Acuerdos del Consejo de Ministros de 08/11/2022

Fuente: Referencia del Consejo de Ministros

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PROCEDENTE DE BIENES DECOMISADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución para el año 2023, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Este fondo está constituido por los recursos que genera el conjunto de bienes, efectos e instrumentos decomisados, por sentencia firme, en procesos de narcotráfico y otros delitos relacionados. A priori, no tiene una dotación determinable y las cantidades en efectivo y el producto de la enajenación de los bienes, así como las rentas e intereses, se ingresan en el Tesoro para su posterior inclusión en el presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

Al respecto, la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, enumera los fines, beneficiarios y destinatarios:

De entre los fines del Fondo, destacan los siguientes:

1. Programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral, en relación con las drogodependencias.
2. Actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
3. Cooperación internacional en la materia.

Por otro lado, los beneficiarios y destinatarios son:

1. La Delegación del Gobierno para el PNSD.
2. Las comunidades autónomas y las entidades locales (en determinados supuestos).
3. Las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal (según los programas y subvenciones establecidos por la Delegación del Gobierno para el PNSD).
4. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico.
5. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con sus competencias específicas.
6. La Fiscalía Especial Antidroga.
7. Cualquier otro organismo de la AGE para el desarrollo de programas o acciones relacionados con el control de la oferta de drogas.
8. Los organismos internacionales, entidades supranacionales y gobiernos extranjeros (con los requisitos que se establecen).

Hay que llamar la atención que, al igual que en años anteriores, la distribución del fondo se centrará en:

• Los gastos originados por la propia administración y gestión del Fondo que serán financiados con ingresos procedentes del Fondo.
• Financiación de los siguientes programas:
• Programas y actuaciones acometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o cualquier otro beneficiario del Fondo, en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y dirigidas a captar y desarrollar información operativa y estratégica y a mejorar los sistemas de transmisiones y comunicaciones, desarrollar y actualizar los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales necesarios para la detección e investigación analítica de drogas y su almacenamiento y destrucción, y promover la formación de recursos humanos.
• Programas de prevención de toxicomanías y otras adicciones, asistencia a drogodependientes y personas con problemas de adicción e inserción social y laboral de los mismos consistentes en:
• Programas de sensibilización y prevención frente al consumo de drogas en el ámbito comunitario y los nuevos patrones de consumo y adicciones, preferentemente, los referidos a la prevención de las enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas, especialmente por vía parenteral, de la comorbilidad psiquiátrica asociada a las adicciones, y de los problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo y adicciones.
• Proyectos de intervención, tanto en el ámbito asistencial como de la inserción social y laboral, con los siguientes colectivos: menores afectados o en situación de riesgo; personas que sufren adicciones, con problemas judiciales, de salud mental o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de riesgo o en situación de vulnerabilidad social.
• Programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención de toxicomanías y otras adicciones, asistencia y reducción de daños en drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos.
• Proyectos de investigación en materia de drogodependencias y otras adicciones.
• Proyectos y programas sobre drogodependencias y otras adicciones que incluyan la perspectiva de género.
• Programas y actuaciones en el ámbito internacional, destinados ya sea a la cooperación internacional para la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, a la prevención de toxicomanías, asistencia y reinserción social y laboral de usuarios de drogas, a la mejora y facilitación del intercambio de información, experiencia y buenas prácticas entre países y con las diferentes instituciones y organismos internacionales con competencias en toxicomanías y otras adicciones, así como al impulso de las actividades de formación de los diversos interlocutores implicados en esta área.
• Financiación de otros programas o actividades concretas no contempladas en los apartados anteriores que, por su especial interés o interdisciplinariedad, resulten de inaplazable ejecución en el ejercicio 2023.

En particular, se prestará especial atención a aquellos programas y actuaciones que vayan a ejecutarse en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y de los Planes de Acción vigentes que la desarrollen.

Derechos Sociales y Agenda 2030

SEGUNDO REPARTO DEL CRÉDITO PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

El Gobierno ha aprobado una dotación presupuestaria de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, las Islas Canarias y la ciudad de Ceuta para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que serán acogidos solidariamente por las comunidades receptoras desde los territorios con mayor número de menores.

Esta cuantía forma parte del Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 que el Gobierno ha puesto en marcha para llevar a cabo el traslado solidario de los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos, y apoyar a los territorios que no disponen de recursos suficientes para garantizar la protección de estos los menores.

Desde mediados del año 2020, la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados al territorio español ha tenido una incidencia importante sobre los medios y los recursos disponibles por parte de las entidades públicas de protección de la infancia de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

La atención a estas personas menores de edad presenta grandes diferencias para las distintas comunidades autónomas por su situación geográfica. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla se ven afectadas por una mayor presión migratoria que otros territorios de España, al ser puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa. Entre los inmigrantes que acceden a sus territorios se encuentra un importante número de menores de edad migrantes. Estas llegadas y su posterior permanencia obligan a los poderes públicos a otorgarles protección y las Entidades Públicas de Protección de estos territorios no disponen de recursos suficientes para su atención. Por ello, en 2022 se estableció un modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y la adolescencia no acompañada que permitiera trasladar a los niños entre las diferentes comunidades autónomas.

Estos 20 millones se corresponden con el segundo pago del total de los 35 millones presupuestados por el Ministerio de Derechos Sociales para apoyar a las comunidades autónomas, las Islas Canarias y a la ciudad de Ceuta en su labor y competencia en la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. El primer reparto presupuestario de 15 millones de euros se destinó a Canarias y a Ceuta y Melilla al ser las regiones más afectadas. Esta dotación presupuestaria, respecto a la del pasado año, ha aumentado en 7,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 26,35 %.

Tras esta autorización del pago por parte del Consejo de Ministros, será la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia quien apruebe definitivamente los criterios objetivos y la distribución territorial de este segundo reparto del crédito presupuestario.