miércoles, 31 de agosto de 2022

Extracto de la Orden de 25 de agosto de 2022, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Aulas por la Igualdad: Premios "Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia" 2022



Objeto:
Convocar los premios Alianza STEAM, en régimen de concurrencia competitiva, para el reconocimiento de proyectos educativos, materiales curriculares e innovaciones educativas o formativas que persigan el impulso de las vocaciones de las niñas y jóvenes en las disciplinas vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en conexión con las artes y las humanidades (STEAM) en el ámbito educativo.

Dirigidos a:
  • Centros educativos de todo el ámbito nacional, sostenidos con fondos públicos, que impartan las etapas y enseñanzas del sistema educativo español no universitario, correspondientes a la enseñanza infantil y primaria, enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, así como la formación profesional de grado básico, medio y superior, y que presenten proyectos educativos, materiales curriculares o innovaciones educativas que contribuyan a fomentar la igualdad y que fomenten el impulso de las vocaciones de las niñas y jóvenes en las disciplinas STEAM en el ámbito educativo y formativo. 
  • Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus objetivos el fomento de las vocaciones STEAM en niñas y jóvenes y la reducción de la brecha de género, siendo necesario que los proyectos educativos o formativos, los materiales curriculares o las innovaciones educativas, tengan como ámbito de aplicación el sistema educativo, en los niveles no universitarios.
Bases reguladoras:
Orden EFP/87/2022, de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Aulas por la Igualdad: Premios "Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia" y Premios "Irene: la paz empieza en casa", publicada en el BOE de 11 de febrero de 2022.

Cuantía
Se dotan 15 premios destinados a aquellos proyectos educativos, materiales curriculares o innovaciones educativas o formativas, que favorezcan el impulso de las vocaciones de las niñas y jóvenes en las disciplinas vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en conexión con las artes y las humanidades en el ámbito educativo.
La dotación de cada una de las 5 modalidades de estos premios será de 10.000 euros, de los cuales 5.000 euros corresponden al primer premio, 3.000 euros al segundo premio y 2.000 euros al tercer premio.

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación comenzará a las 0:00 horas del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y finalizará a las 23:50 horas del día 7 de octubre de 2022.

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Convenio para el año 2022 entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Murcia en materia de drogodependencias y con cargo al Fondo de Bienes Decomisados


Fuente: BORM número 201 de 31/08/2022


Objeto:
Las Comunidades Autónomas son destinatarias de los recursos del Fondo de bienes decomisados para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas. 
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas asume la financiación de los referidos programas y la Comunidad Autónoma de Murcia asume el compromiso material de su ejecución.

Actuaciones:
La actuación de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Murcia en el año 2022 se concretará en el desarrollo de los siguientes programas:
  • Modelo Argos-Región de Murcia. Programa de innovación en adicciones: 200.000,00 €. 
  • Programa Matrix-SROI: Retorno social de la inversión para la evaluación de la asistencia en adicciones: 30.000,00 €.
  • Portal de Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones (PBBPP): 92.600,00 €.
Vigencia:
Hasta el 31 de diciembre de 2022.

Acuerdos del Consejo de Ministros de 30/08/2022



Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PROYECTO DE LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para su remisión a las Cortes Generales.

Ampliación IVE

Este proyecto pretende remover los obstáculos que impiden el ejercicio del derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a decidir sobre sus propios cuerpos. Así, las mujeres de 16 a 18 años y las mujeres con discapacidad no estarán obligadas a pedir permiso a sus tutores legales para acceder a la IVE. La reforma elimina también el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres.

De esta manera, se blinda el acceso al aborto en la red sanitaria pública, que tiene que ser la que permita la garantía del derecho.

La futura ley regulará también la objeción de conciencia, haciendo que sea compatible con el derecho de las mujeres a la IVE. A la vez, se incorpora una incapacidad temporal para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención. También hay la previsión de que cada centro cuente con ambos métodos para las interrupciones de los embarazos, tanto el quirúrgico como el farmacológico, para que sea la mujer la que libremente decida cuál de ellos quiere.

En este sentido, se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializado en los casos de interrupción del embarazo, incorporando también, una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 de embarazo, que no restará tiempo del permiso de maternidad.

El proyecto de ley garantiza un mayor acompañamiento durante el embarazo y en la promoción de las buenas prácticas gineco-obstétricas y del parto respetado. Se prevé la puesta en marcha un protocolo común de actuaciones para que las directrices internacionales y estatales del parto respetado lleguen a todos los hospitales y paritorios de nuestro país.

Educación sexual y anticoncepción

El proyecto también refuerza la educación sexual en todos los niveles educativos. Se garantiza el derecho a la educación sexual para conocer el propio cuerpo, para tener relaciones sexuales y afectivas basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, para garantizar la libertad sexual, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y fomentar su corresponsabilidad, para combatir las prácticas violentas como la retirada del preservativo sin consentimiento, para prevenir las ITS y para poder hablar de la salud menstrual.

La falta de educación sexual en las escuelas es un factor decisivo para provocar el aumento de las ITS que se está produciendo. Por ello, los centros educativos de secundaria, en el marco de campañas de sensibilización y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, repartirán anticonceptivos de barrera de manera gratuita. También se dispensarán en centros penitenciarios o centros de la red de servicios sociales.

Se refuerza también la formación de los profesionales en materia de IVE y salud sexual y reproductiva, incluyendo contenidos en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales y en los currículos de las oposiciones vinculadas a estas. Además, se establecen servicios públicos de asistencia integral especializada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, contando estos con equipos interdisciplinares y servicios adaptados a las necesidades y demandas de la población joven.

Por último, se apuesta por la anticoncepción de última generación, la corresponsabilidad y la mayor accesibilidad, impulsando el desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina y ampliando la financiación pública de los anticonceptivos, garantizando la gratuidad de la píldora del día después a través de su distribución en los centros de salud y en los servicios de salud sexual y reproductiva especializados.

Salud menstrual

Por primera vez se incluye la salud menstrual como estándar de salud. El proyecto de ley incluye también el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes.

La norma prevé distribuir de forma gratuita productos menstruales para personas con menos recursos, luchando así contra la pobreza menstrual, y que se dispensen en centros educativos, en organismos públicos, en centros penitenciarios o centros sociales, lo que se espera que sea una medida eficaz para combatir la pobreza menstrual.

Explotación reproductiva

Por último, se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas. Responde a la ratificación del Convenio de Estambul, por el que nuestro país se obliga a dar respuesta a todas las formas de violencia recogidas en este tratado, entre ellas algunas más ligadas a los derechos reproductivos, como la esterilización forzada, la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado, como formas de violencia contra las mujeres.

Justicia

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, un texto legal que consagra el conjunto de facultades y garantías que se reconocen jurídicamente a todas las personas para proteger y hacer valer sus derechos, libertades e intereses legítimos antes los tribunales y las administraciones, así como en los procedimientos de solución de controversias y que permitirá defender sus intereses legítimos y asegurar su tutela judicial efectiva.

Con la aprobación de este proyecto, se pretende conseguir que las personas conozcan el verdadero y completo alcance que tiene el derecho a la defensa, así como que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos.

La mejora de nuestra democracia pasa por garantizar plenamente el disfrute de los derechos personales y, para ello, es necesario, a su vez, garantizar plenamente el derecho de defensa, que cuenta actualmente con una regulación escasa y fragmentada. Con el impulso de este proyecto de ley aunaremos en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental, incorporando las modificaciones más oportunas a la luz de la jurisprudencia y el ejercicio diario de la abogacía.

La norma será pionera en Europa, ya que no existen referentes previos de una ley integral del derecho de defensa, un derecho reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución y, en el ámbito internacional, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Contenido de la norma

El contenido del proyecto se divide en dos aspectos fundamentales: por un lado, las implicaciones que el derecho de defensa tiene para toda la ciudadanía; y, por otro, el régimen de garantías y deberes de los profesionales de la abogacía y demás garantías institucionales.

En relación al primer aspecto, el derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en Derecho, y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente.

El derecho de defensa incluye, en todo caso, el derecho al libre acceso a los Tribunales de Justicia, a que se dicte una resolución congruente y fundada en Derecho por un juez imparcial, así como a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus términos exactos.

Asimismo, incluye también las facultades precisas para conocer y oponerse a las pretensiones que formule la parte contraria, para utilizar los medios de prueba pertinentes en apoyo de las pretensiones propias, y el acceso a un proceso público con todas las garantías, sin que pueda producirse situación alguna de indefensión.

En las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a la doble instancia, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y resto de leyes procesales. Estos derechos resultarán de aplicación también al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario de acuerdo con las leyes que los regulen.

Garantías y deberes de la abogacía

En cuanto a las garantías y deberes de la abogacía, el proyecto de ley establece que la asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados y colegiados, garantizándose su actuación libre e independiente, así como la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional.

Asimismo, como novedad, se recoge en rango de ley por primera vez que toda persona pueda solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente.

Por su parte, los deberes de la abogacía se centran en los principios constitucionales y legales que deben guiar su actuación, así como en sus deberes deontológicos.

Las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía incluyen la actividad supervisora y sancionadora de los colegios profesionales, que aseguran el cumplimiento de las normas deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de su desempeño profesional.

El proyecto de ley también prevé la existencia de los Servicios de Orientación Jurídica colegiales, que tendrán como finalidad prestar a las personas toda la información relativa a la asistencia jurídica, sobre todo en cuanto a los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita, promoviéndose la atención a los colectivos más vulnerables.

También recoge que el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo Autonómico competente, si su normativa lo prevé, publiquen información estadística sobre la aplicación del régimen disciplinario en el ámbito colegial. Esta información estadística será de acceso público en los portales de las instituciones colegiales.

martes, 30 de agosto de 2022

Resolución de 19 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza




En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 170, de 25 de julio de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer: 

1 plaza especialidad Trabajo Social, perteneciente a la escala de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2022 de la Directora del Instituto de las Mujeres, O.A. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales, dirigidas a financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico




Objeto:
Subvenciones destinadas a organizaciones sindicales dirigidas a financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico.

Beneficiarias:
  • Las organizaciones sindicales más representativas de ámbito estatal que participen en la negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de los planes de igualdad.
  • Las organizaciones sindicales de ámbito estatal que participen en la negociación, elaboración, implantación, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualesquiera de esos fines. Se consideran de ámbito estatal las organizaciones sindicales que estén legitimadas para la negociación colectiva en un ámbito geográfico y funcional específico referido a más de una comunidad autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, así como las organizaciones sindicales más representativas a nivel de comunidad autónoma que estén legitimadas en los convenios de ámbito estatal.
Bases reguladoras:
Orden IGD/723/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión por el Instituto de las Mujeres, O.A., de subvenciones públicas a organizaciones sindicales, dirigidas a financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico.

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lunes, 29 de agosto de 2022

Subsanación de error en anuncio publicado en el BORM número 172, de 27 de julio de 2022. Ayuntamiento de Torre Pacheco


FuenteBORM número 199 de 29/08/2022


A la oferta municipal de empleo público del Ayuntamiento de Torre Pacheco correspondiente a los años 2018 y 2022, para su cobertura mediante proceso extraordinario de consolidación y estabilización, se incluye la siguiente plaza:

ClasificaciónGrupo/ subgrupoDenominaciónN.º plazas
Laboral fijoC/C2Monitor Sociocultural de Mayores1

Resolución de 5 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Murcia, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados



Las Comunidades Autónomas son destinatarias de los recursos del Fondo de bienes decomisados para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas asume la financiación de los programas y la Comunidad Autónoma de Murcia asume el compromiso material de su ejecución.

Programas a implementar por la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Murcia en el año 2022:
  • Modelo Argos-Región de Murcia. Programa de innovación en adicciones: 200.000,00 euros.
  • Programa Matrix-SROI: Retorno social de la inversión para la evaluación de la asistencia en adicciones: 30.000,00 euros.
  • Portal de Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones (PBBPP): 92.600,00 euros

jueves, 25 de agosto de 2022

Extracto de la Resolución de 17 de agosto de 2022 por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento de adicciones correspondientes al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU



Objeto:
Convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas sin fines de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de proyectos de transformación relacionados con la prevención y tratamiento a las adicciones que afecten al ámbito territorial de dos o más comunidades o ciudades autónomas.

Entidades beneficiarias:
Entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro nacional, y en cuyos estatutos conste tanto su carácter privado, como su carencia de fines lucrativos, así como el ámbito estatal de su actuación.

Bases Reguladoras:
Orden SND/1205/2021, de 5 de noviembre, publicada en el BOE de 6 de noviembre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento de adicciones, financiadas con fondos europeos.

Plazo de presentación de solicitudes:
10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado. El proyecto o proyectos para los que se solicite subvención deberán presentarse necesariamente dentro de dicho plazo.

Descargar Resolución de la convocatoria (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 1.3 MB)

miércoles, 24 de agosto de 2022

Acuerdos del Consejo de Ministros de 23/08/2022

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PARA REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial y los criterios de reparto de 1.889 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

De los 1.889 millones de euros, 1.389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para levantar viviendas en alquiler social. Así, se busca reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable de los hogares y mejorar el confort y la habitabilidad, promoviendo, por ejemplo, el cambio de ventanas, el despliegue de sistemas de calefacción alimentados con energías renovables, o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos.

La distribución territorial y los criterios de reparto autorizados por el Consejo de Ministros deberán someterse a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.

Las subvenciones están incluidas en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): "Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana".

El pilar fundamental del Plan de Recuperación es la transformación de nuestro modelo económico y del conjunto de la sociedad bajo el signo de la sostenibilidad. Este objetivo, que es imprescindible para combatir el cambio climático que nos amenaza, se ha visto plenamente justificado y más necesario que nunca con la guerra desatada por Rusia en Ucrania. Y es que reducir la huella de carbono y el consumo es vital, además de para luchar contra el cambio climático, para disminuir nuestra dependencia energética.

La distribución

Los fondos se distribuirán entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla en proporción al número de hogares, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), del siguiente modo:




La distribución territorial de estos 1.889 millones de euros se sumará a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022. Todo ello, según la distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del 21 de julio de 2021.

Con el acuerdo de Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana moviliza 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89,1% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. Así, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.

En este punto, cabe recordar que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.

Impulso a la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales

Con este nuevo reparto de recursos, nuestro país se asegura el cumplimiento de los compromisos en el impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Así, junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, se refuerzan las oportunidades para impulsar la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, a través de diferentes medidas e instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, y que hacen especialmente atractivas tales actuaciones, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento.

Asimismo, en el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una oportunidad para que las administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución Española, todo ello, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda de nuestra democracia.