropa y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación
(materia escolar o ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las
condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc) y de empleo, así
como el acompañamiento y trabajo social con las familias.
Proyectos Tipo 2.
De apoyo a la conciliación familiar y laboral, destinados a familias en
procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo, tales como gastos de
asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir
necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios de
los servicios normativos educativos u otros que garanticen el derecho de los
niños y niñas a una atención y desarrollo adecuado.
También incluirán los programas previstos en el acuerdo adicional:
- Proyectos de fomento de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y
educativas.
- Proyectos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de
familias con niños a cargo y en situaciones de
vulnerabilidad.
Proyecto Tipo 3.
Servicios de intervención y apoyo familiar, entre los que se encuentran la
intervención y orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de
encuentro familiar o atención socioeducativa de menores. (Apartado 1.3 del Catálogo de referencia de Servicios Sociales, aprobado el 16 de enero de 2013, por el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia)
Distribución de la subvención:
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes. Madrid: International Marketing & Communication, 2013. 52 p.
Manual dirigido a cuidadores familiares y cuidadores formales que atienden mayoritariamente a personas mayores dependientes en sus domicilios. El objetivo es facilitar información sobre el cuidado cotidiano de personas dependientes y evitar la angustia y ansiedad que con frecuencia padecen los cuidadores.
El contenido se ha estructurado en capítulos que exponen problemas y soluciones sobre higiene, vestido, alimentación, caídas, medicación, incontinencia, úlceras por presión y movilización. También se dedica un capítulo al proceso de autocuidado del cuidador como elemento fundamental para dar atención de calidad en los cuidados de la persona dependiente.
Descargar publicación (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 1.50 MB)
Trabajo Social Global. Revista de investigaciones en intervención social - Global Social Work. Journal of Social Intervention Research. Granada: Universidad, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, 2018. Vol. 8, Número extraordinario (Mayo 2018)
Sumario
Editorial
Prólogo
Artículo invitado
Epistemes
Praxis
Universitas
Reseñas
Trabajo Social Global. Revista de investigaciones en intervención social - Global Social Work. Journal of Social Intervention Research. Granada: Universidad, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, 2018. Vol. 8, nº 14 (Enero-junio)
Sumario
Epistemes
Praxis
Universitas
Reseñas
Trabajo Social Global. Revista de investigaciones en intervención social - Global Social Work. Journal of Social Intervention Research. Granada: Universidad, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, 2017. Vol. 7, nº 13 (Julio-diciembre)
Sumario
Epistemes
Praxis
Universitas
Reseñas
Fuente: Referencia del Consejo de Gobierno
Atención social
Autorizado el concierto de 963 plazas para mayores y personas con
discapacidad por más de 70 millones
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, a propuesta de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades, al concierto de 963 plazas residenciales,
en centros de día y viviendas tuteladas, repartidas en 11 centros de toda la
Región de Murcia, que suponen una inversión de 70.338.411 euros hasta el año
2024.
El concierto permitirá disponer de 273 plazas residenciales, de las cuales
112 serán para personas mayores. Estas se repartirán entre los municipios de
Fuente Álamo (28) y Murcia (84).
El resto de plazas residenciales, 161, irán destinadas a personas con
discapacidad intelectual, física y con trastorno mental grave en los municipios
de Ceutí (60), Abanilla (60) y San Javier (41). El presupuesto para estas plazas
en residencias para 2019 será de 4.277.738 euros.
Por otra parte, se dispondrá de un total de 468 plazas en centros de día de
la Región para la atención de personas con discapacidad intelectual y física en
los municipios de Águilas (26), Molina de Segura (193), Cartagena (229) y Murcia
(20). Anualmente, la inversión en estos centros de día será de 5.204.310
euros.
Asimismo, se ha aprobado el concierto de 36 plazas en viviendas tuteladas
para personas con discapacidad intelectual en Lorquí y Ceutí, con un presupuesto
para 2019 de 659.724 euros, y 186 plazas más en el SEPAP (Servicio de Promoción
de la Autonomía Personal) en Murcia y Águilas, con una dotación anual de
1.581.294 euros.
Estos conciertos de plazas para residencias, centros de día y viviendas
tuteladas supondrán una inversión anual de la Comunidad Autónoma superior a los
11,7 millones de euros.
84 plazas en centros de día para mayores dependientes en
Alcantarilla, Alhama, Ceutí y Fortuna
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, cuatro convenios con los ayuntamientos de
Alcantarilla, Alhama de Murcia, Ceutí y Fortuna para la prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes, lo que supone una inversión
de 1.664.308 euros para un total de 84 plazas en estos municipios durante los
dos próximos años.
El convenio con el Ayuntamiento de Alcantarilla contempla que la Comunidad, a
través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), aportará 653.835 euros
para prestar servicios de centro de día para mayores dependientes en el
municipio, mientras que con el consistorio alhameño la cantidad será de 495.330
euros para un total de 25 plazas.
Asimismo, el convenio con el Ayuntamiento de Ceutí permitirá disponer de 11
plazas en el centro de día para mayores dependientes del municipio, para lo que
el IMAS aportará 217.495 euros. Por último, la Comunidad financiará con 297.198
euros un total de 15 plazas en el municipio de Fortuna, a través del convenio
con el consistorio aprobado.
2,7 millones para luchar contra la pobreza infantil
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de subvenciones por valor
de 2.737.356 euros para proyectos sociales de apoyo a la familia y la infancia
en todos los ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región
de Murcia.
Esta cantidad es la que corresponde a la Comunidad Autónoma dentro de la
línea de crédito destinada a subvencionar la lucha contra la pobreza infantil
habilitada por el Estado.
Estas subvenciones contemplan tres líneas de actuación. Por un lado, son para
proyectos dirigidos a cubrir las necesidades básicas de alimentación, ropa e
higiene de familias especialmente vulnerables, así como proporcionar ayudas para
material y comedor escolar, y para alquiler y suministros básicos.
Por otro lado, se destinan para programas de apoyo a la conciliación para
aquellas familias en procesos de inserción laboral con hijos a cargo. Para ello
se contemplan ayudas para escuelas infantiles, la atención de niños para cubrir
necesidades puntuales de conciliación y servicios de apoyo complementarios a los
servicios educativos u otros que garanticen la adecuada atención de los
menores.
Por último, también se subvencionan servicios de apoyo e intervención
familiar, como intervención y orientación sociofamiliar, mediación, puntos de
encuentro familiar o atención socioeducativa.
El reparto de esta cuantía se ha hecho teniendo en cuenta la población de
menores hasta 16 años en cada municipio o mancomunidad de servicios sociales, y
se ha considerado a la población total con el objeto de ponderar positivamente a
las poblaciones con menor número de habitantes.
Convenio con Unicef para impulsar la creación del programa ‘Ciudades
Amigas de la Infancia’
El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio entre la Comunidad Autónoma,
a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y la Fundación
Unicef para promover, desarrollar e implantar el programa ‘Ciudades Amigas de la
Infancia’.
El objetivo es que el mayor número de municipios se adhieran a este programa
y creen con ello canales de participación donde los niños tengan voz. Además,
con la adhesión a este proyecto, los municipios se comprometen a sensibilizar a
la sociedad local para que se incrementen los esfuerzos en favor de los derechos
de los niños, iniciando políticas que reconozcan a los menores como ciudadanos
de pleno derecho.
La Comunidad se compromete a organizar anualmente el Consejo Autonómico de
Participación Infantil y Adolescente con los consejos de participación de los
ayuntamientos de la Región como canal de comunicación entre los menores y las
autoridades con garantía de ser escuchados.
Educación
Subvención para actuaciones dirigidas a alumnos con trastorno del
espectro autista
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, conceder una subvención directa a la Federación
de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar actuaciones
complementarias de apoyo al alumnado de entre 6 y 16 años con trastorno del
espectro autista (TEA) para favorecer y potenciar el aprendizaje de este
alumnado.
Estas actuaciones de apoyo para el alumnado con necesidades educativas
especiales podrán concretarse en talleres de habilidades sociales, escuelas de
verano, campañas de prevención del acoso escolar o acciones de acompañamiento
para la mejora de la inclusión educativa del alumnado TEA.
El objetivo es potenciar y reforzar la atención educativa de estos alumnos,
con más y mejores herramientas que favorezcan la participación y aprendizaje del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, lo que redundará en
beneficio de la integración escolar y mejora del proceso educativo del alumnado
TEA.
La concesión directa de la subvención se realiza a FAUM por ser la única
federación en la Región que agrupa a familiares de alumnado afectado con
autismo. El total de la subvención asciende a 60.000 euros.
Mesa redonda "Violencia en la infancia y adolescencia: Avances y
Desafíos"
Fecha: 30 de noviembre de 2018 a las 11:30h.
Lugar: Aula de Cultura de Cajamar, Pza. Julián Romea,
4-Murcia.
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formato imagen [.png] 293 KB)
Cena Solidaria
Fecha: 4 de diciembre de 2018 a las 20:30 h.
Descargar invitación (Presentación formato imagen [.png] 94 KB)
Más infomormación:
Asociación Quiero Crecer
C/San Martín de Porres, 4, 3ºB-Murcia
Tlf.: 868 812 084 - 653 280 665
Correo electrónico info@quierocrecer.es
Página web http://quierocrecer.es/
Informe de posición sobre vivienda. Madrid: European Anti Poverty Network (EAPN), 2017. 30 p.
EAPN analiza la situación en el ámbito de la vivienda. La publicación contiene las problemáticas en torno a la vivienda como pérdida de vivienda, parque de viviendas, exclusión residencial y sinhogarismo. También se recogen las medidas llevadas a cabo por diferentes agentes sociales para enfrentar estas situaciones como a la aparición de nuevas problemáticas.
Descargar publicación (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 4.58 MB)
Planeta Fácil: noticias fáciles de entender sobre el mundo y la discapacidad. Madrid: Plena Inclusión.
Nº 32. 26 de noviembre de 2018. Planeta Fácil: boletín en Lectura Fácil. 15 p.
Hoy hablamos de:
- Envía una carta al presidente del gobierno
- ¿Qué hacer si quieres votar en las próximas elecciones?
- Queremos que los centros de salud y los hospitales sean fáciles de entender
- Se estrena el documental de Campeones
- Nos formamos en Cambridge para ser líderes
- Eneso Verbo, una aplicación para comunicarse
- Gracias a mis primos: gracias por tratarme tan bien
Descargar boletín (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 904 KB)
Combating child poverty: an issue of fundamental rights. Viena, European Union Agency for Fundamental Rights, 2018, 57 p.
Casi 25 millones de niños menores de 18 años corren riesgo de pobreza o exclusión social en la UE. La pobreza priva a los niños de oportunidades educativas, guarderías, acceso a servicios de salud, alimentación y vivienda adecuadas, apoyo familiar e incluso protección contra la violencia. Este informe resume los datos y los resultados de la encuesta que destacan la magnitud de la pobreza infantil en la UE, pero también presenta las herramientas disponibles para contrarrestar este fenómeno y hacer un seguimiento de los progresos realizados. (Fuente del resumen: SiiS - Fundación Eguía-Careaga Fundazioa. Centro de Documentación y Estudios).
Descargar publicación (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 1.50 MB)
Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la
Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la eliminación de
la violencia contra la mujer.
La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos
fundamentales y la expresión más cruel de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a
toda la sociedad respecto del problema de la violencia que sufren las mujeres,
para fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de la violación
sistemática de los derechos de las mujeres en todo el mundo decidió en 1999
declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de
concienciación y sensibilización.
Con este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente Declaración
del Gobierno:
"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el 25 de noviembre, el Gobierno de España declara su firme voluntad de
seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra las
mujeres por razones de género o motivos de sexo, una violencia que constituye
una grave violación de sus derechos y libertades fundamentales. Mientras exista
una violencia estructural hacia la mitad de la población de nuestro país, que
obstaculice la plena libertad, igualdad y seguridad de las mujeres, no podremos
disfrutar de una verdadera sociedad democrática.
En este año 2018, en el que conmemoramos el 40 aniversario de la aprobación
de la Constitución Española, queremos recordar que la Constitución promueve y
crea el marco que permite construir el camino hacia la igualdad de las mujeres y
los hombres a partir del reconocimiento del derecho a la igualdad en el artículo
14 y de la obligación impuesta a los poderes públicos, en el artículo 9, para
garantizar las condiciones en que esta igualdad sea real y efectiva. El
desarrollo legislativo de la igualdad por razón de sexo está plasmado en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, a partir de las que impulsamos medidas y
actuaciones para combatir la violencia contra las mujeres.
Combatir la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres es una prioridad del Gobierno que ha convertido estos
objetivos en uno de los ejes vertebrales de su acción y de su política exterior
de derechos humanos, en línea con los compromisos asumidos por España en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, concretados en el
"Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible", aprobado por El Consejo de Ministros de 29
de junio de 2018. Así como de las obligaciones establecidas en el Convenio del
Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, ratificado por España en
2014. En este contexto, España apoya los mecanismos internacionales de lucha
contra la violencia contra la mujer, entre ellos, el mandato de la relatora
Especial de Violencia contra la Mujer.
La violencia de género se ha cobrado en nuestro país la vida de 972 mujeres
desde el año 2003, 44 de ellas en 2018, y de 27 menores desde el año 2013, a
quienes queremos rendir un sentido recuerdo. Estas cifras ponen de manifiesto la
situación trágica a la que nos enfrentamos, una situación ante la cual la
sociedad, las instituciones, y los y las responsables políticos no pueden
permanecer impasibles. Por ello, es nuestra responsabilidad garantizar una
respuesta contundente y coordinada de todos los poderes públicos con el objetivo
de asegurar la mejor atención a las víctimas, el rechazo absoluto hacia las
actitudes violentas y la condena de los maltratadores. Para ello es necesario
disponer de todos los instrumentos con los que cuentan el conjunto de las
administraciones públicas del Estado y sumar los esfuerzos de los agentes
económicos y sociales, de las asociaciones de mujeres, de los medios de
comunicación, en resumen, del conjunto de la sociedad.
Muestra de ello es la aprobación en septiembre de 2017, en el seno del
Congreso y del Senado, sedes de la soberanía popular, del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género. Este Pacto ha dotado a España de un instrumento
excepcional para poder afrontar juntos el reto de lograr la erradicación de
todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto la que se produce en el
ámbito de las relaciones de afectividad, como de la violencia sexual, la trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital
femenina o los matrimonios forzados, entre otras.
Un Pacto que cuenta con el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas y
representa la esperanza de un país en ser cada día mejor. Mejor en la
prevención, mejor también en la respuesta, en la protección y en la solidaridad,
no solamente con las mujeres objeto de violencia en cada una de sus variables,
sino también con las víctimas que estos asesinatos dejan como rastro y que
afectan de manera principal a sus familias y particularmente a sus hijos e
hijas.
Desde la aprobación del Pacto de Estado y también como consecuencia de la
ratificación por España del Convenio de Estambul, el Gobierno está concentrando
sus esfuerzos en la revisión y adaptación del ordenamiento jurídico a los
compromisos asumidos para mejorar la respuesta que desde las Instituciones se
presta a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres
y para mejorar e incrementar los mecanismos de prevención, detección y
protección. Fruto de este compromiso es la aprobación, el pasado 3 de agosto,
del Real Decreto-ley 9/2018, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, que acomete algunas de las reformas más
inaplazables en relación con la asistencia a las víctimas. Entre las medidas
aprobadas destaca la recuperación de las competencias en materia de igualdad y
contra la violencia de género por parte de los Ayuntamientos, la administración
más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas, y la aportación de
fondos económicos para contribuir a su desarrollo.
Junto a las reformas legislativas, el Pacto se acompaña de un importante
compromiso económico que va a permitir a todas las Administraciones
involucradas, entre ellas, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales,
acometer las actuaciones de prevención de la violencia y de asistencia a las
víctimas que tienen encomendadas.
Este Gobierno en colaboración y coordinación con todas las administraciones
públicas y poderes del Estado así como con las organizaciones de la sociedad
civil, ha mostrado su firme compromiso en la implementación de las medidas
acordadas en el Pacto como prioridad en el desarrollo de sus políticas públicas.
Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas y en las que
éstas confían son fundamentales para minimizar los riesgos de victimización
secundaria tan frecuente en los casos de violencia de género y de trata con
fines de explotación sexual.
Uno de los ejes de actuación en los que más insiste el Pacto de Estado, y que
ya se está implementando, es el impulso de la formación multidisciplinar de los
y las profesionales que atienden y asisten a las víctimas. Para ofrecer a las
víctimas de cualquier forma de violencia la mejor asistencia posible es
necesario impulsar la formación especializada de los y las profesionales que
intervienen en la prevención, protección, y ayuda psicosocial a las víctimas.
Para ello es preciso promover la formación con perspectiva de género de todos
los profesionales implicados, desde los profesionales de la administración de
Justicia, pasando por el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta
el personal de los servicios sociales, sanitarios, y el personal docente, entre
otros.
El Pacto también nos insta a mejorar en el conocimiento, el seguimiento
estadístico y la investigación sobre las causas y las consecuencias de la
violencia contra las mujeres para poder abordar de forma más eficaz las
políticas públicas de prevención, apoyo y protección, teniendo en cuenta
cuestiones como la edad, la discapacidad, la situación de extranjería, la
incidencia en el mundo rural, o el impacto de la violencia sobre las hijas e
hijos de las víctimas.
Necesitamos seguir avanzando en la conciencia de una sociedad en la que el
machismo llega hasta el extremo de asesinar a las mujeres. España es un país
pionero en la lucha contra la violencia de género y un referente a nivel
mundial, que ha enseñado a otros que la única manera de atajar la violencia
contra las mujeres es hacerla aflorar, que la sociedad la conozca, no la calle
ni la oculte en el ámbito privado o de las relaciones personales. La mejor
manera de erradicar la violencia sobre las mujeres es enfrentarse a ella, romper
los silencios cómplices, y lograr el rechazo unánime de la sociedad ante las
actitudes violentas y discriminatorias.
Para ello es fundamental incidir en el ámbito educativo, fomentando que desde
el inicio de la formación, nuestros niños y niñas, entiendan que la igualdad y
el respeto a la diversidad, están en el centro de nuestras libertades y de
nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es importante que eduquemos con
responsabilidad, porque es ahí donde trazamos a los hombres y a las mujeres del
futuro, conscientes del cuál es su identidad, de cuáles son sus derechos y
respetuosos los unos con los otros.
Asimismo, para el logro de una sociedad plenamente igualitaria, resulta
esencial la contribución activa de los medios de comunicación. La construcción
de una conciencia social que rechace cualquier forma de violencia contra la
mujer, y apoye inequívocamente a quienes la sufren, tiene que contar con los
medios. Para ello, desde el respecto a las normas deontológicas y de
autorregulación, es fundamental continuar informando acerca de la violencia que
sufren las mujeres por el hecho de serlo evitando estereotipos, y
sensacionalismos y promoviendo una opinión pública que sea consciente y
beligerante con la violencia de género, la más extrema y cruel manifestación de
discriminación contra la mujer.
Por todo ello, el Gobierno manifiesta su firme compromiso de seguir
avanzando, desde la unidad, la lealtad y el consenso alcanzados en el Pacto de
Estado, en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en cualquiera de sus
manifestaciones a través del establecimiento de las todas medidas legales y de
cualquier otra índole necesarias para erradicarla, apoyar a las víctimas, y
garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las mujeres, desde el
convencimiento de que sin la libertad y la seguridad de las mujeres no es
posible la construcción de una sociedad plenamente democrática".
El Consejo de Ministros recupera Organismos y aprueba nuevas
iniciativas y recursos para la lucha contra la Violencia de
Género
El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas para mejorar la protección
de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos, coordinadas desde
el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para su
aplicación transversal con la ayuda de otros ministerios. Este trabajo
coordinado comprenderá también organismos como la Conferencia Sectorial de
Igualdad, la Comisión Interministerial de Igualdad, el Consejo de Participación
de la Mujer, el Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer y la
Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad. Algunos de ellos han
estado abandonados por el anterior Ejecutivo desde el año 2011 y han visto
retomada su actividad en los últimos meses.
El pasado 31 de julio, en la Conferencia Sectorial de Igualdad se acordaron
por unanimidad con todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de
Autonomía los criterios para el reparto y la distribución resultante, para el
año 2018, de los 100 millones de euros previstos en el Pacto de Estado contra la
Violencia de Genero para el desarrollo de las medidas cuya ejecución corresponde
a estas administraciones territoriales.
Asimismo, se ha procedido a renovar la composición del Consejo de
Participación de la Mujer, con la finalidad de proceder a su convocatoria;
proceso que ha culminado con la publicación el 22 de noviembre de 2018 en el
Boletín Oficial del Estado de la Orden PCI/1233/2018, de 21 de noviembre, por la
que se proclaman las organizaciones y asociaciones de mujeres elegidas para
ejercer las 20 vocalías que integran el organismo, en representación de las
propias organizaciones y asociaciones de mujeres.
Por otra parte, en la última reunión del Observatorio Estatal de la Violencia
contra la Mujer celebrada el 20 de noviembre, se abordó el borrador de Real
Decreto para reformar la composición y funcionamiento de este órgano
participativo que ejerce funciones de valoración de las políticas públicas en
materia de Violencia de Género, con intención de ampliar sus competencias a
otras formas de violencia contra las mujeres. Este Observatorio trabajará
conjuntamente con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género en la
creación de nuevos indicadores del tratamiento de la violencia contra las
mujeres.
El Ejecutivo reanudará también la actividad de la Comisión Delegada del
Gobierno para Políticas de Igualdad que no se reúne desde 2013, al objeto de
abordar específicamente la planificación de la igualdad en el Ámbito de la
Administración General del Estado
Asimismo, todos los ministerios contarán con Unidades de Igualdad propias:
Próximamente se aprobará un Real Decreto que desarrolle la reglamentación de
estas unidades para garantizar la integración efectiva del principio de igualdad
entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado.
En cuanto a la distribución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia
de Genero a las Entidades Locales aprobada el pasado 3 de agosto, próximamente
se publicará la Resolución de Distribución de Fondos del Pacto de Estado a las
Entidades Locales en el Boletín Oficial del Estado para su posterior pago, y
está previsto que las actuaciones puedan ser llevadas a cabo hasta el 30 de
junio de 2019.
Para facilitar el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Igualdad, a través del Instituto
de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades y de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género ofrecerá a todas las empresas integradas en la Red
de Formación Específica en Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, así
como en prevención de la violencia, incorporación de la perspectiva de género en
el ámbito empresarial. Se también trata de una de las necesidades básicas de las
mujeres que sufren violencia de género: poder encontrar un empleo para salir
adelante.
Por otro lado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido
recuperar los 'Premios Irene: La Paz Empieza en Casa', dirigidos específicamente
a prevenir y erradicar conductas violentas y promover la igualdad en los centros
educativos españoles de enseñanzas no universitarias, intentando que dichos
premios se conviertan en un estímulo para extender las buenas prácticas, las
innovaciones docentes, la proliferación de Proyectos educativos de centro que
recojan progresivamente más experiencias de prevención de violencia contra las
mujeres. Contarán además con un apartado dedicado específicamente a la lucha
contra la trata de seres humanos.
También se ha apostado por recuperar, actualizar y rediseñar el portal
'INTERCAMBIA, Educar en femenino y en masculino', concebido como un centro
virtual de recursos temáticos que permite difundir y acceder a aportaciones
valiosas en el ámbito coeducativo; así como el curso 'En Abierto', dirigido al
profesorado para promover la reflexión y prevenir la desigualdad, la violencia
de género, la trata de seres humanos, y los estereotipos.
Por otro lado, desde el Ministerio del Interior se está impulsando la
creación del área de Igualdad en la Dirección General de la Guardia Civil y ha
recuperado el rango estratégico y administrativo que el Sistema VioGén había
tenido desde su creación en el año 2007, puesto que había sido relegado a la
mera categoría de servicio administrativo durante los últimos años. Se han
presentado dos nuevos formularios de Valoración Policial del Riesgo de la mujer
víctima, con importantes novedades para mejorar la predicción del riesgo en el
que se encuentra la mujer víctima e identificar casos con menores, que se
resaltarán especialmente a la autoridad judicial para la adopción de medidas
específicas de valoración forense del riesgo, así como identificar casos en los
que se pueda predecir también, y de forma especial, el riesgo homicida del
agresor.
La Secretaria de Estado de Seguridad ha dado una Instrucción urgente a los
Cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar el conocimiento y la
formación de los agentes policiales en el ámbito de la prevención y lucha contra
la violencia de género, con incidencia en la valoración policial del riesgo y la
perspectiva de género en sus actuaciones.
El Ministerio de Sanidad recuperó por su parte, el pasado 24 de agosto, el
Observatorio de Salud de las Mujeres: mecanismo para promover el conocimiento
sobre las desigualdades de género en salud y fortalecer el enfoque de género en
las políticas públicas de salud, poniendo el acento en la violencia contra las
mujeres, dando así cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. El organismo prepara ya su informe anual.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aprobó el pasado día
14 la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e
hijos de víctimas de violencia de género incrementando su cuantía hasta el 70%
de la base reguladora.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública aprobó el pasado 22
de octubre el acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las
empleadas públicas víctimas de violencia de género. También elaborará, a través
del Alto Comisionado para el Reto Demográfico, programas específicos dirigidos a
la sensibilización, orientación y detección de la violencia de género en el
ámbito rural.
Por último, el Ministerio de Defensa trabaja en la modificación del
Reglamento de destinos para la creación de un puesto específico en la estructura
de los ejércitos, cuando sea requerida la movilidad de la víctima de violencia
de género.
Mientras, el ministerio de Cultura y Deporte impulsará la creación de un
Observatorio de Mujer en el Deporte desde el cual se aplique el nuevo Protocolo
de acoso sexual que está elaborando el IMIO y el Consejo Superior de Deportes.
Incorporará también el estudio de medidas para aquellas deportistas que son
víctimas de violencia de género.
Informe sobre la Trata con Fines de Explotación Sexual y medidas
de acción
El Consejo de Ministros ha conocido un informe sobre la trata con fines
de explotación sexual en España, previo a la elaboración del Anteproyecto de
Ley.
Tal y como recoge la Guía de criterios de actuación judicial frente a la
trata de seres humanos elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, está
ampliamente documentado que la trata con fines de explotación sexual afecta
mayoritariamente a mujeres y niñas. Ello supone que se haya reconocido
internacionalmente que la trata de mujeres es una forma de violencia de género y
derechos humanos, y una forma de discriminación prohibida por la norma
internacional y regional.
Asimismo, en el ámbito internacional, cabe mencionar el Convenio del Consejo
de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el
16 de mayo de 2005 (conocido como Convenio de Varsovia), que la define como "el
reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el
secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de
vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su
explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la
prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo
o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos.
España se considera un Estado de entrada, tránsito y destino de víctimas,
especialmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la elaboración de una
ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual.
En ese sentido, el Gobierno, en la elaboración del anteproyecto, establecerá
medidas de prevención y persecución de este delito, atendiendo al mismo tiempo
como prioridad a la protección de las víctimas, desde un enfoque de derechos
humanos y con perspectiva de género.
La futura ley incluirá, asimismo, un enfoque preventivo a través de una
educación basada en los valores de igualdad, no dominación, educación sexual y
afectiva igualitaria. La normativa incluirá la incorporación a los planes de
formación de la Administración General del Estado (acceso a la función pública y
formación continua) de la trata con fines de explotación sexual. También
recogerá la exigencia de formación específica para el acceso a puestos o cuerpos
especializados, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o Fiscalía.
La futura norma buscará a su vez desincentivar la demanda de prostitución
mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a
los jóvenes, entre otras medidas.
Cabe destacar también que desde la prioridad de atender a las víctimas de
estos delitos es fundamental la intervención de las ONGs y asociaciones que han
venido prestando su inestimable colaboración y han sido una fuente constante de
conocimiento.
En esa línea, otra de las medidas será el establecimiento de unos indicadores
homogéneos para la identificación de las víctimas de trata, conforme a las
recomendaciones de la Guía elaborada por el Consejo General del Poder
Judicial.
Se establecerá un sistema de valoración de riesgos de las víctimas; se hará
especial referencia a la situación de menores víctimas; se regulará el acceso al
asesoramiento legal especializado; y se buscarán acuerdos con los colegios de
abogacía para una garantía de esta asistencia.
Por último, la futura ley mejorará la eficacia de la persecución e
investigación de los delitos e incorporará medidas de sensibilización,
respaldando lo previsto en la Guía del CGPJ para favorecer un mejor conocimiento
del fenómeno a jueces y fiscales.
Ciencia, Innovación y Universidades
Creación del Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación" para la
Igualdad de Género en Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el
Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación' para la Igualdad de Género en el
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano colegiado
interministerial responsable de analizar y realizar el seguimiento y medición de
impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación, el
desarrollo y la innovación, fomentar la realización de políticas públicas y
actuaciones de igualdad de género, y promover la mejora de la situación de las
mujeres.
Este nuevo Observatorio será decisivo para combatir cualquier discriminación
por razón de sexo, garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar la
presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida científica, tecnológica
y universitaria. Entre sus funciones está la de actuar como órgano permanente de
recogida y análisis de la información disponible, recepción de información sobre
medidas y actividades, seguimiento de actuaciones, conocer los planes de
igualdad de los organismos públicos de investigación, conocer las actuaciones de
las unidades de igualdad de las universidades, entre otras.
Este nuevo texto legal permitirá al Observatorio hacer un diagnóstico fiable
y válido sobre los avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y, en consecuencia, evaluar las políticas planeadas con este fin en el
ámbito de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de disponer de
información para adoptar las medidas adecuadas dirigidas a combatir cualquier
discriminación.
El Observatorio contará con representación, a nivel de director/a general, de
ocho Ministerios: Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Defensa;
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Educación y Formación Profesional; Industria, Comercio y Turismo; Economía y
Empresa; y Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hacienda
Acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto
con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47
de la ley 47/2003, de 24 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar
al Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante 2018 la tramitación
anticipada de la contratación de las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 del
programa de Turismo Social y de la contratación por dos años del programa de
Termalismo Social.
