Fuente: Referencia del Consejo de Ministros
Hacienda y Función Pública
MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO DE LAS PERSONAS LGTBI
De conformidad con lo indicado en la memoria justificativa, el Consejo de Ministros aprobó el 11 de octubre de 2021 un expediente de elevación de límites de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar la contratación del servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica, que abarcaba las anualidades 2022, 2023 y 2024, resultando en los siguientes límites de gasto.
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género la contratación de servicios de apoyo al diseño, elaboración, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y para la Inclusión Social de las Personas Trans.
| Año | Límite aprobado (€) |
| 2022 | 1.028.768,43 |
| 2023 | 2.456.854,29 |
| 2024 | 655.161,14 |
Adicionalmente, se está tramitando un expediente de contratación de servicios para apoyo del diseño, elaboración, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y para la inclusión social de las personas trans, documento estratégico que guiará la actuación del Gobierno de España para avanzar en la igualdad real y efectiva y en la erradicación de la discriminación, el acoso y la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales hasta el año 2026.
Este contrato, con un importe total de gasto de 285.000 euros, supone un importe a imputar en el presente ejercicio de 57.000 euros, e importes correspondientes a ejercicios futuros con el siguiente detalle:
| Año | Importe (€) |
| 2023 | 91.200 |
| 2024 | 34.200 |
| 2025 | 34.200 |
| 2026 | 68.400 |
Estos importes, sumados a las necesidades de gasto ya existentes en la citada aplicación presupuestaria, dan lugar a las siguientes necesidades totales para los próximos ejercicios:
| Año | Compromiso máximo a adquirir (€) |
| 2023 | 2.548.054,29 |
| 2024 | 689.361,14 |
| 2025 | 34.200,00 |
| 2026 | 68.400,00 |
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA NACIONAL DE LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares, que se reproduce a continuación.
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros del año 2018 se estableció la fecha del 23 de marzo como Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.
El Gobierno de España, consciente de que el trabajo doméstico y de cuidados ha ido emergiendo como una actividad central para la vida y el sistema socioeconómico, y de que las brechas de género se residencian estructuralmente en la diferente carga de cuidados que soportan mujeres y hombres, se reafirma en su compromiso de impulsar el reconocimiento del derecho al cuidado y una reorganización socialmente justa de los cuidados y los tiempos.
Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:
"La pandemia provocada por la Covid-19 ha hecho emerger la crisis de los cuidados diagnosticada y teorizada por la economía feminista desde, al menos, la crisis de 2008. Los cuidados, tradicionalmente invisibilizados e infravalorados, son una actividad esencial para la vida y para el sistema socioeconómico; y las mujeres son sus grandes sostenedoras, especialmente aquellas que menos posibilidades de elección tienen: mujeres pobres, mujeres migrantes y mujeres racializadas. Ante la expansión generalizada del virus, que reveló la extrema vulnerabilidad de las personas mayores, provocó el cierre de los centros educativos, de todo tipo de servicios, y quebró las redes de apoyo familiar, constatamos cómo las mujeres asumieron una responsabilidad desproporcionada en la primera línea de la crisis de la Covid-19, en cuanto trabajadoras de la salud, cuidadoras, investigadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias.
No ha habido una constatación en la historia de nuestro país tan incuestionable de que el sistema de cuidados no estaba resuelto y de que las dificultades de conciliación hacen que gran parte de la ciudadanía -particularmente las mujeres- cuando transita al trabajo, la mayoría de las veces, lo hace sobre una cuerda floja, intentando buscar toda una suerte de remedios, muchas veces precarios, no estructurados, que incorporan a sus responsabilidades familiares.
Los derechos de conciliación parten de la necesidad de comprender que la vida es una realidad vulnerable, que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos cuidar y ser cuidadas. Sin embargo, el actual sistema funciona sobre una suerte de ficción de autosuficiencia de las personas: se nos supone libres de cuidados, con todas las necesidades de reproducción resueltas y sin responsabilidades que condicionen nuestra presencia en el mercado laboral y en el ámbito público.
Superar esta situación pasa por visibilizar, reconocer y dar valor a los cuidados como un trabajo indispensable para la sostenibilidad de la vida, y por avanzar en una reorganización socialmente justa de los mismos, priorizando su universalidad, su calidad, y su carácter público, garantizando su dignificación y profesionalización, y promoviendo la corresponsabilidad para evitar que sigan recayendo casi en exclusiva en los hombros de las mujeres, con las innegables consecuencias que esto tiene para su acceso al mercado de trabajo y para el progreso y desarrollo de su carrera profesional y, por tanto, para sus ingresos e independencia económica presente y futura.
Según la información de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las mujeres invierten 12,5 horas más a la semana que los hombres al trabajo no remunerado, en detrimento del empleo principal, al que dedican 5,8 horas menos a la semana que los hombres.
De acuerdo con dicha Encuesta, además, una de cada tres mujeres trabajadoras dedica 4 horas al cuidado y educación de hijos y nietos, mientras que los hombres que, trabajando, más invierten en dichas tareas, no superan las dos horas.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, de todos los contratos a tiempo parcial vigentes a día de hoy en España, el 76% corresponden a mujeres, que incluso incrementan el tiempo dedicado al trabajo no remunerado - 30 horas a la semana- cuando tienen jornada a tiempo parcial. Los hombres, en cambio, dedican habitualmente el mismo número de horas al trabajo no remunerado -14 horas a la semana- independientemente de que trabajen a tiempo parcial o a jornada completa.
Como consecuencia de todo ello, en España, según datos de ingresos de 2019 de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta anual media del hogar, cuando la persona de referencia es una mujer es un 14,6% menor que la renta del hogar cuando la persona de referencia es un hombre.
El Informe sobre el trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente de la OIT (2018) resalta el enorme impacto económico que suponen las horas dedicadas cada día en el mundo a los trabajos no remunerados, que representan el equivalente a 2.000 millones de empleos a ocho horas diarias de trabajo. Según las estimaciones de la OIT, el trabajo no remunerado equivaldría al 9 % del PIB mundial. En el caso de España, sólo el trabajo no remunerado que realizan las mujeres supondría el 10,3% del PIB de nuestro país (14,9% teniendo en cuenta el trabajo no remunerado de hombres y mujeres).
Avanzar en un pacto social y político que favorezca la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y la redistribución de tiempos de trabajo, ocio y cuidados, ha sido un compromiso del Gobierno desde el inicio de la legislatura. Un compromiso que se ha materializado durante la pandemia de la Covid-19, con la creación de instrumentos para facilitar el cuidado cuando el confinamiento provocó el colapso del sistema de apoyos al cuidado. El plan MECUIDA, al que ya se han acogido casi 1,13 millones de personas, permite adaptar o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras para atender a los deberes de cuidado.
Previamente, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación equiparó los permisos por nacimiento entre ambos progenitores y reforzó la posibilidad a los progenitores de adaptar la jornada laboral sin reducirla.
Además, en el año 2021 entró en vigor el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Esta norma prevé de manera detallada los aspectos que deben abordarse en el diagnóstico de los planes de igualdad, entre los que se incluyen el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, con el objetivo de hacer efectiva la plena igualdad en el ámbito laboral.
España es el único país de Europa que ha incluido un eje específico en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ya ha destinado una parte importante de la financiación (más de 3.000 millones de euros) a la Economía de los Cuidados, con el objetivo, entre otros, de reforzar la atención a las personas dependientes y el modelo de apoyo a los cuidados de larga duración, así como de aprobar una nueva ley marco de servicios sociales y una nueva ley de diversidad familiar, reforzar los servicios de atención a la infancia e impulsar la educación de 0 a 3 a través de la creación de plazas públicas.
Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha desarrollado el Plan Corresponsables que, entre otras actuaciones, persigue facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos menores de 16 años a través de la creación de bolsas de cuidado profesional mediante contratación pública socialmente responsable, y fomentar la corresponsabilidad estableciendo planes de formación en este ámbito destinados a los hombres. Una senda de políticas públicas que no debe detenerse aquí, sino seguir su curso hacia metas más ambiciosas, que garanticen de manera efectiva el reparto equilibrado de los permisos a la hora de ejercer el derecho universal al cuidado, ampliando los derechos de las nuevas estructuras de familias como las monomarentales y monoparentales, trasponiendo la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y garantizando que el disfrute de estos derechos no penalice ni discrimine en el acceso al mercado laboral ni en la carrera profesional.
Los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pero también el modelo de crecimiento urbano, la precarización laboral, la pérdida de comunidad, los cambios en la estructura de las familias y en las expectativas de vida, obligan a que, en paralelo al desarrollo de estas propuestas, trabajemos para articular un Sistema Integral de Cuidados que aglutine un conjunto coherente de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social y una nueva cultura de los cuidados con el objetivo de avanzar en la materialización de un derecho al cuidado (universal, multidimensional, colectivo y singular), y que consolide el derecho al cuidado como el cuarto pilar del Estado de bienestar.
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