Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
PRIMER SISTEMA OFICIAL DE ACREDITACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE) y se modifican varias normas reglamentarias con el fin de crear un sistema oficial para acreditar el nivel de competencia de lengua de signos española. Se trata de una medida que va a permitir ordenar y reconocer formalmente la lengua de signos como un idioma, a semejanza de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, con seis niveles de competencia lingüística; A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Hasta ahora no existía un sistema estatal con validez en todo el territorio nacional.
De esta manera, cualquier persona sorda, sordociega u oyente, podrá disponer de un diploma acreditable tanto para el acceso al empleo público como para su valoración como mérito profesional, académico o personal, en todas las edades y ámbitos. El Real Patronato sobre Discapacidad será el organismo responsable de la organización de las pruebas y la dirección administrativa y económica de los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE).
La aprobación de este Real Decreto promueve la igualdad de trato, la participación y la inclusión social de las personas sordas y sordociegas, favoreciendo su participación plena en la sociedad y mejorando su acceso al empleo y a los servicios públicos.
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL CONSIDERADAS DE INTERÉS SOCIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para la realización de actividades de interés social correspondiente al año 2026. Las ayudas serán convocadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por un crédito máximo estimado de 110 millones de euros (110.845.136,74 €), cifra que deberá ser ajustada una vez que el Ministerio de Hacienda determine la recaudación definitiva. Esta cuantía supone alrededor de 17 millones de euros más que en 2025.
Las prioridades de la convocatoria se han definido según lo propuesto por los Ministerios de Derechos Sociales, Sanidad, Interior, Igualdad, Juventud e Infancia, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que participan en la evaluación de los programas presentados por las diferentes entidades. Entre las áreas que abarcan dichas prioridades se encuentran el acceso a la vivienda, la atención integral sociosanitaria, la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, la lucha contra la violencia hacia las mujeres o la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, entre otras labores de acción social.
La financiación de las ayudas se hace mediante la recaudación a través de la X Solidaria de la declaración de la renta y del Impuesto de Sociedades, que va destinada a actividades de interés social. Además de las subvenciones de ámbito estatal, que se financian con un 20% de la recaudación, se financian también proyectos de ámbito autonómico para actividades de interés social, con el 80% restante de la recaudación cuyas respectivas convocatorias gestionan las comunidades autónomas.
Programas financiados en 2025
En 2025, las subvenciones del 0,7% contaron con una dotación de casi 94 millones de euros (93.936.556,56 €) y permitieron financiar un total de 1.296 proyectos de 344 entidades diferentes, con una financiación media de 72.481 euros por programa. Esta cifra supone un aumento de más de 200 programas financiados respecto al año anterior.
Entre los programas que formaron parte de estas subvenciones, destacan dos acciones impulsadas por la Plataforma Provivienda para fomentar el acceso a una vivienda asequible: el Observatorio de Vivienda Asequible, centrado en el seguimiento, revisión y evaluación de la implementación de las políticas públicas estatales orientadas a la generación de asequibilidad en la vivienda; y el programa Alianzas para la Vivienda Asequible desde el No Lucro, enfocado en el diagnóstico y el trabajo en red del tercer sector para mejorar la provisión de vivienda. La dotación presupuestaria de ambos programas supera los 228.000 euros. Además, se han impulsado acciones sociales en ámbitos como:
- Envejecimiento activo y saludable
- Lucha contra los delitos y discursos de odio
- Prevención de la violencia sexual contra las mujeres
- Asistencia integral de víctimas y personas afectadas de terrorismo
- Inserción laboral a personas con discapacidad intelectual
- Promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad
- Prevención del acoso y el ciberacoso escolar
- Atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad
- Promoción de la salud mental y prevención de la exclusión social
