Aprobado el decreto que regula las empresas de turismo activo de la Región de Murcia
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, el decreto que regula la actividad del turismo activo en la Región de Murcia. El texto tiene como objetivo incrementar el nivel y las garantías de seguridad en la práctica de esta modalidad turística en crecimiento, que ha de ser compatible con la conservación del medio natural y el patrimonio cultural, promoviendo entre sus clientes actitudes favorables a su preservación.
El impulso del turismo activo y de naturaleza y la promoción de los destinos en los que se desarrolla es una de las líneas de acción estratégicas del Gobierno regional. Se trata de uno de los cinco productos contemplados por el Plan Estratégico de Turismo para desestacionalizar y diversificar el destino.
Esta modalidad contribuye a la implantación de un modelo turístico sostenible, capaz de dinamizar el territorio, generar nuevos ingresos y crear empleo en el interior, sin menoscabar la biodiversidad y mejorando su gestión y conservación.
La nueva norma consta de 17 artículos distribuidos en tres capítulos, los de Objetivos y ámbito de aplicación, Equipo, monitores y seguridad, e Inicio de actividad y clasificación, así como de una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y una final.
La regulación será de aplicación a las personas físicas o jurídicas que, mediante precio, de forma profesional y habitual, desarrollen en el ámbito territorial de la Región de Murcia actividades turísticas para el esparcimiento y recreo de sus clientes, de tipo deportivo, de aventura u otros análogos, que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza y que pueden incluir actividades encaminadas al fomento y divulgación de la cultura. De esta normativa quedan excluidos los clubes, federaciones deportivas y asociaciones.
El decreto facilita expresamente a las personas con discapacidad el acceso a la oferta de turismo activo, para lo que se deberán realizar los ajustes razonables y adaptaciones en el diseño de sus actividades que permitan su participación, teniendo en cuenta sus derechos, necesidades e intereses. Además, también fija una serie de requisitos para la participación de menores con toda seguridad, en consonancia con la cada vez mayor demanda de esta modalidad de turismo por las familias.
Seguro obligatorio de responsabilidad civil
Entre los requisitos exigidos a las empresas está tener suscrito un contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra de forma suficiente los posibles riesgos, siendo el mínimo de 600.000 euros por siniestro. En función de las actividades a realizar deberán de contar, además, con una póliza de seguros de rescate, traslado y asistencia derivados de accidente en la prestación de servicios de turismo activo. Los contratos de seguro deberán mantenerse en vigor durante todo el tiempo de prestación de las actividades y podrán contemplarse franquicias en su contratación, que en ningún caso superarán los 600 euros.
En cuanto a la participación de menores de edad en las actividades, las empresas deben tener constancia, previamente, de la asistencia o autorización por escrito de los titulares de la patria potestad o de los tutores del menor de edad, en la que figure la identificación de la actividad, y la empresa debe cumplir lo establecido por la normativa específica de protección del menor.
Las empresas de turismo activo, en función de la actividad a realizar, deberán poner a disposición de sus clientes antes de su comienzo información sobre 12 aspectos de la actividad, entre los que se encuentran el equipamiento requerido al cliente, los riesgos, conocimientos y condición física que se requiere, duración de la actividad o nociones de preservación del entorno en el que se debe realizar. El cliente debe conocer estos datos antes de la actividad y aceptarlos.
La norma también establece que los usuarios y clientes estarán obligados a cumplir las instrucciones e indicaciones que sean emitidas por los monitores, instructores, guías o las personas responsables de las empresas de turismo activo en materia de seguridad, respeto al medio ambiente y patrimonio cultural, utilización del equipo y material indicado por ellos, y desarrollo y práctica de la actividad.
Monitores y seguridad
El capítulo dos de la norma, que se centra en equipamiento, monitores y seguridad, establece que los equipos y materiales deben estar homologados por los organismos competentes y reunir las condiciones de seguridad y garantías para el uso a que estén destinados, según las indicaciones de su fabricante. Las empresas serán responsables asimismo de mantener en óptimas condiciones de conservación, uso y seguridad los equipos y materiales, propios o alquilados.Atención Social
Sobre los monitores, guías e instructores, la norma establece que deben asumir la parte técnica de la organización, que garantice en todo momento el control de las actividades y asesorar o acompañar a las personas practicantes durante la preparación y ejecución de la misma. Este personal deberá contar con la titulación acorde a la actividad que se va a realizar. Excepcionalmente y sólo para aquellas modalidades o especialidades deportivas que no tengan efectivamente implantadas las correspondientes enseñanzas oficiales dentro del sistema educativo, se admitirá la contratación de personas con formaciones promovidas por las respectivas federaciones deportivas y por los órganos responsables de deportes de las comunidades autónomas.
Además, las empresas de turismo activo promoverán el reciclaje y actualización de sus monitores, instructores y guías sobre materias técnicas de sus respectivas modalidades deportivas, seguridad y prevención de riesgos, autorrescate y primeros auxilios.
Los responsables de la empresa, monitores, instructores y guías velarán por la seguridad e integridad física de los usuarios, de acuerdo con los criterios de una racional y prudente práctica deportiva, adoptando cuantas medidas sean precisas.
Además, dentro de la simplificación administrativa que impulsa el Gobierno regional, los titulares de las empresas de turismo activo, con carácter previo al inicio de la actividad turística, deberán presentar ante el Instituto de Turismo de la Región de Murcia una declaración responsable para la clasificación turística y el cumplimiento de los requisitos de la norma.
Por último, las empresas de turismo activo que a la entrada en vigor del presente decreto -20 días después de su publicación en el BORM- se encuentren inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región de Murcia, deberán contar con el seguro de responsabilidad civil establecido en la norma en el plazo de tres meses, lo que deberán comunicar al Instituto de Turismo de la Región de Murcia para poder continuar su actividad.
El decreto recoge un amplio anexo orientativo en el que se recogen gran número de actividades que se consideran de turismo activo, clasificadas en subacuáticas, náuticas, hípica, ciclismo, aéreas, montaña y escalda, rutas a pie, orientación, taller de medio ambiente y naturaleza, ruta cultural, agroactividad, ruta temática, espeleología, tiro con arco, actividades en la nieve, excursiones con vehículo a motor, programas de multiactividad o multiaventura, paintball, supervivencia, iniciación a la astronomía, enogastronomía, ruta enológica, ruta gastronómica y visita a empresas.
La presente norma ha sido sometida a informe de la Mesa del Turismo de la Región de Murcia, como ente representativo de los diferentes sectores profesionales, empresariales y académicos relacionados con el turismo. Igualmente ha emitido informe el Consejo Asesor Regional de Consumo y el Consejo Regional de Cooperación Local. También ha sido sometido a informe del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, de la Dirección de los Servicios Jurídicos y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
Aprobado el decreto de concierto social, que agiliza la contratación de plazas para personas con discapacidad y mayores
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al decreto que establece el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales en el ámbito de los servicios sociales especializados para personas mayores y personas con discapacidad. El nuevo decreto va a agilizar los procedimientos de adjudicación de plazas que la Administración regional realiza con las organizaciones sociales tanto en centros de día como en residencias para personas con discapacidad y mayores.
Más de 8.000 personas con discapacidad y mayores que tienen en la actualidad plazas contratadas con la Administración regional podrán beneficiarse de las ventajas del nuevo decreto, que entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación, dando así tiempo a que se puedan declarar aptas las entidades que quieran suscribir conciertos sociales y a que la propia Administración desarrolle el contenido del decreto.
El decreto, que consta de 20 artículos y una disposición final única, define el concierto social como la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos.
El objetivo prioritario es mejorar la calidad de vida de las personas que están recibiendo esos servicios, que la Comunidad financia a través de varias entidades. Para ello, el decreto incluye un baremo de criterios finales de asignación de plazas a concertar, entre los que se incluyen los años de experiencia acreditada del centro, las certificaciones de calidad obtenidas y los informes de buenas prácticas laborales, entre otros.
El fundamento para la regulación del concierto social es que tanto la legislación europea como la propia legislación estatal (Ley de Contratos) y la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia contemplan la necesidad de buscar fórmulas de prestación de Servicios Sociales por parte del Tercer Sector distintas a las contenidas en la Ley de contratos, siempre que se garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. Se trata de servicios que, por las especiales características de sus destinarios, se encuentran en el ámbito de tutela social y requieren un tratamiento diferenciado.
Las necesidades sociales, algunas de ellas perentorias, exigen una actuación inmediata de los poderes públicos, que pueden desbordar la regulación contenida en la ley de contratos, que resulta menos ágil. El procedimiento de concierto social, tal como se ha diseñado en el decreto, agiliza la asignación de plazas en el momento que surge la necesidad a cubrir, y también permite que se le asigne a la persona interesada el recurso que resulte más idóneo para la atención integral de sus necesidades.
Otra ventaja de la nueva normativa es que se afianza la libre elección de las plazas por parte de las personas dependientes. La concertación social va a permitir a la Comunidad dar cumplimiento al principio de libre elección del usuario de la prestación y al principio de arraigo o mantenimiento al interesado en su contexto familiar y social, como exige su normativa reguladora.
Casi dos millones para el acogimiento en residencia de 18 menores tutelados
El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio de acogimiento en residencia de 18 menores con medidas de protección con necesidad de un recurso de larga estancia, tutelados por la Comunidad Autónoma, por importe de 1.953.072 euros, y para un periodo comprendido entre el próximo 1 de abril hasta el 31 de marzo de 2021.
Estos menores se encuentran bajo medida protectora de guarda o tutela, al ser retirada esa potestad a sus familias por situaciones de abandono, negligencia u otro indicador de desamparo.
La situación de desamparo del menor debe ser dictada por las autoridades competentes, previa instrucción
del correspondiente procedimiento administrativo de protección. Se trata de una materia en la que la mayoría de las comunidades autónomas han asumido las competencias.
115.500 euros para el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en Ulea
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la firma de un convenio entre la Comunidad, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de Ulea, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, por importe de 115.500 euros.
La vigencia del acuerdo abarca desde el próximo 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020. El presupuesto se destinará a actuaciones en el domicilio de las personas en situación de dependencia, con el fin de atender las necesidades de su vida diaria. Pueden ser servicios relacionados con las necesidades domésticas o del hogar, como limpieza, lavado, cocina u otros, así como con la atención personal y la realización de actividades cotidianas.
Serán beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio aquellas personas que tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho a este servicio mediante resolución.
El servicio procura una atención profesional a estas personas dependientes en sus domicilios, así como un seguimiento continuo de su situación por parte de los Servicios Sociales municipales.
65.000 euros para ayudar a familias en riesgo de exclusión a pagar el alquiler de su vivienda
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la celebración de sendos convenios entre la Consejería de Presidencia y Fomento con las organizaciones sin ánimo de lucro Cáritas Diócesis de Cartagena y Asociación Columbares, para ayudar a familias con escasos recursos económicos a pagar el alquiler de sus viviendas.
En virtud de este acuerdo, la Comunidad destina un presupuesto global de 65.000 euros para conceder subvenciones que ayuden a estas familias a afrontar el pago de los alquileres en concepto de arrendamiento de viviendas, que constituyan el domicilio habitual y permanente. La dotación total se repartirá entre las organizaciones sin ánimo de lucro Cáritas Diócesis de Cartagena, con 40.000 euros, y la Asociación Columbares, con 25.000 euros.
El objetivo de esta iniciativa, incluida en las políticas de vivienda desarrolladas por el Gobierno regional, es garantizar el acceso y la permanencia de familias en riesgo de exclusión social en su vivienda habitual, en régimen de alquiler, y así contribuir a su integración en la sociedad.
En 2017, un total de 137 familias en riesgo de exclusión social y/o situación especial de vulnerabilidad de la Región de Murcia accedieron a estas ayudas destinadas a financiar el pago del alquiler de viviendas, que constituyan su domicilio habitual.
Las familias que podrán acceder a estas ayudas deberán tener, en conjunto, unos ingresos que no superen en una vez el IPREM (6.390 euros al año) y, además, que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad (familia numerosa y monoparental con dos o más hijos, algún miembro en situación de desempleo, con discapacidad superior al 33 por ciento, víctima de violencia de género, persona procedente de actuación de erradicación del chabolismo y personas extranjeras en situación irregular).
Se realizará una valoración priorizada de las solicitudes de ayuda por parte de las entidades sociales y se concederán a aquellas familias que reúnan más circunstancias que determinen su condición de beneficiaria. Las ayudas podrán ser de dos tipos: ordinaria, que no superará los 300 euros mensuales, y extraordinaria, que se concederá ante un posible desahucio por impago del alquiler y su cuantía máxima será de 750 euros.
Asimismo, se va a fomentar la mediación ante el riesgo de una situación de desahucio. Para ello, la Comunidad, a través del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, informará y asesorará sobre las consecuencias derivadas del impago del crédito hipotecario o del alquiler, así como apoyará y acompañará a las familias en su interlocución con las entidades financieras tratando de lograr acuerdos negociados.
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