Acuerdos del Consejo de Ministros de 23/11/2018

Fuente: Referencia del Consejo de Ministros

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.
La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto del problema de la violencia que sufren las mujeres, para fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de la violación sistemática de los derechos de las mujeres en todo el mundo decidió en 1999 declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
Con este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente Declaración del Gobierno:
"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, el Gobierno de España declara su firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres por razones de género o motivos de sexo, una violencia que constituye una grave violación de sus derechos y libertades fundamentales. Mientras exista una violencia estructural hacia la mitad de la población de nuestro país, que obstaculice la plena libertad, igualdad y seguridad de las mujeres, no podremos disfrutar de una verdadera sociedad democrática.
En este año 2018, en el que conmemoramos el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española, queremos recordar que la Constitución promueve y crea el marco que permite construir el camino hacia la igualdad de las mujeres y los hombres a partir del reconocimiento del derecho a la igualdad en el artículo 14 y de la obligación impuesta a los poderes públicos, en el artículo 9, para garantizar las condiciones en que esta igualdad sea real y efectiva. El desarrollo legislativo de la igualdad por razón de sexo está plasmado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a partir de las que impulsamos medidas y actuaciones para combatir la violencia contra las mujeres.
Combatir la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una prioridad del Gobierno que ha convertido estos objetivos en uno de los ejes vertebrales de su acción y de su política exterior de derechos humanos, en línea con los compromisos asumidos por España en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, concretados en el "Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible", aprobado por El Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018. Así como de las obligaciones establecidas en el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, ratificado por España en 2014. En este contexto, España apoya los mecanismos internacionales de lucha contra la violencia contra la mujer, entre ellos, el mandato de la relatora Especial de Violencia contra la Mujer.
La violencia de género se ha cobrado en nuestro país la vida de 972 mujeres desde el año 2003, 44 de ellas en 2018, y de 27 menores desde el año 2013, a quienes queremos rendir un sentido recuerdo. Estas cifras ponen de manifiesto la situación trágica a la que nos enfrentamos, una situación ante la cual la sociedad, las instituciones, y los y las responsables políticos no pueden permanecer impasibles. Por ello, es nuestra responsabilidad garantizar una respuesta contundente y coordinada de todos los poderes públicos con el objetivo de asegurar la mejor atención a las víctimas, el rechazo absoluto hacia las actitudes violentas y la condena de los maltratadores. Para ello es necesario disponer de todos los instrumentos con los que cuentan el conjunto de las administraciones públicas del Estado y sumar los esfuerzos de los agentes económicos y sociales, de las asociaciones de mujeres, de los medios de comunicación, en resumen, del conjunto de la sociedad.
Muestra de ello es la aprobación en septiembre de 2017, en el seno del Congreso y del Senado, sedes de la soberanía popular, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto ha dotado a España de un instrumento excepcional para poder afrontar juntos el reto de lograr la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto la que se produce en el ámbito de las relaciones de afectividad, como de la violencia sexual, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, entre otras.
Un Pacto que cuenta con el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas y representa la esperanza de un país en ser cada día mejor. Mejor en la prevención, mejor también en la respuesta, en la protección y en la solidaridad, no solamente con las mujeres objeto de violencia en cada una de sus variables, sino también con las víctimas que estos asesinatos dejan como rastro y que afectan de manera principal a sus familias y particularmente a sus hijos e hijas.
Desde la aprobación del Pacto de Estado y también como consecuencia de la ratificación por España del Convenio de Estambul, el Gobierno está concentrando sus esfuerzos en la revisión y adaptación del ordenamiento jurídico a los compromisos asumidos para mejorar la respuesta que desde las Instituciones se presta a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres y para mejorar e incrementar los mecanismos de prevención, detección y protección. Fruto de este compromiso es la aprobación, el pasado 3 de agosto, del Real Decreto-ley 9/2018, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que acomete algunas de las reformas más inaplazables en relación con la asistencia a las víctimas. Entre las medidas aprobadas destaca la recuperación de las competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género por parte de los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas, y la aportación de fondos económicos para contribuir a su desarrollo.
Junto a las reformas legislativas, el Pacto se acompaña de un importante compromiso económico que va a permitir a todas las Administraciones involucradas, entre ellas, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, acometer las actuaciones de prevención de la violencia y de asistencia a las víctimas que tienen encomendadas.
Este Gobierno en colaboración y coordinación con todas las administraciones públicas y poderes del Estado así como con las organizaciones de la sociedad civil, ha mostrado su firme compromiso en la implementación de las medidas acordadas en el Pacto como prioridad en el desarrollo de sus políticas públicas. Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas y en las que éstas confían son fundamentales para minimizar los riesgos de victimización secundaria tan frecuente en los casos de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual.
Uno de los ejes de actuación en los que más insiste el Pacto de Estado, y que ya se está implementando, es el impulso de la formación multidisciplinar de los y las profesionales que atienden y asisten a las víctimas. Para ofrecer a las víctimas de cualquier forma de violencia la mejor asistencia posible es necesario impulsar la formación especializada de los y las profesionales que intervienen en la prevención, protección, y ayuda psicosocial a las víctimas. Para ello es preciso promover la formación con perspectiva de género de todos los profesionales implicados, desde los profesionales de la administración de Justicia, pasando por el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta el personal de los servicios sociales, sanitarios, y el personal docente, entre otros.
El Pacto también nos insta a mejorar en el conocimiento, el seguimiento estadístico y la investigación sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres para poder abordar de forma más eficaz las políticas públicas de prevención, apoyo y protección, teniendo en cuenta cuestiones como la edad, la discapacidad, la situación de extranjería, la incidencia en el mundo rural, o el impacto de la violencia sobre las hijas e hijos de las víctimas.
Necesitamos seguir avanzando en la conciencia de una sociedad en la que el machismo llega hasta el extremo de asesinar a las mujeres. España es un país pionero en la lucha contra la violencia de género y un referente a nivel mundial, que ha enseñado a otros que la única manera de atajar la violencia contra las mujeres es hacerla aflorar, que la sociedad la conozca, no la calle ni la oculte en el ámbito privado o de las relaciones personales. La mejor manera de erradicar la violencia sobre las mujeres es enfrentarse a ella, romper los silencios cómplices, y lograr el rechazo unánime de la sociedad ante las actitudes violentas y discriminatorias.
Para ello es fundamental incidir en el ámbito educativo, fomentando que desde el inicio de la formación, nuestros niños y niñas, entiendan que la igualdad y el respeto a la diversidad, están en el centro de nuestras libertades y de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es importante que eduquemos con responsabilidad, porque es ahí donde trazamos a los hombres y a las mujeres del futuro, conscientes del cuál es su identidad, de cuáles son sus derechos y respetuosos los unos con los otros.
Asimismo, para el logro de una sociedad plenamente igualitaria, resulta esencial la contribución activa de los medios de comunicación. La construcción de una conciencia social que rechace cualquier forma de violencia contra la mujer, y apoye inequívocamente a quienes la sufren, tiene que contar con los medios. Para ello, desde el respecto a las normas deontológicas y de autorregulación, es fundamental continuar informando acerca de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo evitando estereotipos, y sensacionalismos y promoviendo una opinión pública que sea consciente y beligerante con la violencia de género, la más extrema y cruel manifestación de discriminación contra la mujer.
Por todo ello, el Gobierno manifiesta su firme compromiso de seguir avanzando, desde la unidad, la lealtad y el consenso alcanzados en el Pacto de Estado, en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones a través del establecimiento de las todas medidas legales y de cualquier otra índole necesarias para erradicarla, apoyar a las víctimas, y garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las mujeres, desde el convencimiento de que sin la libertad y la seguridad de las mujeres no es posible la construcción de una sociedad plenamente democrática".

El  Consejo de Ministros recupera Organismos y aprueba nuevas iniciativas y recursos para la lucha contra la Violencia de Género 

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos, coordinadas desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para su aplicación transversal con la ayuda de otros ministerios. Este trabajo coordinado comprenderá también organismos como la Conferencia Sectorial de Igualdad, la Comisión Interministerial de Igualdad, el Consejo de Participación de la Mujer, el Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer y la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad. Algunos de ellos han estado abandonados por el anterior Ejecutivo desde el año 2011 y han visto retomada su actividad en los últimos meses.
El pasado 31 de julio, en la Conferencia Sectorial de Igualdad se acordaron por unanimidad con todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía los criterios para el reparto y la distribución resultante, para el año 2018, de los 100 millones de euros previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero para el desarrollo de las medidas cuya ejecución corresponde a estas administraciones territoriales.
Asimismo, se ha procedido a renovar la composición del Consejo de Participación de la Mujer, con la finalidad de proceder a su convocatoria; proceso que ha culminado con la publicación el 22 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial del Estado de la Orden PCI/1233/2018, de 21 de noviembre, por la que se proclaman las organizaciones y asociaciones de mujeres elegidas para ejercer las 20 vocalías que integran el organismo, en representación de las propias organizaciones y asociaciones de mujeres.
Por otra parte, en la última reunión del Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer celebrada el 20 de noviembre, se abordó el borrador de Real Decreto para reformar la composición y funcionamiento de este órgano participativo que ejerce funciones de valoración de las políticas públicas en materia de Violencia de Género, con intención de ampliar sus competencias a otras formas de violencia contra las mujeres. Este Observatorio trabajará conjuntamente con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género en la creación de nuevos indicadores del tratamiento de la violencia contra las mujeres.
El Ejecutivo reanudará también la actividad de la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad que no se reúne desde 2013, al objeto de abordar específicamente la planificación de la igualdad en el Ámbito de la Administración General del Estado
Asimismo, todos los ministerios contarán con Unidades de Igualdad propias: Próximamente se aprobará un Real Decreto que desarrolle la reglamentación de estas unidades para garantizar la integración efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado.
En cuanto a la distribución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero a las Entidades Locales aprobada el pasado 3 de agosto, próximamente se publicará la Resolución de Distribución de Fondos del Pacto de Estado a las Entidades Locales en el Boletín Oficial del Estado para su posterior pago, y está previsto que las actuaciones puedan ser llevadas a cabo hasta el 30 de junio de 2019.
Para facilitar el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ofrecerá a todas las empresas integradas en la Red de Formación Específica en Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, así como en prevención de la violencia, incorporación de la perspectiva de género en el ámbito empresarial. Se también trata de una de las necesidades básicas de las mujeres que sufren violencia de género: poder encontrar un empleo para salir adelante.
Por otro lado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido recuperar los 'Premios Irene: La Paz Empieza en Casa', dirigidos específicamente a prevenir y erradicar conductas violentas y promover la igualdad en los centros educativos españoles de enseñanzas no universitarias, intentando que dichos premios se conviertan en un estímulo para extender las buenas prácticas, las innovaciones docentes, la proliferación de Proyectos educativos de centro que recojan progresivamente más experiencias de prevención de violencia contra las mujeres. Contarán además con un apartado dedicado específicamente a la lucha contra la trata de seres humanos.
También se ha apostado por recuperar, actualizar y rediseñar el portal 'INTERCAMBIA, Educar en femenino y en masculino', concebido como un centro virtual de recursos temáticos que permite difundir y acceder a aportaciones valiosas en el ámbito coeducativo; así como el curso 'En Abierto', dirigido al profesorado para promover la reflexión y prevenir la desigualdad, la violencia de género, la trata de seres humanos, y los estereotipos.
Por otro lado, desde el Ministerio del Interior se está impulsando la creación del área de Igualdad en la Dirección General de la Guardia Civil y ha recuperado el rango estratégico y administrativo que el Sistema VioGén había tenido desde su creación en el año 2007, puesto que había sido relegado a la mera categoría de servicio administrativo durante los últimos años. Se han presentado dos nuevos formularios de Valoración Policial del Riesgo de la mujer víctima, con importantes novedades para mejorar la predicción del riesgo en el que se encuentra la mujer víctima e identificar casos con menores, que se resaltarán especialmente a la autoridad judicial para la adopción de medidas específicas de valoración forense del riesgo, así como identificar casos en los que se pueda predecir también, y de forma especial, el riesgo homicida del agresor.
La Secretaria de Estado de Seguridad ha dado una Instrucción urgente a los Cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar el conocimiento y la formación de los agentes policiales en el ámbito de la prevención y lucha contra la violencia de género, con incidencia en la valoración policial del riesgo y la perspectiva de género en sus actuaciones.
El Ministerio de Sanidad recuperó por su parte, el pasado 24 de agosto, el Observatorio de Salud de las Mujeres: mecanismo para promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud y fortalecer el enfoque de género en las políticas públicas de salud, poniendo el acento en la violencia contra las mujeres, dando así cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El organismo prepara ya su informe anual.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aprobó el pasado día 14 la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género incrementando su cuantía hasta el 70% de la base reguladora.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública aprobó el pasado 22 de octubre el acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. También elaborará, a través del Alto Comisionado para el Reto Demográfico, programas específicos dirigidos a la sensibilización, orientación y detección de la violencia de género en el ámbito rural.
Por último, el Ministerio de Defensa trabaja en la modificación del Reglamento de destinos para la creación de un puesto específico en la estructura de los ejércitos, cuando sea requerida la movilidad de la víctima de violencia de género.
Mientras, el ministerio de Cultura y Deporte impulsará la creación de un Observatorio de Mujer en el Deporte desde el cual se aplique el nuevo Protocolo de acoso sexual que está elaborando el IMIO y el Consejo Superior de Deportes. Incorporará también el estudio de medidas para aquellas deportistas que son víctimas de violencia de género.

Informe sobre la Trata con Fines de Explotación Sexual y medidas de acción

El Consejo de Ministros ha conocido un informe sobre la trata con fines de explotación sexual en España, previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley.
Tal y como recoge la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, está ampliamente documentado que la trata con fines de explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. Ello supone que se haya reconocido internacionalmente que la trata de mujeres es una forma de violencia de género y derechos humanos, y una forma de discriminación prohibida por la norma internacional y regional.
Asimismo, en el ámbito internacional, cabe mencionar el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (conocido como Convenio de Varsovia), que la define como "el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos.
España se considera un Estado de entrada, tránsito y destino de víctimas, especialmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la elaboración de una ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
En ese sentido, el Gobierno, en la elaboración del anteproyecto, establecerá medidas de prevención y persecución de este delito, atendiendo al mismo tiempo como prioridad a la protección de las víctimas, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.
La futura ley incluirá, asimismo, un enfoque preventivo a través de una educación basada en los valores de igualdad, no dominación, educación sexual y afectiva igualitaria. La normativa incluirá la incorporación a los planes de formación de la Administración General del Estado (acceso a la función pública y formación continua) de la trata con fines de explotación sexual. También recogerá la exigencia de formación específica para el acceso a puestos o cuerpos especializados, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o Fiscalía.
La futura norma buscará a su vez desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes, entre otras medidas.
Cabe destacar también que desde la prioridad de atender a las víctimas de estos delitos es fundamental la intervención de las ONGs y asociaciones que han venido prestando su inestimable colaboración y han sido una fuente constante de conocimiento.
En esa línea, otra de las medidas será el establecimiento de unos indicadores homogéneos para la identificación de las víctimas de trata, conforme a las recomendaciones de la Guía elaborada por el Consejo General del Poder Judicial.
Se establecerá un sistema de valoración de riesgos de las víctimas; se hará especial referencia a la situación de menores víctimas; se regulará el acceso al asesoramiento legal especializado; y se buscarán acuerdos con los colegios de abogacía para una garantía de esta asistencia.
Por último, la futura ley mejorará la eficacia de la persecución e investigación de los delitos e incorporará medidas de sensibilización, respaldando lo previsto en la Guía del CGPJ para favorecer un mejor conocimiento del fenómeno a jueces y fiscales.

Ciencia, Innovación y Universidades

Creación del Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación" para la Igualdad de Género en Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación' para la Igualdad de Género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano colegiado interministerial responsable de analizar y realizar el seguimiento y medición de impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, fomentar la realización de políticas públicas y actuaciones de igualdad de género, y promover la mejora de la situación de las mujeres.
Este nuevo Observatorio será decisivo para combatir cualquier discriminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida científica, tecnológica y universitaria. Entre sus funciones está la de actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible, recepción de información sobre medidas y actividades, seguimiento de actuaciones, conocer los planes de igualdad de los organismos públicos de investigación, conocer las actuaciones de las unidades de igualdad de las universidades, entre otras.
Este nuevo texto legal permitirá al Observatorio hacer un diagnóstico fiable y válido sobre los avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en consecuencia, evaluar las políticas planeadas con este fin en el ámbito de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de disponer de información para adoptar las medidas adecuadas dirigidas a combatir cualquier discriminación.
El Observatorio contará con representación, a nivel de director/a general, de ocho Ministerios: Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Defensa; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Educación y Formación Profesional; Industria, Comercio y Turismo; Economía y Empresa; y Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hacienda

Acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 47/2003, de 24 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante 2018 la tramitación anticipada de la contratación de las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 del programa de Turismo Social y de la contratación por dos años del programa de Termalismo Social.