Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 24/01/2018

Fuente: Referencia del Consejo de Gobierno

Atención social 

Nueva regulación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Decreto por el que se regula la tarjeta de estacionamiento de la Región de Murcia, que establece el régimen jurídico aplicable a este identificativo de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, más de 25.000 en la Región.
Se trata de una tarjeta universal, personal e intransferible, que mejora la calidad de vida de estas personas con discapacidad al facilitar su movilidad. El diseño se ha adaptado al modelo comunitario, lo que la hace efectiva en otros países miembros.
La posesión de la tarjeta de estacionamiento concede a su titular derechos como la reserva de plaza de aparcamiento en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo, el aparcamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad, sin que pueda establecerse limitación horaria alguna al ejercicio de este derecho, el estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, y la parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico, por un tiempo de parada o estacionamiento como mínimo un 75 por cierto superior al permitido con carácter general en dichas zonas.
Otros derechos reconocidos para los titulares de las tarjetas son la parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad y el acceso a vías o espacios urbanos con circulación restringida a residentes, entre otros.
Las tarjetas serán expedidas por los ayuntamientos, a petición de las personas interesadas. Las entidades locales cotejarán los datos del solicitante con la valoración del grado de discapacidad y movilidad reducida dictaminadas por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Según el decreto, también se reconocerá como beneficiarios de la tarjeta a las personas con deficiencias visuales que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad del IMAS.
El decreto que se aprueba hoy consta de diez artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales relativas a su entrada en vigor y al plazo de los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas.
Los consistorios dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarlas a las previsiones de este decreto y de un año para determinar las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad, así como para garantizar el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.
Su preámbulo justifica el decreto entre otros motivos por la aprobación reciente de la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia, cuyo artículo 28.5 dispone que en la normativa de desarrollo de la misma se regulará la tarjeta de estacionamiento de personas con discapacidad.
El decreto de la Tarjeta de Estacionamiento para personas con discapacidad era una de las demandas del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y ha contado con las aportaciones del sector a través de numerosas reuniones. La norma ha sido informada favorablemente por el Consejo Asesor Regional de Personas con Discapacidad, el Consejo Regional de Servicios Sociales, el Consejo Regional de Cooperación Local, y por la Dirección de los Servicios Jurídicos, por el Consejo Económico y Social y, finalmente, por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

476.000 euros para el servicio de ayuda a domicilio en Puerto Lumbreras

El Consejo de Gobierno ha aprobado prorrogar el convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes de la localidad, por importe de 476.000 euros. La vigencia del acuerdo es del 1 de febrero de 2018 hasta el 31 de enero de 2019.
La financiación se destinará a servicios de atención personal dirigidos a promover la autonomía personal y fomentar hábitos adecuados y habilidades básicas, así como para actuaciones en el domicilio de las personas en situación de dependencia, con el fin de atender las necesidades de su vida diaria. Pueden ser servicios relacionados con las necesidades domésticas o del hogar, como limpieza, lavado, cocina u otros, así como con la atención personal y la realización de actividades de la vida diaria.
El servicio procura una atención profesional para estas personas dependientes, así como un seguimiento continuo por parte de los servicios sociales municipales.

Administración digital

Colegios profesionales y asociaciones podrán realizar trámites electrónicos en representación de sus miembros

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio tipo para que las personas pertenecientes a colegios profesionales, asociaciones y otros colectivos puedan realizar trámites electrónicos en representación de sus asociados, lo que supondrá un notable ahorro para las familias y empresas en sus relaciones con la Administración regional.
Con la aprobación de este convenio tipo se establece un sistema ágil, sencillo y económico de representación de los interesados en los procedimientos administrativos, sin que sea precisa la existencia de un poder notarial previo ni comparecer presencialmente ante la Administración para otorgar la representación.
Las relaciones con la Administración regional derivadas de la firma de este convenio deben llevarse a cabo a través de medios electrónicos, por lo que supondrá un significativo ahorro económico, con efectos positivos tanto en las economías domésticas como en las empresas. La sustitución de la actuación presencial por la electrónica supone un ahorro cuantificado en 75 euros para cada tramitación de asociados de los colectivos.
Este convenio surge de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, que prevé la habilitación a personas físicas o jurídicas autorizadas para que puedan realizar trámites electrónicos en representación de los interesados en los procedimientos administrativos.
A los firmantes de estos convenios, colegios profesionales, entidades y otros colectivos, como asociaciones o federaciones empresariales, se les facilita con la aplicación de este acuerdo la prestación de los servicios profesionales a sus clientes, permitiendo relacionarse con la Administración regional en nombre de estos sin necesidad de acreditar la representación.
También las personas que representen a los colectivos que firmen el convenio con la Administración regional, como presidentes, decanos, directores y figuras similares, podrán actuar como representantes de los interesados sin tener que acreditar la representación y sin perjuicio de que se les pueda solicitar en cualquier momento.