Acuerdos del Consejo de Ministros de 15/03/2019

Fuente: Referencia del Consejo de Ministros

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de la Presidencia, Relaciones con la Cortes e Igualdad; Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha acordado aprobar la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora el 21 de marzo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución número 2142 (XXI), declaró el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo de las víctimas de la matanza de Shaperville (Sudáfrica 1960) y con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad de que los principios de igualdad y no discriminación forman parte de los derechos humanos fundamentales.
La Asamblea General de Naciones Unidas invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
Con este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente Declaración del Gobierno:
"La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución número 2142 (XXI), declaró el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo de las víctimas de matanza de Sharperville (Sudáfrica 1960), y subrayando que los principios de igualdad y no discriminación forman parte de los derechos humanos fundamentales.
En España, la entrada en vigor de la Constitución de 1978 consagra, a través de su artículo 14, el derecho de todas las personas a no ser discriminadas "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Derecho que encuentra su complemento en el mandato a los poderes públicos, establecido en su artículo 9.2, de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
La necesidad de impulsar esta igualdad real y efectiva se ha visto reforzada por el reconocimiento del valor de la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación como fundamento de la Unión Europea, que establece entre sus objetivos la lucha contra toda discriminación por razón, entre otras, del origen racial o étnico.
España es una sociedad crecientemente diversa, donde, en términos generales, las diferencias por el origen racial o étnico, nacional o cultural, no han generado grandes conflictos sociales, antes bien, han sido fuente de enriquecimiento mutuo y se han mostrado como un importante activo social.
No obstante, pese a que en las últimas décadas se han producido importantes avances jurídicos y sociales en materia de integración, no discriminación y respeto a la diversidad, aún hoy, el racismo, la xenofobia, y otras formas de intolerancia, como el antigitanismo, el antisemistismo y la afrofobia, siguen presentes en nuestras sociedades, adoptando múltiples formas, que van desde las más solapadas y sutiles hasta las más graves, como los delitos de odio.
En este sentido, de acuerdo con el Informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España correspondiente al año 2017 los delitos de odio por motivos racistas y xenófobos pasaron de 416 en 2016 a 524 en 2017; y, según datos proporcionados por el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, en 2018 se han atendido un total de 729 casos de discriminación racial o étnica. Para potenciar esta labor, se ha creado recientemente la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y se ha desarrollado el correspondiente Plan de Acción para abordar esta problemática. Además, desde 2014 los cuerpos policiales disponen de un Protocolo de actuación para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación.
La lucha contra la discriminación racial y étnica es una de las prioridades del Gobierno de España, tanto en su política interior, como exterior. Por este motivo, se vienen impulsando una serie de acciones que contribuyen a eliminar cualquier forma de racismo, xenofobia u otras formas conexas de intolerancia.
La creación de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad, la reactivación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, la recuperación de la sanidad universal, el Acuerdo promovido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, diversos ministerios y la Fiscalía General del Estado, para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, la aprobación del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio o la inclusión en la formación inicial y continua de los empleados públicos de materias relacionadas con el respeto a la igualdad de trato y no discriminación, entre otros motivos, por el origen racial o étnico y la gestión de la diversidad, constituyen buena prueba de ello.
A nivel internacional, España ratificó en su momento la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), principal instrumento internacional en la materia, y ha venido dando cumplimiento progresivo a las recomendaciones emanadas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial orientadas a la adopción de estrategias innovadoras de lucha contra las formas contemporáneas de la discriminación racial. La Cooperación Española trabaja a nivel bilateral, regional y multilateral para contribuir a la construcción de sociedades diversas e inclusivas, transversalizando la no discriminación en sus acciones pero también a través de programas concretos como el Programa Indígena o el de Afrodescendientes.
Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, España participa de manera activa en distintos grupos de trabajo, como el Grupo de Alto Nivel en No discriminación, Igualdad y Diversidad, y el Grupo de Alto Nivel de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia, que han reconocido la importante labor de España en la recogida sistemática de datos sobre los delitos de odio, situándonos a la cabeza en materia de buenas prácticas en esta materia.
Conscientes de que queda aún camino por recorrer hasta la consecución de la igualdad real y efectiva, el Gobierno quiere mostrar su firme compromiso con la ejecución de las políticas destinadas a la eliminación de este tipo de discriminación y condenar todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión el valor positivo de la diversidad".

Agricultura, Pesca y Alimentación

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional, destinadas a la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.
Los principales objetivos se centran en reforzar el papel de las mujeres en el medio rural y frenar el despoblamiento, así como fomentar el emprendimiento de las mujeres rurales; impulsar la incorporación de las mujeres en la actividad económica del medio rural y divulgar las oportunidades que brindan los instrumentos de la PAC.
Tienen también como finalidad difundir la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias y favorecer el acceso de las mujeres a los órganos de gobernanza de las entidades relacionadas con la actividad agraria y el desarrollo rural.
Para ello se subvencionarán actividades formativas, mediante jornadas presenciales de una duración superior a las 4 horas y un número de asistentes por actividad no inferior de 15 (con un mínimo de 80% de asistentes mujeres).
Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones las entidades asociativas de mujeres rurales que estén legalmente constituidas como entidades asociativas de mujeres del medio rural y se hayan inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.
Deberán, además, tener expresamente consignado en su título constitutivo un ámbito de actuación estatal y realizar actividades en al menos tres comunidades autónomas. Las entidades que opten a estas subvenciones deberán también carecer de ánimo de lucro y tener entre sus actividades habituales la realización de proyectos para la promoción de las mujeres rurales.
La nueva norma, que mantiene gran parte de la estructura y contenido de las anteriores bases, incluye como novedad la posibilidad de convocar subvenciones plurianuales.
Se modifican también los criterios de valoración para dar mayor relevancia al desarrollo de actividades en aquellos territorios donde la densidad de población es inferior a la media, en consonancia con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y potenciar la participación de mujeres jóvenes en las actividades.
Se incluyen, además, modificaciones de carácter técnico como las referentes a los límites de los gastos subvencionables, menos complejos a la hora del reparto del presupuesto, la simplificación de la posterior justificación, y se contempla la inclusión de las comunidades autónomas que lo deseen en la comisión de valoración de los proyectos presentados.

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Mayores y Servicios Sociales la contratación de los servicios de organización, gestión y ejecución del Programa de Turismo Social para personas mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas durante las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, así como sus eventuales modificaciones y posible prórroga

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la contratación de los servicios de organización, gestión y ejecución del programa de turismo social para personas mayores y el mantenimiento del empleo en zonas turísticas durante las temporadas 2019/2020 y 2020/2021.
Como mejora respecto a las temporadas anteriores, el pliego actual contempla una reserva del 1% de las plazas subvencionadas al 50% para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social.
La tramitación se efectuará por procedimiento abierto, garantizando la máxima concurrencia de empresas mayoristas del sector turístico.
El valor estimado del contrato, en el que se incluye la aportación del Imserso (20,39%) y la de los beneficiarios (79,61%), el periodo inicial, la posible prórroga por otras dos temporadas y las modificaciones previstas en los pliegos, asciende a 1.196.884.506,33 euros, IVA excluido.
El número de plazas programadas es de 900.000 agrupadas en tres lotes: Turismo en zonas de costa peninsular, turismo en zonas de costa insular, turismo de interior. Las de turismo de interior son las que más demanda tienen, por lo que este año se han incrementado un 7% y las de costas se han reducido un 6%.
El Programa de Turismo Social para personas mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas se enmarca dentro de las políticas y programas de envejecimiento saludable de la población, desarrollados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IMSERSO.
Este programa se ha llevado a cabo con carácter ininterrumpido desde 1985 y proporciona a las personas mayores (pensionistas del Sistema de Seguridad Social y otras personas beneficiarias) la posibilidad de disfrutar de vacaciones, a precio reducido, durante la temporada baja turística, esto es, entre octubre y junio, con los siguientes objetivos:

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la participación en viajes y la realización de actividades turísticas, contribuyendo a un envejecimiento saludable.
Favorecer la creación o mantenimiento del empleo en el sector turístico, con especial incidencia en el hotelero, durante la denominada temporada baja, contribuyendo, con ello, a paliar la estacionalidad del sector.
Potenciar la actividad económica en diversos sectores, al ser este programa una herramienta eficaz no solo para el mantenimiento del sector hotelero, sino también de otros sectores como la restauración, transporte, agencias de viajes, comercio y actividades de ocio.